El Gobierno de EU pidió hoy de nuevo a las autoridades del sureño estado de Texas aplazar la ejecución del reo mexicano Edgar Arias Tamayo porque puede "minar" sus esfuerzos por ayudar a estadounidenses detenidos en el extranjero y en general su cooperación con otros países.

Una portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf, se refirió en una conferencia de prensa al caso de Tamayo, uno de los trece mexicanos en el corredor de la muerte en Texas y cuya ejecución está prevista para este miércoles pese a que una orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) exige revisar su caso.

"Estamos pidiendo un retraso en su ejecución hasta que pueda proporcionársele una revisión adecuada y una reconsideración de si la falta de acceso consular influyó en el resultado del proceso" judicial, dijo Harf en una conferencia telefónica con periodistas.

Tamayo, de 46 años y uno de los 13 mexicanos en el corredor de la muerte en Texas, fue condenado a muerte por el asesinato de un agente policial en Houston (EU) en 1994.

Harf subrayó que "nadie discute" que, cuando fue detenido, Tamayo no fue informado de su derecho a solicitar la asesoría del consulado de México, lo que constituyó una violación a la Convención de Viena, a la que Estados Unidos está suscrito.

De acuerdo a los abogados defensores, la ejecución constituiría un desacato del "Fallo Avena", emitido en 2004 por la Corte Internacional de Justicia de la ONU, que ordenó a Estados Unidos la revisión de los casos de 51 reos mexicanos condenados a muerte, incluido Tamayo.

En 2004, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Estados Unidos revisar los casos de los condenados a muerte cuyo derecho a la notificación consular fue violado, pero el estado de Texas se ha negado a cumplir esa orden en el caso de Tamayo y de otros dos presos mexicanos, ya ejecutados.

"El cumplimiento por parte de Estados Unidos de las obligaciones de la Convención de Viena es crítico para asegurar la protección de nuestros propios ciudadanos detenidos en el extranjero, y también crucial para mantener la cooperación con Gobiernos extranjeros, sobre todo en asuntos de seguridad", indicó Harf.

Estados Unidos "quiere poder pedir a otros países las mismas protecciones garantizadas en la Convención de Viena, y no quiere que eso quede minado" por su propia falta de cumplimiento en casos como el de Tamayo, agregó.

El pasado 14 de enero, representantes de los Departamentos de Estado y de Justicia se reunieron con altos cargos de la oficina del gobernador de Texas, Rick Perry, para conversar sobre el caso de Tamayo, y "ese diálogo sigue abierto", apuntó la portavoz.

Además, el secretario de Estado de EU, John Kerry, envió el pasado septiembre una carta a Perry advirtiéndole de que este caso podría "afectar la manera en la que se trata a los estadounidenses en el extranjero", añadió Harf.

Kerry conversó sobre el asunto durante una reunión el pasado viernes con el canciller mexicano, José Antonio Meade.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó el mismo viernes a suspender la ejecución de Tamayo por considerar que Estados Unidos "violó sus derechos fundamentales" , una postura que compartió hoy la organización Human Rights Watch (HRW) y que han expresado otros muchos activistas y expertos.

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