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Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), afirmó que el gobierno capitalino, dirigido por Miguel Ángel Mancera, incurrió en omisión al no hacer frente a las movilizaciones de la CNTE y le pidió una explicación.

Recordó que, de acuerdo con la normatividad del Distrito Federal, los bloqueos al tránsito y la alteración de la paz pública son delitos que deben ser atendidos por la autoridad local.

También le solicitó medidas de protección y seguridad para los habitantes y sus bienes, así como para las instituciones públicas, instalaciones comerciales y vialidades, a fin de evitar que sufran más daños durante las movilizaciones de los maestros inconformes.

La CNDH envió un oficio a Mancera. Otro documento fue dirigido al Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb para solicitarles un informe acerca de cuál ha sido su intervención ante los bloqueos.

Quejas contra bloqueos

Hasta ahora, se han presentado cuatro quejas de políticos, empresarios y particulares afectados por los hechos de violencia de las últimas semanas.

Hace dos días, la senadora panista Mariana Gómez del Campo; el director general del Hotel Emporio, Héctor Villa y dos ciudadanos más acudieron a la CNDH para presentar una queja por las supuestas omisiones de los gobiernos del DF y el federal ante los daños ocasionados por las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Ayer por la mañana, luego de acudir al informe de labores del presidente del Senado, Ernesto Cordero, el ombudsman nacional adelantó: “Vamos a verificar por qué no se está actuando”. Afirmó que en este caso no hay responsabilidad del gobierno federal y que, luego de hacer sus investigaciones, valorará si emite una recomendación al respecto.

Por la tarde, en un comunicado de prensa, el organismo refirió que la CNDH solicitó al gobierno de la Ciudad de México la aplicación de medidas cautelares “para evitar omisiones de la autoridad que susciten daños a las personas y sus bienes y la obstrucción a la libertad de tránsito”.

“La comisión está investigando a las diferentes instancias del gobierno capitalino que no han actuado en situaciones donde el derecho a manifestarse de esta organización se pudo haber desviado”, explicó.