La Dirección General de Patrimonio lusa confirmó hoy que la salida hacia Londres de las obras de Joan Miró pertenecientes al Gobierno portugués para ser subastadas, incumplió la normativa vigente por cuestiones de forma, ya que la solicitud para trasladar las piezas no se hizo con suficiente antelación.

En un documento enviado al Parlamento luso, la ex responsable de Patrimonio, Isabel Cordeiro -quien hoy mismo concluyó su mandato al frente de este organismo- precisó que la petición fue realizada 20 días antes de la fecha en que estaba prevista la puja, cuando la ley establece un plazo mínimo de 30 días.

La solicitud fue firmada por la sociedad pública Parvalorem, propietaria oficial de los bienes del artista catalán, y que, según Cordeiro, sólo inició los trámites una vez la propia Dirección General de Patrimonio le advirtió de que tenía que cumplir con una serie de requisitos antes de proceder a la venta, prevista para los días 4 y 5 de febrero en la casa Christie's.

En este texto, Cordeiro reveló que su departamento sólo tuvo conocimiento de las intenciones de Parvalorem por la prensa a principios de enero, por lo que decidió contactar con sus responsables para informarles de las exigencias incluidas en la norma que regula la exportación de bienes culturales.

Además, Patrimonio pidió entonces la opinión de tres expertos -dos de ellos directores de museos en Lisboa- para analizar "la relevancia de la colección y las posibilidades efectivas de conservar las obras en territorio nacional".

La opinión de los especialistas, que de forma unánime destacaron la "indiscutible relevancia" de las 85 piezas reunidas, fue trasladada a la secretaría de Estado de Cultura el pasado 15 de enero junto a la de la propia Cordeiro, quien se reafirmó en su idea de que la colección no debía ser vendida y ya advertía de que su viaje a Londres no cumplía los requisitos legales exigidos.

Medios lusos apuntaron hoy, además, que el traslado de estas piezas se realizó como "valija diplomática" y no por las vías reglamentarias.

La Fiscalía lusa solicitó a los tribunales la suspensión cautelar de la puja el pasado lunes debido precisamente a las dudas sobre la legalidad del proceso administrativo llevado a cabo para sacar las obras de Portugal, aunque el juez responsable del caso desestimó el martes sus argumentos.

Sin embargo, la casa de subastas Christie's decidió horas más tarde anular la puja debido a esta disputa judicial.

La decisión del Gobierno portugués de vender las 85 obras de Miró ha generado controversia en suelo luso, y tanto movimientos cívicos -que reunieron más de 9 mil firmas en Internet- como partidos de izquierda se mostraron contrarios a esta puja.

Las piezas acabaron en manos del Estado en 2008, después de que su dueño desde 2006, el Banco Portugués de Negocios (BPN) fuese nacionalizado por riesgo de quiebra.

El Ejecutivo confiaba en recaudar por la colección de Miró en torno a 35 millones de euros (47 millones de dólares), aunque algunos expertos lusos que censuran su venta advierten de que su valor podría incluso llegar a superar los 80 millones de euros.

sc