Europa comienza un año más igual que terminó el anterior: con crisis, pobreza, desempleo, ajustes, recortes y subidas de impuestos. Y también con cientos de inmigrantes tratando de llegar diariamente a la costa italiana de Lampedusa en busca de un futuro mejor; una guerra civil en Siria a la que los líderes del viejo continente parece importarles bastante poco; y casos de corrupción inundando las portadas de los principales diarios europeos.

Uno de esos casos y de los que ha escandalizado más a los ciudadanos europeos es el protagonizado por la infanta Cristina, hija de los reyes de España y séptima en la sucesión al trono de ese país, y su marido Iñaki Urdangarin, quien está acusado de delitos penados con 23 años de cárcel como son el de evasión de impuestos, fraude fiscal, prevaricación, falsedad documental, y malversación de caudales públicos por más de 20 millones de euros.

Esta semana el juez José Castro, instructor del caso, emitirá un auto en el que desvelará si imputa o no a la hija menor de los monarcas españoles por blanqueo de capitales y delito fiscal. Una incógnita que tiene a la joven monarquía española angustiada desde que hace tres años el magistrado abrió diligencias contra su marido por corrupción, y que ha provocado que cada vez sean menos los españoles los que apoyan a la institución.

En mayo de 2013 Castro imputó a la infanta pero la Audiencia de Palma de Mallorca le bloqueó y anuló la imputación y le exhortó a investigar las actividades económicas de la joven. Y eso fue lo que hizo. Ahora con los informes de la Agencia Tributaria y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, el juez dará su veredicto que en caso de ser favorable a la imputación sería un varapalo para la institución y para la deteriorada imagen que ya de por si tiene la Corona. Ver a la hija menor de los reyes de España recorrer a pie la rampa que separa la calle de los juzgados de Palma de Mallorca seguida de una nube de fotógrafos y de cámaras de televisión, para sentarse en el banquillo del tribunal y explicar su labor como vocal de la junta directiva del Instituto Nóos, supondría no sólo un hecho histórico ya que ningún miembro de la familia real española ha sido imputado nunca, sino un golpe durísimo para la institución.

Y es lo que parece que va a ocurrir porque según las últimas investigaciones del juez todo hace pensar que la infanta conocía las actividades ilegales de su marido al frente de Nóos, una organización supuestamente sin ánimo de lucro creada por Urdangarin y por su ex socio Diego Torres, que logró contratos millonarios de gobiernos autonómicos y de organismos públicos y privados a través de los cuales desviaron millones de euros a sus cuentas personales mediante un entramado de sociedades creadas para su enriquecimiento personal. Y no sólo las conocía sino que en lugar de "tomar precauciones siguió disfrutando del dinero", como argumenta la acusación popular, y llevando un ritmo de vida de millonaria.

La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado aseguran que no hay indicios suficientes para imputar a la infanta, mientras la acusación popular que ejerce el sindicato ultraderechista Manos Limpias sí pide su imputación al igual que la defensa de Diego Torres que no entiende por qué la esposa de Torres sí está imputada y la infanta no si ambas eran vocales del Instituto Nóos.

Según los documentos aportados al caso, la hija menor de los reyes de España firmó como arrendadora y arrendataria de su casa, conocida como Palacete de Pedralbes por el lujoso barrio de Barcelona en el que se encuentra, y cada mes emitía facturas para cobrar de la empresa Aizoon que creó con su marido el falso autoalquiler. Y a través de este procedimiento se apropiaba del dinero público desviado del Instituto Nóos a esta sociedad. Es decir, firmaba como arrendadora y como arrendataria un contrato falso de alquiler como si su casa fuese la sede de su empresa con el objetivo de generar gastos falsos para así pagar menos impuestos y desviar dinero de Aizoon (una sociedad que nunca tuvo ninguna actividad) a su bolsillo. Pero también cargó a su empresa Aizoon gastos personales por casi 700 mil euros en los que incluyó un safari en África que hizo con su marido, un viaje familiar a Brasil, ropa infantil, una cena de sushi de mil 400 euros con la que celebró su 42 cumpleaños en su casa, un ticket de estacionamiento de 45 céntimos, una comida con sus cuatro hijos en un buffet chino por el que pagó seis euros por persona, seis entradas para ver el musical del Rey León en Nueva York, clases particulares de salsa y merengue que recibió con su marido en su palacete, y seis entradas para ver la final de la Champions en Roma en la que el Barcelona ganó al Manchester en el 2009, entre otras muchos.

Son tantas las pruebas sobre su implicación que su no imputación supondría una completa sorpresa para todos, como lo han sido también las recientes declaraciones de Rafael Spottorno, jefe de la Casa del Rey, quien el sábado en una entrevista en Televisión Española (RTVE) reconocía que estos tres años de instrucción del caso Nóos han sido un "martirio" para la Casa Real y pidió que terminaran "pronto". "Entiendo que se han hecho todas las diligencias que tenían que hacerse y pienso que el señor magistrado entenderá que está ya en condiciones de cerrar el sumario", decía olvidándose que la justicia es igual para todos, y que eso incluye a la Casa Real, que debe mantenerse al margen y no presionar a los jueces con declaraciones de ningún tipo. Según el artículo 14 de la Constitución española "todos los españoles son iguales ante la ley". Esta semana veremos si eso incluye también a los miembros de la Familia Real española.

jram