Las sociedades tiene la imperiosa necesidad de darse su propio momento. Unas para encontrar el rumbo y otras para perderlo. Las más para encontrarse como nación y las menos, para intentar simulacros de suicidio colectivo. Por ejemplo, el Brasil postelectoral, parece intentar darse su tiempo para acabar con la impunidad. Al menos, así lo dejó traslucir su presidenta, Dilma Rousseff hace algunas horas en Brisbane, Australia, al culminar la Cumbre del G-20.

No es la primera vez. Ya el caso del "Mensalao", los sobresalarios pagos a los diputados y senadores de la base aliada del gobierno de Luiz Fernando Lula Da Silva, dio con varios ex ministros y dirigentes en la cárcel y en condenas que se tradujeron en prisión domiciliaria,
como en el caso del ex ministro José Dirceu. Una figura que en el sistema judicial brasileño no accede ni siquiera un ladrón de gallinas.

Ahora, con la Petrobras atravesada por la corrupción, la reciente detención de 23 personas, entre ex directores de la empresa y ejecutivos de las principales constructoras del país, como por ejemplo la Camargo Correa (con obras por toda América Latina) y la investigación que vuelve a instalarse a las puertas del gobierno, la presidenta reacciona.

Nadie sabe en Brasil si se trata de la rémora electoral de octubre o si es aquí y ahora que comienza el segundo gobierno de Dilma, que debe iniciarse, oficialmente, el 1 de enero.

Un gobierno que no será fácil sino todo lo contrario. A la necesidad de acabar con ese círculo vicioso que construyen la corrupción desatada y la impunidad, la presidenta deberá lidiar con un ajuste económico, cuanto menos, doloroso y con una clase media cada vez más
demandante.

Pero si Brasil se da su "tiempito" para ordenar esa simbiosis entre la corrupción y la impunidad, Colombia vuelve a ese omento que más conoce y que, tal vez, más le guste. Una etapa prolongada de "relax" para recuperar la incredulidad.

El domingo, el presidente Juan Manuel Santos, le avisó al país que suspendía momentáneamente, las negociaciones de paz, en Cuba, después de que los informes de inteligencia determinaran que el Frente 34 de las FARC, había secuestrado al general, Rubén Darío Alzate. El Mandatario pidió la inmediata liberación para regresar a la mesa de negociaciones.

De esta manera Colombia está ante la eventualidad de un nuevo fiasco. Tal vez más grande que el que protagonizaran la administración de Andrés Pastrana y la huestes de Manuel Marulanda "Tirofijo", en el 2002 cuando fracasaron las negociaciones de San Vicente del Cagüán.

Nunca antes se habían dado las condiciones para alcanzar el fin del conflicto. Incluso la paz fue el tema excluyente en las últimas elecciones presidenciales donde Santos terminó reelecto, de la misma forma que "la guerra total" lo fue en el 2002 cuando la sociedad colombiana le puso las armas en la mano a Alvaro Uribe Vélez.

Otra vez, la mesa de diálogo está a pasos de romperse y con ella la credulidad de otras varias generaciones de colombianos, que nacieron en guerra y, seguirán viviendo en ese estado.

No es Colombia el único país que aboga sistemáticamente por la recurrencia. Ahí sigue la Argentina, que tras haber sabido poner fin a la impunidad de miles de militares genocidas no puede o no quiere hacer lo propio con ese tipo de impunidad que viene de la corrupción.
Es un país que insiste en repetir una y mil veces los mismos errores como si se tratase de un adicto a los psicofármcos y que sólo encuentra anticuerpos en las crisis que suele generar cada cierto período de años. En eso están los argentinos. En una de sus largas temporadas para hacer lo que mejor sabe y mejor conoce ( aunque los venezolanos insistan en no beneficiarlos con la exclusividad en la tarea): seguir experimentando con la autodestrucción.

jram