La crisis humanitaria provocada por el aumento de las detenciones de menores inmigrantes colocó al gobierno de Estados Unidos en una encrucijada, que dio fresca munición a los republicanos para criticar su política migratoria.

La rápida respuesta del gobierno con la apertura de albergues para niños inmigrantes en tres bases militares en Texas, California y Oklahoma puso en evidencia deficiencias y se vio rebasada por esta nueva oleada migratoria, sobre cuyo origen no parece haber un claro consenso.

Mientras el gobierno insiste que este aumento de menores que viajan solos es producto de la violencia que viven sus países de origen, los republicanos sostienen que la política migratoria de la administración del presidente Barack Obama ha generado esta oleada.

El senador republicano por Iowa, Chuck Grassley, acusó el miércoles pasado a al gobierno estadunidense de ser el responsable de que estos niños sean sometidos a esas difíciles circunstancias por falsas promesas de su política migratoria.

"La administración ha rehusado ser seria frente a la reforma migratoria. Su política ha enviado la señal de que todos tienen una oportunidad de obtener beneficios migratorios aun si quiebran la ley" , dijo Grassley al secretario de Seguridad Interna (DHS) , Jeh Johnson, durante una audiencia ese día.

Grassley, opositor de la reforma migratoria, dijo que la decisión del DHS de renovar por dos años más el programa de acción diferida o DACA abonó a este mensaje, algo que fue rechazado de manera tajante por Johnson.

"Creo que la situación está motivada primeramente por las condiciones de los países que (estos menores) están dejando. El Salvador, Honduras y Guatemala, violencia y pobreza" , dijo el funcionario.

Johnson dejó en claro igualmente que tanto el DACA como una eventual reforma migratoria no beneficiarán ni a los menores ni a los adultos de nuevo arribo.

El DACA, implementado en junio del año pasado, ha significado un alivio para cientos de miles de jóvenes que llegaron al país de manera ilegal siendo niños, a cambio de cumplir con una serie de requisitos.

La Patrulla Fronteriza ha detenido a casi 47 mil menores de edad durante el presente año fiscal, de acuerdo con cifras del DHS.

El problema lo representan los niños que provienen de Centroamérica, que tienen que ser enviados a un albergue para su posterior deportación.

Sin embargo, el plazo de 72 horas para cumplir con la transferencia de los menores a los albergues se no ha cumplido en la mayoría de los casos, resultando en estancias más prolongadas de estos niños en instalaciones pensadas para adultos.

Una vez en los albergues, las autoridades deben intentar ubicar a los padres o familiares de los pequeños para que queden bajo la custodia de estos en espera de su comparecencia ante una corte de Migración.

Pero el gobierno no ha indicado la manera como aquellos padres indocumentados podrán reclamar a sus hijos, evidenciando el delicado balance con que busca responder a la crisis sin ser acusado de que está facilitando la reunión de quienes han quebrantado la ley.

"Nuestra obligación es encontrar a alguien que quiera hacerse cargo del menor y mientras estén con ellos aún será sujeto de remoción" , explicó Mark Greenberg, titular interino de la oficina de familias y menores del Departamento de Salud, a cargo del manejo de los albergues.

Los gobiernos de El Salvador y Honduras, entre otros, han respondido a la crisis movilizando a sus embajadas y consulados, y Johnson anunció que viajará a Guatemala en julio próximo para discutir el tema con las autoridades de ese país.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, informó aquí que su gobierno abrirá cuatro nuevos consulados como respuesta a esta crisis y la primera dama Ana García viajará esta semana a Arizona o Texas para conocer de primera mano la situación de los menores de su país.