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La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) no se mantendrá al margen en el caso del jefe delegacional de Iztapalapa, Jesús Valencia Guzmán, porque su obligación es vigilar que los recursos se destinen correctamente y que no haya negocios particulares.

Así lo aseguró el diputado Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la ciudad de México, al avalar la decisión del delegado en Iztapalapa de someter su caso al escrutinio de la Contraloría General del Distrito Federal por un supuesto conflicto de intereses.

El legislador perredista, quien se reunió el jueves con el jefe delegacional, advirtió que no se deben de emitir juicios de valor sin fundamento, porque para eso están los órganos de vigilancia formal e institucional.

“Que sean los que nos digan qué fue lo que pasó, además es una cuestión de carácter personal”, agregó.

Ojeda Anguiano dio a conocer que se reunió con Valencia Guzmán el jueves, en la oficina del delegado. Platicaron cuestiones de carácter administrativo y político.

Dijo que el tema de conversación fueron las comparecencias de hace unos días en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la cuestión de presupuesto, “que afortunadamente Iztapalapa había crecido en sus recursos”.

—No le dijo ¿por qué mintió el delegado de que sí era su carro el que manejaba cuando no lo era?

—No, no, no tocamos más allá del tema, me pareció que estuviera muy bien de salud y ya el otro tema, él tendrá que decir qué fue lo que hizo.

Me comentó que efectivamente es un vehículo que le prestaron una vez que salió de una fiesta, de una reunión que tuvo y lamentablemente sufrió un percance como le pasa a la mayoría de ciudadanos en vehículos y que por eso existen los seguros para salvaguardar los bienes.

Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la ciudad de México de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, descartó que Jesús Valencia Guzmán renuncie a su cargo como jefe delegacional en Iztapalapa, porque es electo popularmente y tiene que someterse a una serie de procedimientos jurídicos y también administrativos.