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J. Jaime Hernández Agenda Washington
Nos adentramos en la última semana antes del receso legislativo de cinco semanas que arranca el próximo 1 de agosto. Y la pregunta que todos se hacen es si, acaso, el Congreso será capaz de sacar adelante los fondos de emergencia solicitados por el presidente Barack Obama para hacer frente a la crisis de los niños indocumentados que huyen de la violencia en Centroamérica.
Las apuestas favorecen, por el momento, a que la iniciativa que permitiría inyectar esos fondos no será aprobada. Al menos, bajo los términos planteados por el presidente Obama que solicitó 3,700 millones de dólares para sortear la crisis y, al mismo tiempo, ofrecer a los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala una ayuda por 295 millones de dólares que les permita recibir a quienes han comenzado a ser deportados vía express.
Apenas el pasado viernes, los presidentes de Centroamérica quedaban convencidos de que Estados Unidos les dará esos 295 millones de dólares. Una cantidad muy lejana de los casi 2 mil que ellos demandaron como parte de un paquete para solucionar la crisis de raíz.
Hoy, no parece siquiera factible que el Congreso autorice ese monto. Por el momento, se sabe que los republicanos barajan una iniciativa que ha reducido en menos de un mil millones de dólares los fondos de emergencia.
Además, los ha condicionado a cambios sustanciales a la ley para Proteger a Víctimas del Tráfico de Personas de 2008 (TVPRA), el único escudo que permite a los menores de edad no ser deportados de forma inmediata y garantizarles una audiencia ante un juez de migración que decide si acaso se le concede un estatus de refugiado.
Otro de los elementos clave en la iniciativa republicana, es el envío de un mayor contingente de la Guardia Nacional que ya valora el Departamento de Defensa para reforzar la seguridad en la frontera.
De la parte demócrata en el Senado, la iniciativa propuesta asciende a 2,800 millones de dólares y no contempla ningún cambio a la legislación conocida también como Ley Wilberforce de 2008.
Como es muy difícil que ambos proyectos consigan el apoyo de demócratas en la cámara baja y de los republicanos en el Senado, las posibilidades para que los fondos solicitados sean aprobados antes del próximo 31 de julio se antojan remotas.
A pesar de ello, nadie descarta un acuerdo de última hora y bajo mínimos que permita liberar algunos fondos de rescate antes de que el departamento de Inmigración y Aduanas (ICE) se quede sin los recursos a mediados de agosto, según los cálculos del Secretario de Seguridad Interna (DHS), Jeh Johnson.
En el inicio de esta semana, otro de los temas que preocupan a la Casa Blanca es la ofensiva militar de Israel en Gaza. Desde el despliegue de las tropas, las imágenes de civiles sin vida y entre los escombros de escuelas o de hospitales, han comenzado a causar escozor en la administración Obama.
Aunque se apoya de forma incondicional al gobierno de Israel, ante la amenaza terrorista de Hamas, lo cierto es que el costo en términos humanitarios de esta ofensiva comienza a inquietar a la Casa Blanca.
El problema es que, la guerra que mantiene Israel en Gaza con el apoyo incondicional de Washington no sólo se libra con misiles. También se decide a través de los medios de comunicación en todo el mundo.
Y aunque en Estados Unidos la causa y el apoyo hacia Israel sigue gozando de buena prensa -con un 57% de apoyo según el último sondeo de CNN-, en el resto del mundo su imagen esta sufriendo un duro descalabro, poniendo a la Unión Americana en una posición demasiado comprometedora.
Elevando el costo de su alianza incondicional con Israel a preocupantes cuotas de rechazo en Europa o en el mundo árabe y particularmente en países como Irak o Afganistán, donde la incondicionalidad de Estados Unidos a Israel va a pasar una dolorosa factura comprometiendo aún más el futuro de su seguridad nacional.
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