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La Contraloría General del Distrito Federal informó que investigará los contratos firmados entre la empresa Amexire S de RL y la delegación Iztapalapa, con el objetivo de determinar si existe un presunto conflicto de intereses, luego de que se dio a conocer que la camioneta Jeep Grand Cherokee 2015, en la que chocó Jesús Valencia Guzmán en el Pedregal, está a nombre de dicha compañía.

Se dio a conocer que la dependencia solicitará a la delegación una copia de los tres contratos que firmaron, especialmente con el que se le concedió la construcción de viviendas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), cuyo dinero proviene de la federación, el cual se signó por un monto menor de 19 millones de pesos y un máximo de 48 millones de pesos.

La dependencia informó que pondrá especial atención en verificar que no se haya violado el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, principalmente en el aspecto de no restringir la participación de otras instancias en el proceso de licitación, con lo que se determinaría si hubo o no alguna intención directa para beneficiar a Amexire.

Esto ayudará a esclarecer si existe el presunto conflicto de intereses entre el jefe delegacional y Alejandro Robles, quien en días pasados confirmó a EL UNIVERSAL que era el propietario de la unidad en que se accidentó Jesús Valencia Guzmán.

También revisarán los otros dos contratos que firmaron con esta compañía, que suman 350 mil pesos, para proveer a la delegación de impresoras y diversos artículos de computación. Todos del ejercicio de 2014.

Los primero, precisaron en la Contraloría General del DF, es verificar si hubo alguna irregularidad administrativa en el otorgamiento de los contratos, para después revisar si existe el conflicto de intereses y, finalmente, determinar la sanción a la que se haría acreedor el jefe delegacional.

Esta situación se originó luego del percance automovilístico de Valencia Guzmán en la zona del Pedregal y las contradicciones en que incurrió tanto en las causas del mismo, como en el origen de la camioneta, cuyo valor es 877 mil pesos, pero con el blindaje sube a 1.5 millones de pesos.

En primera instancia, dijo que la camioneta estaba a su nombre y que la pagaba mediante un autofinanciamiento, luego se supo que Amexire la registró ante la Secretaría de Movilidad y finalmente el delegado reconoció que un amigo se la prestó.

Urge contralor. El ex jefe delegacional de Cuauhtémoc, José Luis Muñoz Soria, urgió a la pronta designación del titular de la Contraloría General del DF para que investigue y proceda, en caso de ser necesario, contra el delegado de Iztapalapa.

Advirtió que aunque la Contraloría Interna de la demarcación tiene la obligación de indagar este asunto, es necesaria la intervención de la Contraloría General para que emprenda una investigación de oficio por el posible conflicto de intereses.

El diputado federal por el PRD dijo que Valencia como cualquier otro servidor público está llamado a desempeñarse con ética y responsabilidad.

“Cualquier servidor público que asuma alguna conducta que se presuma pueda ser incorrecta, debe ser investigado por los órganos correspondientes. Yo, incluido, si alguien presume que he tenido una conducta incorrecta, me pongo a disposición de las instancias correspondientes”.

Aseguró que el caso del delegado en Iztapalapa más allá de ser un asunto personal es una situación que ya afectó al partido, sobre todo, cuando éste se ha pronunciado en contra de actos ilícitos y ha demandado investigaciones precisas y puntuales.

El delegado de Cuauhtémoc, Alejandro Fernández Ramírez, opinó que sólo le corresponde a su homólogo en Iztapalapa aclarar los detalles o situaciones que estén estrictamente en un tema legal.