Al menos 11 de las 24 personas detenidas en el escándalo de corrupción que envuelve a la petrolera estatal brasileña Petrobras, fueron liberadas por un juez federal.

El juez Sergio Moro ordenó la liberación porque consideró que no pondrían en riesgo la investigación mientras el juicio está pendiente, informó la jefa del tribunal federal Christianne Maquiavelo. Sin embargo, estableció como condición que deben entregar sus pasaportes y no salir del país ni cambiar de dirección durante la averiguación.

Los 11 sujetos puestos en libertad son ejecutivos de compañías de construcción que supuestamente sobornaron a funcionarios de Petrobras para obtener contratos de la petrolera.

El juez no liberó a otras 13 personas detenidas la semana pasada por considerarlos un peligro para la investigación, dijo Maquiavelo. Entre ellos está Renato Duque, el exdirector de servicios de la estatal, quien según el juez podría huir de la ley ya que al parecer mantiene una fortuna en cuentas extranjeras.

Las autoridades alegan que altos funcionarios de la estatal operaban una red de sobornos que involucran miles de millones de dólares en contratos y que el dinero se destinaba al gobernante Partido de los Trabajadores y otros grupos políticos.

Como el motor de la economía del país, Petrobras es la empresa más grande de Brasil y se encarga de explorar grandes yacimientos de petróleo en alta mar.

La denuncia del caso se originó en los testimonios de Alberto Yousseff, un cambista de dólares condenado por un fraude bancario que asegura que movía el dinero que beneficiaba al partido en el poder.

Youssef está cooperando con las autoridades a cambio de una sentencia más leve. Acusó recientemente a la presidenta Dilma Rousseff, reelecta en octubre, y al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva de saber acerca del esquema de sobornos. Sin embargo, no ofreció ninguna prueba y ambos líderes han negado las acusaciones.

Rousseff dirigió el consejo administrativo de Petrobras entre 2003 y 2010 mientras era ministra de Minas y Energía y luego jefa de gabinete de la presidencia.

En un caso separado que también afecta la imagen de la petrolera, una comisión del Senado investiga la compra en 2006 de una refinería en Houston, Texas.

Petrobras pagó a la compañía belga Astra Oil unos 360 millones dólares por una participación de 50% en dicha refinería. Un año más tarde, Astra exigió que la estatal brasileña comprara el 50% restante.

Petrobras se negó y perdió el caso en una corte de Estados Unidos, por lo que fue obligada a pagar 820.5 millones de dólares a la compañía de Bélgica.

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