GINEBRA.— La Santa Sede investigó en los últimos diez años 3 mil 420 casos de sacerdotes que supuestamente habían abusado sexualmente de menores y, de ellos, 884 fueron destituidos y apartados, confirmó ayer el representante permanente del Vaticano ante la ONU en Ginebra, Silvano Tomasi.

Tomasi, quien compareció por segundo día ante el Comité de Naciones Unidas (ONU) contra la Tortura, reiteró que si bien la Santa Sede no tiene jurisdicción penal en casos de pederastia del clero cometidos en terceros países, sí tiene competencia para apartar a los sacerdotes culpables si se comprueba que han cometido el delito. Especificó que estas acciones se llevan a cabo “sin perjuicio de las acciones judiciales que se practiquen en los lugares donde resida el acusado”.

Respecto a las acusaciones de que la Iglesia destina a los religiosos denunciados a otras parroquias para protegerlos de posibles acusaciones ante una corte, Tomasi dijo que “no debemos estar fosilizados en el pasado”, y que hoy, la Iglesia ha evolucionado. Reconoció que entre 1960 y 1970 se creía que los atacantes podían recibir tratamiento sicológico en vez de ser tratados como delincuentes. “Fue un error, como ha demostrado la experiencia”.

Tras escuchar la respuesta de la Santa Sede, la presidenta de la Red de Sobrevivientes de Abusados por Sacerdotes (SNAP), Barbara Blaine, deploró que El Vaticano evada y minimice la responsabilidad sobre acusaciones de pederastia contra sacerdotes. Los líderes de la Iglesia, acusó, “siguen evadiendo las respuestas y siguen escondiendo las cifras” sobre estos casos.

Tomasi indicó además que cuando se sospecha de un caso de abuso a menores por parte de un clérigo, el obispo local “tiene el deber de proteger a los niños de las acciones llevadas a cabo por los sacerdotes de su diócesis”, por lo que debe realizar un informe y trasladarlo a la Congregación para la Doctrina de la Fe para que esta dirima al respecto.

Una vez hecho el estudio del caso, la Congregación tiene la capacidad de condenar al sacerdote a una pena canónica, la más extrema de las cuales, explicó, es “la separación del entorno clerical”.

Dicho esto, Tomasi procedió a aportar las cifras solicitadas la jornada anterior por la relatora del Comité, Felice Gaer, respecto de los sacerdotes investigados por la Congregación y cuántos de ellos habían sido condenados. “De 2004 a 2013 la Congregación estudió 3 mil 420 casos creíbles de abusos a menores de 18 años”, afirmó Tomasi: 730 en 2004; 184 en 2005; 218 en 2006; 216 en 2007; 191 en 2008; 196 en 2009; 464 en 2010; 402 en 2011; 418 en 2012; y 401 en 2013.

Los casos se refieren a conductas delictivas cometidas desde 1950 hasta finales de la década de los ochenta. Del total, 884 sacerdotes fueron separados de su condición clerical: 89 en 2004; 84 en 2005; 114 en 2006; 84 en 2007; 68 en 2008; 69 en 2009; 84 en 2010; 143 en 2011; 70 en 2012; y 43 en 2013. En otros 2 mil 572 casos, tras la investigación, los sacerdotes fueron sancionados con penas no especificadas. En 2004 fueron sancionados 641 clérigos; 100 en 2005; 104 en 2006; 132 en 2007; 123 en 2008; 127 en 2009; 380 en 2010; 259 en 2011; 348 en 2012; y 358 en 2013.

Megan Peterson, víctima de múltiples violaciones sexuales perpetradas por el padre Joseph Jeyapaul, nativo de la India, expresó su decepción. “Me siento traicionada por ellos en este momento, una vez más he sido traicionada por la iglesia”.

La comisión entregará el 23 de mayo un reporte final sobre el cumplimiento del Vaticano de la convención contra la tortura, con la que equipara a la violencia sexual.