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A tres meses de la desaparición de 12 jóvenes del bar Heaven, en la Zona Rosa, no hay ninguna persona identificada como autor intelectual de los asesinatos.

Hasta el momento las detenciones han sido de sujetos relacionados con inmuebles o con bandas delictivas que no llevan a esclarecer las muertes, coincidieron académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

El hallazgo de una fosa clandestina en el rancho La Negra, ubicado en Tlalmanalco, Estado de México —el jueves pasado— llevó a la localización de 10 cuerpos pertenecientes a los secuestrados; sin embargo, mientras las autoridades no presenten a un responsable, las investigaciones no tomarán cauce, agregaron.

Desde el 27 de mayo, día en el que los familiares de los jóvenes presuntamente secuestrados presentaron la denuncia, el Ministerio Público capitalino debió darle la importancia al caso, independientemente de las hipótesis que pudiera generarse en torno al mismo, señaló Joaquín Merino, investigador del Inacipe.

Para el experto, lo ocurrido está relacionado con delincuencia organizada, por lo que se justifica la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) ante la “incapacidad” de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para investigar el caso.

Recordó que las autoridades locales han presentado poca capacidad para perseguir efectivamente el delito de narcomenudeo en la capital del país.

“La entrada en vigor de esa ley causó un desbarajuste. Desde el principio se dijo que las mismas entidades no tenían la capacidad para hacer frente a este tipo de delitos por falta de personal, por falta de material, de recursos”, explicó el experto.

Aclaró que las autoridades capitalinas sí tienen facultades para evitar que los responsables evadan la justicia y por ende, es urgente que haya pruebas que permitan la identificación de los autores intelectuales del secuestro de los jóvenes originarios del barrio de Tepito.

Respecto a las contradicciones en el caso alegadas por los familiares de las víctimas (primero se rechazó que los jóvenes estuvieran en el antro, luego se reconoció la presencia de ocho, para luego aceptar que habían desaparecido 12), el especialista en delincuencia organizada aseguró que la percepción de la sociedad no siempre tendrá que ver con la realidad de las dependencias jurídicas.

Ello, porque no se conoce con exactitud las indagatorias, por el sigilo que requieren las investigaciones.

“No podemos hacer una aseveración cuando realmente no conocemos el contenido de los expedientes, lo que sí es una realidad es que hay personas que fueron secuestradas, hay personas que fueron encontradas y las privaron de la vida”, dijo.

Ocultan cárteles

René Jiménez Ornelas, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con especialidad en demografía de la violencia, consideró que los resultados en la investigación han demostrado una especie de precaución por parte de las autoridades de la ciudad, a fin de ocultar la existencia de cárteles en la Ciudad de México.

“La investigación y los procesos que se siguieron (ante la desaparición de los jóvenes) no tuvieron la velocidad que requería el caso, lo requería no tanto porque se tratara de gente del barrio de Tepito, sino porque ésa fue una demostración hacia la población del DF. Cómo es posible que hayan desaparecido a plena luz del día”, consideró.

Dijo que es fundamental exigir a la autoridad presentar a los responsables, pues si bien es cierto que hay gente detenida en calidad de implicados, no se ha precisado su responsabilidad en la muerte de los jóvenes cuyos cuerpos se ubicaron, el 22 de agosto, en una fosa clandestina en el Estado de México.

La estrategia empleada por el gobierno de la ciudad no fue funcional en términos de eficiencia, a juzgar por el tiempo que ha transcurrido, pues en criminología entre más tiempo pase, más difícil será saber con certeza lo que ocurrió, recordó.

“No nos han dicho si ellos fueron los que los mataron, si ellos fueron quienes los enterraron, ¿será porque realmente hay algo ahí que puede tirar todos los argumentos que han dirimido las autoridades?”, preguntó el académico de la UNAM.

Jiménez Ornelas consideró que el procurador general de Justicia de la capital, Rodolfo Ríos Garza, y el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, deberán responder a los familiares por el tiempo transcurrido sin la captura de el o los homicidas.