El fiscal que investiga el atentado contra una sede judía de Buenos Aires en 1994 acusó a la presidenta Cristina Fernández y a otros miembros del gobierno de negociar con Irán la impunidad de los acusados del ataque y pidió su declaración indagatoria.

En un escrito que hizo llegar el miércoles a The Associated Press, el fiscal Alberto Nisman acusó a la mandataria "y a altos miembros de su gobierno de decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA... La presidente y su canciller tomaron la delictiva decisión de fabricar la inocencia de Irán para saciar intereses comerciales, políticos y geopolíticos de la República Argentina" .

La denuncia del fiscal quedó radicada en el juzgado federal a cargo del magistrado Ariel Lijo, quien será el que decida si da lugar a la acusación y cita a la mandataria y a los demás funcionarios.

Entre los acusados se encuentran el canciller Héctor Timerman, un diputado nacional oficialista, personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, un ex juez y un ex fiscal. Nisman solicitó, además de la citación judicial de cada uno, que se trabe un embargo preventivo sobre sus bienes por 200 millones de pesos (unos 23 millones de dólares) .

"Se trata de una ridiculez pocas veces vista" , dijo el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, en diálogo con el canal de noticias por cable C5N al conocer la acusación del fiscal.

Según Nisman, el canciller Timerman celebró "acuerdos secretos con Teherán" para llevar a cabo una "maniobra criminal" que incluyó "el armado de una pista falsa, basada en pruebas fraguadas, para desviar la investigación judicial hacia culpables inventados así liberar de su responsabilidad a los acusados iraníes" .

En diálogo con periodistas, Nisman aseguró que "se acordó la impunidad de los iraníes, la ordenó la presidenta y la ejecutó el canciller Timerman" con el objetivo, según indicó en el escrito, de "acercarse geopolíticamente a Irán, intercambiar petróleo y hasta venderle armas" .

El 18 de julio de 1994 una camioneta cargada con explosivos detonó frente al edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) , causando la muerte de 85 personas y heridas a más de 200.

Según la justicia argentina, entre los acusados de organizar el ataque están Moshen Rabbani, ex consejero cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, y Ali Fallahijan, ex ministro de inteligencia de la república islámica. Teherán siempre ha negado cualquier vinculación con el ataque.

El gobierno de Fernández firmó en 2013 un acuerdo con Irán para que fiscales argentinos pudieran interrogar a los sospechosos, pero el acuerdo no se tradujo en un avance en la investigación.

Para la AMIA, el pacto garantiza impunidad a los responsables del atentado porque aunque permite que fiscales argentinos viajen a Teherán a interrogarlos, no hay indicios de que el país islámico vaya a permitir que sean extraditados.

Un tribunal declaró la inconstitucionalidad del memorando, lo que fue apelado por el gobierno. "El problema no es el memorando, el memorando es la culminación de este proceso de impunidad", dijo Nisman a periodistas.

En el escrito de más de 300 páginas del fiscal se citan, entre las pruebas, la interceptación de varias llamadas telefónicas entre Rabbani y Luis D'Elía, un dirigente social afín al gobierno que fungió como subsecretario de Tierras para el Hábitat Social. D'Elía fue cuestionado en varias ocasiones por su defensa del gobierno de Irán.

La investigación judicial del ataque a la AMIA estuvo marcada por el escándalo. Varios policías acusados de dar apoyo a los terroristas fueron absueltos en 2004 y el Estado fue denunciado por buscar falsos culpables para cerrar el caso.

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