Republicanos conservadores quieren incorporar proyectos presupuestales a su batalla con el presidente Barack Obama sobre las medidas ejecutivas que planea aplicar en materia de inmigración, lo que hace recordar el cierre del gobierno federal el año pasado en el debate sobre la ley de servicios médicos asequibles.

En el Senado, Jeff Sessions, de Alabama, y Mike Lee, de Utah, están entre los que piden usar una legislación de gastos -que debe aprobarse de todas maneras para mantener al gobierno funcionando, y que debe someterse a discusión en diciembre o a principios del próximo año- para tratar de evitar que Obama tome medidas unilaterales encaminadas a proteger de la deportación a millones de inmigrantes que se encuentran en el país sin autorización.

"El Congreso es el que asigna los fondos", dijo Sessions el miércoles a los reporteros. "Es una autoridad constitucionalmente clara. Si el Congreso desaprueba que el presidente entregue identificación a personas que están en el país ilegalmente, entonces no debe asignar los fondos para financiar la medida".

Líderes republicanos parecen acoger con frialdad el esfuerzo, puesto que pudiera llevar a una confrontación con Obama, que si llega demasiado lejos podría provocar otro cierre temporal de las operaciones del gobierno. Los líderes republicanos han dado luz verde a la Comisión de Asignaciones Presupuestarias con el fin de que negocie un proyecto de ley general de gastos para el año presupuestario que comenzó el mes pasado. Cualquier trato con los senadores demócratas, que aún controlan ese foro, no incluiría nada sobre bloquear a Obama en materia de inmigración.

Una medida temporal de gastos expira el 11 de diciembre, y habría un cierre parcial de las operaciones del gobierno si para entonces no se aprueba una ley de gastos. Sessions dijo que prefiere que el Congreso apruebe otra legislación de gastos temporal hasta que el nuevo Senado republicano esté ya en funciones para abordar el asunto.

El representante Matt Salmon dijo que más de 50 legisladores republicanos firmaron una carta dirigida al presidente de la Comisión de Presupuesto, Harold Rogers, republicano por Kentucky, exhortándolo a que cualquier ley de gastos incluya una aclaración de que no se pueden usar esos fondos para implementar medidas ejecutivas sobre inmigración.

"Esta es una oportunidad para que todos se unan y hablen claramente y con fuerza para afirmar que este acto inconstitucional sería un error, que no habrá fondos para financiarlo" , dijo Salmon, republicano por Arizona.

"Los legisladores van a tener que decidir por sí mismos si es algo a lo que quieren arriesgarse" , agregó.

Los planes circularon en el Capitolio mientras los legisladores regresaban a Washington una semana después de las elecciones legislativas, en las que los republicanos dieron una paliza a los demócratas y tomaron control del Senado.

La decisión de Obama de seguir adelante con sus prometidas medidas ejecutivas en materia de inmigración a pesar del resultado de las elecciones ha surgido como un caldeado punto de conflicto entre los legisladores republicanos y la Casa Blanca. El mandatario está bajo una fuerte presión de activistas hispanos para que detenga las deportaciones.

El próximo líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky, dijo que sería un "gran error" que Obama emita una orden ejecutiva en inmigración, pero prometió que no habrá una suspensión de las operaciones del gobierno.

Cualquier intento de los conservadores de utilizar la legislación presupuestal para bloquear a Obama hace pensar en un cierre gubernamental similar al del año pasado, cuando los conservadores insistieron en intentar utilizar el proyecto de ley presupuestal para quitarle fondos a la ley sobre gastos médicos. Ese fue un golpe político temporal para el Partido Republicano, y sus líderes han prometido evitar que se repita, en especial en momentos en que están decididos a demostrarle a los electores que pueden obtener resultados basándose en una agenda de acciones positivas.

No está claro qué tan generalizado es el apoyo para intentar usar la ley sobre el gasto que debe ser sometida a votación para evitar que Obama implemente cualquier medida ejecutiva en inmigración. Al menos unos pocos republicanos de alto rango parecen abiertos a la idea. El senador Chuck Grassley, republicano por Iowa, quien desde enero ocupará la presidencia de la Comisión Judicial del Senado, la está estudiando, según la portavoz Beth Levine.

Una vocero de Bob Goodlatte, republicano por Virginia y presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, dijo que él apoya "emplear cualquier herramienta que ofrezca la Constitución para impedir las acciones inconstitucionales del presidente Obama" .

Esa postura parece ganar terreno a raíz de comentarios desafiantes del mandatario en apoyo a las medidas ejecutivas, que él alega son necesarias porque la cámara baja liderada por los republicanos nunca debatió un proyecto de ley bipartidista para una reforma íntegra de las leyes de inmigración aprobado por el Senado el año pasado.

Los planes pudieran presentar problemas para el presidente de la cámara baja, John Boehner, republicano por Ohio, y para McConnell mientras tratan de tener una sesión legislativa libre de controversia con el fin de poder completar las labores necesarias en algunos temas, como leyes para financiar las operaciones del gobierno el próximo año.

Y es una batalla en la que los demócratas pudieran participar de buena gana ahora que tienen la mira puesta en las elecciones presidenciales de 2016, en que se espera que la asistencia a las urnas de los electores hispanos sea mayor que en los comicios legislativos de la semana pasada, y en que los republicanos tengan que estar a la defensiva porque estarán en juego 24 de sus escaños, frente a sólo 10 demócratas.

Obama no ha ofrecido detalles de sus planes, pero los activistas que mantienen contacto con la Casa Blanca anticipan que ampliará un programa aprobado hace dos años que elimina temporalmente la deportación para más de medio millón de inmigrantes traídos al país sin autorización cuando eran niños, al tiempo que les permite trabajar legalmente.

El programa pudiera extenderse a millones de personas con base en ciertos puntos, como cuánto tiempo han estado en el país y si tienen hijos o cónyuges estadounidenses.

ahd