El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró hoy "inadmisible" la impugnación a las pasadas elecciones presidenciales del 14 de abril presentada por el líder opositor, Henrique Capriles, y otros recursos similares, anunció su presidenta, Gladys Gutiérrez.

"Se declara inadmisible la demanda", dijo Gutiérrez en referencia al pedido de la oposición de anular las elecciones y convocar a nuevos comicios.

El TSJ consideró que la oposición no presentó las pruebas suficientes para demostrar las irregularidades denunciadas.

En su fallo, la Sala Constitucional del TSJ afirma que "los demandantes no describieron conductas concretas que a través de nexos causales adecuados hubiesen engañado a otro con el fin de alcanzar un determinado resultado electoral capaz de modificar la elección en un sentido diverso al deseado por la mayoría de la población".

El Tribunal denegó de este modo la solicitud de la oposición de repetir las elecciones del 14 de abril, en las que el presidente Nicolás Maduro fue declarado ganador frente al candidato opositor, Henrique Capriles, por un margen de poco más de 200 mil votos.

Capriles impugnó el pasado 2 de mayo las elecciones y todo el proceso electoral, incluidos los actos previos al 14 de abril, las elecciones y "los actos que han ocurrido en Venezuela vinculados a ese proceso" tras los comicios.

"El fundamento de este importante recurso es que en democracia se debe votar, pero cuando uno vota uno debe votar a conciencia con libertad, debe votar sin coacción, sin violencia y sobre todo debe votar respetándose los procedimientos y el estado de derecho", indicó entonces el abogado Gerardo Fernández, representante de Capriles.

También fue presentada una impugnación por parte de la Mesa de la Unidad (MUD), que aglutina a gran parte de la oposición, y otros recursos similares por parte de particulares hasta un total de diez, todos ellos rechazados hoy por el TSJ.

El fallo se conoce un día después de que Capriles criticara la demora del tribunal en pronunciarse y anunciara que llevará el caso a instancias internacionales.

La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática impugnó en mayo todo el proceso electoral, diciendo que estaba "viciado de nulidad".