El potencial costo que tendría para el estado de Oklahoma alojar temporalmente y colocar en viviendas a los menores que cruzaron la frontera sin compañía fue motivo de una queja de la gobernadora Mary Fallin ante autoridades federales.

En una carta enviada el lunes al presidente Barack Obama, Fallin se quejó de que los contribuyentes son obligados a subsidiar los costos de educación y atención médica de los menores.

Fallin dijo que su gobierno no recibió información previa por parte de las autoridades del plan para albergar en la antigua sede militar de Fort Sill a más de 1.200 menores de Centroamérica que fueron detenidos cuando entraban al país sin autorización.

Fallin pidió a Obama que le informe cuál es el plan y plazos para el cierre de la instalación en Fort Sill.

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