Amnistía Internacional presentó una demanda legal contra el gobierno del Reino Unido por posible vigilancia estatal, a partir de las revelaciones del ex empleado de la CIA, Edward Snowden, que hacen sospechar a la organización que la agencia de inteligencia británica accedió ilegalmente a sus comunicaciones.

En un comunicado AI dio a conocer hoy que presentó la demanda ante el Tribunal de Poderes de Investigación (IPT por sus iniciales en inglés), argumentando que las actividades de las autoridades del Reino Unido vulneran el artículo 8 (derecho a la intimidad) y el artículo 10 (derecho a la libertad de expresión) de la Ley de Derechos Humanos de 1998.

Detalló que "en junio pasado, gracias a las revelaciones de Snowden, se supo que Estados Unidos accedía habitualmente a las comunicaciones de millones de personas a través de PRISM, un programa anteriormente secreto de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) al que las autoridades británicas tenían acceso".

Añadió que "posteriormente se supo que la agencia de inteligencia británica GCHQ podría haber sometido también a algunas personas a vigilancia generalizada a través de su propio programa secreto, denominado Tempora".

En este contexto AI destacó que "estas revelaciones pusieron claramente de manifiesto las enormes lagunas del actual marco legal británico en cuanto a su capacidad para seguir el ritmo de los avances tecnológicos, y por tanto para proteger los derechos humanos de las personas afectadas".

Amnistía Internacional "considera que, debido a la naturaleza global y a menudo sumamente delicada de su trabajo, es muy probable que sus comunicaciones hayan sido interceptadas ilegalmente por los servicios de inteligencia del Reino Unido y Estados Unidos, dado el interés de su contenido para estas agencias".Por ello, presentó la demanda ante el IPT cuya labor es examinar las quejas respecto al comportamiento de los servicios de inteligencia de Reino Unido.

El organismo de investigación es secreto: determina sus propios procedimientos y suele trabajar a puerta cerrada, por lo que Amnistía Internacional ha pedido que su demanda se vea en audiencia pública.Michael Bochenek, director de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional, señaló al respecto que "sería una ridícula ironía que el examen del IPT sobre una vigilancia que se ha llevado a cabo en secreto fuera a su vez completamente secreto."Indicó que "en vista de que existen tales programas de vigilancia masiva secretos y exhaustivos, el actual marco legal por el que se rige la vigilancia en Reino Unido es extremadamente inadecuado y debe ser reformado con urgencia.

Como organización global que trabaja en muchos asuntos delicados que podrían resultar particularmente interesantes para los servicios de seguridad de Estados Unidos y Reino Unido, nos preocupa mucho la posibilidad de que las comunicaciones de nuestro personal puedan haber sido interceptadas."Recordó además que "los programas secretos de vigilancia masiva, como PRISM y Tempora no sólo afectan a organizaciones como Amnistía Internacional, sino a todos y cada uno de los ciudadanos y a su derecho a la intimidad."