La estatua de Cristóbal Colón, cuyo posible traslado es objeto de disputa judicial entre los gobiernos nacional y de la ciudad de Buenos Aires desde hace varios meses, fue declarada hoy Patrimonio Cultural de la capital argentina.

La ley que declara la estatua de Colón como bien integrante del Patrimonio Cultural de Buenos Aires obtuvo este jueves sanción definitiva en la legislatura porteña con 35 votos a favor y 14 abstenciones, en su mayoría, correspondientes al Frente para la Victoria, el partido de la presidenta Cristina Fernández.

"Esta ley le brinda más elementos a un juez, a la hora de una disputa judicial, sobre quién puede disponer de ese monumento", aseguró Fernando Sánchez, diputado de la Ciudad de Buenos Aires y uno de sus autores.

La norma provee a la estatua de "determinadas protecciones" por las que a la hora de realizarle modificaciones o de trasladarla se requiere de "autorizaciones con mayorías parlamentarias agravadas que los distintos organismos públicos, sean de la Ciudad o de la Nación, deben tener en cuenta", explicó Sánchez.

Los autores del proyecto consideraron que, además del valor de la obra de arte, la ley tomaba una relevancia aún mayor ante las versiones de una supuesta voluntad de trasladar el monumento hacia la ciudad de Mar del Plata, a 400 km al sur de Buenos Aires, lo que representaría "una pérdida invalorable del patrimonio porteño".

Por su parte, la legisladora por el oficialista Frente para la Victoria, María José Lubertino, dijo que se abstuvo de votar la ley porque existen "elementos a dilucidar judicialmente que no están claros ya que el Gobierno Nacional reclama la propiedad de la estatua y eso lo resolverá eventualmente la Justicia".

El monumento que recuerda al descubridor de América, ubicado en la plaza del mismo nombre que se halla detrás de la Casa Rosada, sede del poder ejecutivo nacional, fue donada en 1921 por el gobierno de Italia con motivo del centenario de la Revolución de mayo de 1810, germen de la futura independencia nacional.

El conflicto entre las dos jurisdicciones tuvo su punto álgido a finales de junio cuando el Gobierno Nacional desmontó la estatua de Colón alegando tareas de restauración, por lo que autoridades de la Ciudad de Buenos Aires recurrieron a la Justicia junto a la colectividad italiana y organizaciones no gubernamentales.

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