LOURDES DE COLÓN, El Salvador.— Por primera vez en más de 20 años de violencia por su penetración y propagación en masivos sectores de marginados sociales en El Salvador y tras una cuestionada tregua de 21 meses, las maras están sufriendo una transformación política.

Con la ocupación de grandes extensiones de territorio salvadoreño que carecen de presencia estatal en seguridad, salud, educación y otras instituciones, las pandillas están “mutando” a mafias, con una paulatina sustitución de autoridades y con expectativas político-electorales al ofrecer decenas de miles de votos para los comicios presidenciales de febrero de 2014.

Un reciente hallazgo del más grande cementerio clandestino de las pandillas descubierto en El Salvador en los últimos 10 años, exhibió la aparente falsedad de una tregua que las pandillas proclamaron el 9 de marzo de 2012.

La cadena de fosas comunes ocultó 44 cadáveres de víctimas desde al menos diciembre de 2012 de la guerra de las maras y fue localizada en la Hacienda Cooperativa Agua Fría —donde la Mara 18, a la fuerza, obtuvo el dominio de 900 de sus mil 500 hectáreas— en Lourdes, comunidad del municipio Colón del occidental departamento de La Libertad. Sin éxito, la Cooperativa ha intentado recuperar las tierras.

Los mareros “poco a poco lo único que van pretendiendo es sustituir a las autoridades legalmente establecidas. Es toda una mecánica, porque (la tregua) para lo único que sirve es para cohesionar a los pandilleros como grupo criminal”, advirtió el fiscal salvadoreño Rodolfo Delgado, jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de El Salvador. Las “funciones (en la Cooperativa) han sido usurpadas por pandilleros”, declaró a EL UNIVERSAL, tras señalar que las maras son las que autorizan “quién sí y quién no” cultiva en esos terrenos.

En medio de los trabajos de excavación ejecutados en diciembre pasado para extraer cadáveres desmembrados de menores de edad, jóvenes adultos y ancianos enterrados envueltos en bolsas plásticas en esta zona montañosa a unos 20 kilómetros al occidente de San Salvador, Delgado confirmó que hay una escalada del poder pandillero. “Es toda una combinación: estas organizaciones criminales, en realidad, lo que poco a poco van logrando es llegar a una simbiosis con diferentes actores de la vida política, pública, institucional y económica del país. Es una mafia”, puntualizó. La sospecha es que todavía hay más cadáveres sin localizar en esta región de la cordillera El Bálsamo y cercana a populosos suburbios sacudidos por la violencia y la permanente amenaza de las maras.

Con una añeja y mortal rivalidad por el control de sus zonas, las maras 18 y Salvatrucha surgieron en la década de 1980 en las calles de California entre centenares de miles de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos que emigraron a Estados Unidos para huir de las guerras y de la violencia política que estremecieron a Centroamérica a partir del decenio de 1970.

Las pandillas se instalaron hace más de 20 años en el Triángulo Norte —El Salvador, Guatemala y Honduras— con la masiva deportación desde suelo estadounidense de migrantes centroamericanos y, en un escenario de marginación, reprodujeron en el área un aparato criminal que vive del soborno generalizado y de la delincuencia y subsiste a la muerte y la prisión de sus integrantes, con nexos jerárquicos en EU. Con la anunciada intención de bajar las cifras de homicidios e instalar santuarios de paz en este país que es uno de los más violentos del mundo, la tregua permitió a sus encarcelados jefes obtener comodidades en sus celdas, mayor acceso a sus parientes y a visitas de privilegio y facilitó a las pandillas reorganizarse internamente y definir o marcar territorios de despliegue, según la fiscalía.

La tregua surgió de negociaciones secretas, con conocimiento del gobierno, entre el ex guerrillero Raúl Mijango, presidente de la (no estatal) Fundación de Acción Económica y Social, de San Salvador, y monseñor Fabio Colindres, capellán del ejército y de la policía de El Salvador, con los encarcelados líderes de las maras, en busca de un supuesto cese de hostilidades.

En otra entrevista con este diario, Mijango replicó que “la tregua se mantiene, porque quienes le dieron vida, que son los miembros de las pandillas, no han manifestado lo contrario. Ellos han venido reiterando su disposición a seguir contribuyendo en ser parte de la solución de este grave problema que tiene el país”.

“En 21 meses logramos salvar la vida de 5 mil 15 salvadoreños”, alegó. Hay una baja de más del 50% en la tasa de homicidios, al pasar de 14-15 diarios a 6.5 actualmente, reveló. Sin embargo, la policía salvadoreña notó un repunte de los homicidios al menos a partir de octubre anterior. El ministro salvadoreño de Seguridad Pública, Ricardo Perdomo, advirtió que aumentó la violencia y la “confrontación” entre pandillas y policías.

Previo a las elecciones del 2 de febrero próximo, las maras planean intensificar sus ataques e intentar arrinconar al Estado y enviar un mensaje político de negociación para ganar posiciones, alertó.

Aunque en un inicio el gobierno alentó la tregua, luego se distanció pese a que el ministro salvadoreño de Defensa, general de división David Munguía, le representa en un Comité Técnico para la Reducción de la Violencia, integrado por Mijango y Colindres como “facilitadores”, con un delegado de la Organización de Estados Americanos y dos de organizaciones humanitarias. El gobierno de Estados Unidos se ha opuesto al pacto.

A juicio del fiscal Delgado, con 10 años como jefe de la unidad, la tregua provocó “la cohesión de estos grupos criminales y los hace capaces de poder controlar territorios y, una vez que los controlen, mediante coacción o extorsión, fenómenos criminales dispersos en las comunidades, van sustituyendo a las autoridades legalmente establecidas”. Al preguntársele si las maras mutaron a mafia del crimen organizado, luego de mantenerse por más de 20 años como delincuencia común pese a su afinada estructura con nexos locales, regionales e internacionales y a que la mayoría de sus integrantes tampoco vive en el lujo de grandes capos, respondió que hay una transformación.

“Ese es el proceso que estamos viendo y (con la tregua) buscan la cohesión de las organizaciones criminales, facilitarles desplazamiento territorial en las comunidades y lo único que hacen es acelerar el proceso. Actores públicos manejan dobles discursos de que estos criminales dejaron de cometer sus fechorías”, describió.

En un mensaje el año pasado, el presidente Mauricio Funes informó que la tregua redujo los homicidios, ya que del 11 de marzo al 28 de diciembre de 2012 hubo mil 608, 54.4% menos que en 2011, con 3 mil 525.

El Salvador pasó de una cifra que osciló de 66 a 70 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2011 a menos de 30 en 2012, mientras que las extorsiones se redujeron en 11%, los hurtos en 9% y los robos en 5%, precisó. Pero según Delgado, la realidad es que los homicidios nunca mermaron y los cadáveres dejaron de aparecer en calles o terrenos vacíos porque fueron escondidos en fosas comunes en las que en los últimos años han sido localizadas más de 600 víctimas.