Los ministros del Interior y de Economía de Turquía anunciaron hoy su dimisión, después de ver sus nombres asociados al gran escándalo de corrupción urbanística y financiera, que mantiene en vilo la política del país desde la semana pasada.

El titular de Economía, Zafer Çaglayan, y el de Interior, Muammer Güler, dimitieron después de que un juez decretara el pasado 17 de diciembre prisión preventiva para sus hijos, Kaan Çaglayan y Baris Güler, acusados de participar en una red de sobornos.

Ambos ministros negaron tajantemente cualquier culpa, según señala el diario turco Hürriyet en su edición digital.

"Ha quedado muy claro que la operación lanzada el 17 de diciembre es una sucia maquinación contra nuestro gobierno, nuestro partido y nuestro país", manifestó Çaglayan en su declaración de dimisión.

"Dimito para que se pueda sacar la verdad a la luz y destruir este juego indecente en el que han involucrado a amigos cercanos y a mi hijo", añadió.

Güler aclaró que el pasado 17 de diciembre ya presentó de forma verbal su dimisión ante el primer ministro, el islamista moderado Recep Tayyip Erdogan, aunque hoy la presentó finalmente por escrito.

Ambos ministros declararon su dimisión tras una reunión con el primer ministro, el islamista moderado Recep Tayyip Erdogan, quien regresó anoche de un viaje oficial a Pakistán, al que le había acompañado el propio Çaglayan.

Según el citado diario, de orientación opositora, es probable que también dimita Erdogan Bayraktar, ministro de Medio Ambiente y Urbanismo, cuyo hijo (Abdullah Oguz) fue también detenido la semana pasada, aunque puesto en libertad con cargos el sábado.

Un total de 24 personas, entre ellos el director del banco público Halkbank, han ingresado en prisión preventiva, mientras que otros, entre ellos un alcalde del partido gubernamental AKP, y un multimillonario del negocio de la construcción, fueron liberados.

Los acusados son sospechosos de haber intervenido en la adjudicación de contratos urbanísticos ilegales.

Por otra, son acusados de negocios ilícitos, relacionados con el envío de importantes cantidades de oro a Irán, un esquema que evitaba las sanciones internacionales contra la República Islámica por su controvertido programa nuclear.

La reacción del gobierno turco había consistido hasta ahora en ordenar el traslado o cese de un centenar de 100 jefes de policía y publicar una norma que prohíbe iniciar investigaciones bajo orden de la Fiscalía sin informar previamente a las jerarquías policiales superiores.

Las autoridades insinuaron además que la investigación se lanza en el contexto de una lucha de poder entre el partido AKP y el influyente movimiento del predicador Fethullah Gülen, también conservador religioso y durante años aliado de Erdogan.

jlc