Por primera vez en la historia las autoridades vaticanas contrataron a seis de los colosos mundiales en materia de consultoría laboral y reingeniería organizacional que tienen bajo la lupa a casi todas las estructuras del Vaticano.

Las empresas PricewaterhouseCoopers (PWC), Deloitte, McKinsey, KPMG, Ernst & Young y Promontory; todas ellas compañías multinacionales, fueron contratadas por la misma Santa Sede para realizar auditorías y proponer reformas internas.

En un hecho sin precedentes, las autoridades vaticanas, siempre prontas a defender su soberanía institucional y, por tradición, reacias a la intervención externa, decidieron someterse a la verificación externa, aunque los alcances de las mismas son aún inciertos.

Los más recientes contratos fueron anunciados el pasado 31 de enero. La PWC y la Deloitte conducirán dos "diligencias" sobre los hospitales propiedad del Vaticano: el Pediátrico Niño Jesús y la Fundación Casa Alivio de los Sufrimientos.

Las auditorías cubrirán los procesos económicos, administrativos y de gestión "con el fin de completar adecuadamente el marco completo de verificación de los datos financieros y de los aspectos organizativos de los entes que hacen referencia a la Santa Sede" .

La sala de prensa vaticana informó que los datos que se obtendrán en las revisiones servirán para proponer las recomendaciones oportunas con el objetivo de mejorar los modelos de gestión, garantizar transparencia y eficiencia.

En todos los casos las contrataciones se concretaron tras concursos de licitación lanzados por la Comisión Referente de Estudio y de Orientación sobre la Organización de la Estructura Económica y Administrativa de la Santa Sede.

Esa comisión fue establecida por el mismo papa Francisco, quien se vio obligado a acelerar su reforma a las estructuras financieras vaticanas a causa del escándalo por lavado de dinero que involucró al religioso Nunzio Scarano, conocido como "monseñor 500 (euros)" .

Scarano, ex contador de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, está en una cárcel donde enfrenta acusaciones de lavado de dinero, capitales que habrían transitado por el Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como "banco vaticano" .

Como parte de su reforma, una de las primeras maniobras del papa Francisco fue la de establecer (un mes después de su elección) un consejo personal de cardenales -conocido en la prensa como el "C-8" - con capacidad para asesorarlo en el gobierno de la Iglesia.

Aunque él mismo había confesado que su intención era esperar hasta el segundo año de su pontificado para avanzar en la reforma financiera, sus planes fueron modificados por el escándalo de Scarano.

Por esa razón estableció dos comisiones "referentes" : una para el IOR y otra para las estructuras financieras. A estos grupos de trabajo les concedió libertad amplia para contratar a terceros, incluidas empresas de asesoría.

Esta libertad fue tomada al pie de la letra, en especial por la comisión financiera. Gracias a sus gestiones al Vaticano llegaron especialistas de los colosos, entre ellos McKinsey que desde diciembre trabaja en un plan para mejorar las estructuras de comunicación de la Santa Sede.

De manera paralela, la red internacional KPMG se hizo cargo de colaborar en una estrategia para alinear los procedimientos contables internos a los estándares internacionales.

Mientras, la Ernst & Young trabaja en verificar las actividades económicas de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano y la Promontory Financial Group realiza un análisis similar en la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica.

ahd