WASHINGTON.— La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) juzgó ayer necesario aumentar la regulación externa de las agencias de inteligencia de Estados Unidos para proteger los derechos de estadounidenses y extranjeros.

En la misma jornada, la Casa Banca admitió que el escándalo del espionaje ha causado “preocupación y tensiones” en las relaciones de Estados Unidos con algunos de sus más importantes aliados, como Alemania, Francia o México, y prometió un informe completo de los cambios que el presidente ha ordenado en el sistema de espionaje para asegurar un equilibrio entre la necesidad de garantizar la seguridad nacional —incluida la de sus aliados—, y preservar el derecho a la privacidad.

El comité de servicio secreto del Senado anunció una investigación. Es necesaria una “revisión completa”, informó la presidenta de la comisión, Dianne Feinstein. Para hoy y el jueves están previstas en el comité audiencias para “preguntas del servicio secreto” a puertas cerradas.

Feinstein se declaró en contra de espiar a los aliados y dijo que el presiente debería dar personalmente luz verde antes de que se puedan espiar a jefes de Estado de países aliados. En esta investigación se evaluará también el trato con jefes de Estado y los acuerdos con aliados.

Las revelaciones sobre el espionaje masivo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de EU abrieron el 149 periodo de sesiones de la CIDH, ante una delegación estadounidense de bajo nivel, que se limitó a escuchar.

Los comisionados examinaron las prácticas de la NSA y se mostraron preocupados por su impacto en la privacidad y la libertad de expresión. El comisionado Felipe González, uno de los siete miembros de la CIDH, aseguró que hay “una ausencia” de mecanismos de control de las actividades de inteligencia “que funcionen adecuadamente... El problema es que con un programa de esta envergadura y alcance es evidente que cualquier forma de control se vuelve ilusoria, cuando son decenas de millones de comunicaciones las vigiladas”.

Asimismo, destacó el papel que deben desempeñar los organismos internacionales y la sociedad civil para reclamar una mayor regulación, algo que también pidió su compañero Rodrigo Escobar Gil. “Tiene que haber límites, regulaciones, procedimientos”, subrayó este último.

Entre quienes solicitaron la audiencia se contaba el relator especial de la ONU para la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue, para quien lo más grave es “que quienes trabajan en agencias de inteligencia decidan por sí mismos hasta qué punto van a violar la privacidad”. Consideró que las comunicaciones pueden ser intervenidas, pero con debido proceso, una orden judicial y vigilancia desde el Congreso.

Alex Abdo, experto legal de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, señaló que la NSA ha pasado de “un modo de inteligencia selectiva a recolectar todo tipo de datos”, lo que “tendrá consecuencias para la privacidad, particularmente si lo adoptan otros países”.

A su vez, la relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero, dijo que cualquier regulación de los programas debe garantizar que se proteja “la libertad de expresión no solo de nacionales, sino de extranjeros”.

Persisten dudas

Ante este panorama, el vocero de la Casa Blanca, Jay Carney, dijo ayer en una rueda de prensa que “el presidente ha ordenado un informe que será hecho público a fines de año”. Empero, no respondió si las agencias de inteligencia han mantenido “a oscuras” al presidente o si han operado a sus espaldas a la hora de espiar a líderes como la canciller alemana Angela Markel. (Con información de agencias)