jorge.ramos@eluniversal.com.mx 

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, encabezado por el diputado local Fernando Espino Arévalo, infiltró la estructura jurídica de dicha dependencia durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, al lograr que el abogado Carlos González Bernal presuntamente permitiera una derrota jurídica que facilitara al gremio hacerse de dos mil 343 plazas de confianza y catalogarlas como de base.

Hoy ese litigio mantiene en confrontación al sindicato y a la administración del Metro, que encabeza Joel Ortega Cuevas.

Leticia Bonifaz, consejera jurídica del Gobierno del Distrito Federal en la gestión de Marcelo Ebrard, dijo en entrevista que dicho abogado —quien renunció el pasado 12 de julio— no defendió al Metro con toda la intención de que se adjudicaran las plazas al sindicato de Espino.

El Metro denunció ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) el “fraude procesal” en que habría incurrido González Bernal, aunque Bonifaz reconoció que desde que llegó Marcelo Ebrard al gobierno de la Ciudad de México detectaron la irregularidad, pero se percataron también de que, de haber delito, éste ya habría prescrito, por lo que no se podía emprender acción legal alguna en contra del funcionario.

“Consideramos que el Sistema nunca se defendió y la procuraduría debe investigar por qué y qué dio pie a que estas plazas estén terminando en manos de familiares de dirigentes del sindicato que además corresponden a las más altas denominaciones”, declaró el lunes Joel Ortega, director general del STC Metro, en una conferencia de prensa.

González Bernal, quien ingresó a una plaza del Metro y poco tiempo después fue ascendido a “Nivel 14” —un puesto que tiene un sueldo de unos 20 mil pesos mensuales—, fue el que el 20 de febrero de 2004 firmó de recibido la notificación de la demanda en la que el sindicato pide basificar plazas de confianza.

“En la administración pasada no hubo ninguna diligencia que se estuviera litigando, ésta en particular tenía el problema de que no se atendió en 2004. Ahí el juicio se clasificó en rebeldía (porque el Metro no contestó ningún requerimiento ante el juzgado que sólo recibió los alegatos y pruebas del Sindicato)”, explicó Bonifaz en entrevista.

“En nuestra gestión (2006-2012) lo que hicimos fue buscar si todavía podría reencauzarse como un problema de falta de competencia, entiendo que el caso todavía no está cerrado y va a una revisión ante un Tribunal Colegiado”, añadió la ex consejera jurídica del DF.

Al preguntarle a Bonifaz por qué no actuaron en contra de González Bernal dijo que “los tiempos en tribunales son tan lentos que cuando se detectó (el ilícito) ya había prescrito”.