Según el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los siguientes son algunos de los 73 señalados como responsables de las desapariciones forzadas durante la "guerra sucia" de los años 70 y 80.

De la extinta Dirección Federal de Seguridad, sus ex directores Andrés Acevedo Figueroa, Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro, así como los comandantes José Salomón Tanuz, Jesús Miyazahua Álvarez y Jorge Obregón Lima.

De la Procuraduría General de la República, el informe menciona al comandante Guillermo Casillas Romero, al ex teniente coronel Francisco Quiroz Hermosillo y al ex capitán Arturo Acosta Chaparro.

También es mencionado directamente el veracruzano Fernando Gutiérrez Barrios.

En Tamaulipas, el ex presidente Luis Echeverría se deslindó de las violaciones cometidas durante la "guerra sucia" y dijo "no temer ser enjuiciado". Exculpó de los sucesos al Ejército y reconoció que "en ese tiempo se actuó duramente porque las condiciones se asemejaban a la Colombia de estos tiempos".

En tanto, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, aseguró que "sin miramientos de personas, cargos o dignidades" se aplicarán los castigos para los responsables sobre violaciones de derechos humanos.

Reiteró que en esta revisión del pasado (la "guerra sucia") no habrá venganzas ni señalamientos contra institución alguna.

A su vez, el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, confió en que exista voluntad del gobierno mexicano para resolver los casos de desaparecidos, y advirtió que la institución a su cargo no se conformará con la indemnización a familiares de los afectados; "eso es sólo parte de la reparación del daño", manifestó.

Lista de responsables no incluye a ex presidentes

Los responsables de las "desapariciones forzadas" ocurridas durante la "guerra sucia" son 73 servidores públicos pertenecientes a la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), de la Defensa Nacional, de la Procuraduría General de la República, de la Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal, de la Policía Judicial de San Luis Potosí, de la policía municipal de Culiacán y del Ejército mexicano, pero no hay señalamientos contra ex presidentes ni secretarios de Gobernación de esa época.

Entre los nombres de los presuntos responsables se menciona a Fernando Gutiérrez Barrios, ex titular de la Dirección Federal de Seguridad (1958-1970) y ex secretario de Gobernación durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari, así como a los también ex directores de la DFS: Andrés Acevedo Figueroa, Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro.

Además se incluye al coronel Francisco Quirós Hermosillo y al capitán Arturo Acosta Chaparro, presos por supuestos vínculos con el narcotráfico.

En una lista que se difundió ayer por la tarde entre los medios de comunicación y cuya autenticidad fue avalada por funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) son mencionados también los subdirectores de la DFS, José Salomón Tanús, Jesús Miyazahua Álvarez, Jorge Obregón Lima, Rafael Chao López, Rafael Rocha Cordero y Raúl Mendiolea Cerecedo.

Se menciona en forma indirecta al general Hermenegildo Cuenca Díaz, ex secretario de la Defensa Nacional durante el periodo presidencial de Luis Echeverría, y al general Juan Arévalo Gardoqui, secretario de la Defensa durante la administración de Miguel de la Madrid. En la lista que entregó el pasado martes el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández al presidente Vicente Fox, se señala además a Ricardo Condel Gómez, Carlos Álvarez, Arturo Meza, Jorge Fernández, Alfredo Mascorro, Carlos Solana, Jesús Barbosa, Gustavo Melo Palacios, Manuel Madrid, Donato Granados Cuevas, Benjamín N (se ignora apellido), César Garza Espinoza, Juventino Romero Cisneros, Jorge Bustos Chavarría, Elías Sánchez Martínez, Rosendo Bello Valdez, Guillermo Espinoza Benito y Pedro Cañizales, de la DFS.

Por parte de la Brigada Blanca se cita al jefe Marcos Carrasco y los agentes Rodolfo Bonilla, Leonel Arroyo Téllez, Rogelio García Castillo, Juan Hernández Rico, Raymundo Guerrero Ayala, Roberto Rodríguez Núñez, Mario Cabrera Tapia, Rodolfo Blanco Rodríguez, Ricardo Viveros y Gilberto Manuel Bravo.

Además, del grupo "Jaguar" es incluido Mayo Sergio Villanueva y el primer comandante Dámaso Tostado.

De la Procuraduría General de la República se menciona el nombre del comandante Guillermo Casillas Romero, mientras que de la Dirección General de la Policía y Tránsito del DF, se involucra a Francisco Sahagún Baca, Guadalupe Zamora y Manuel Rodríguez Brito.

De la Policía Judicial de San Luis Potosí son involucrados Benjamín Sánchez Tovar y Miguel Ángel Ventura.

En tanto que Marcelino Fuentes y Jaime Cota Félix, elementos de la policía municipal de Culiacán también son mencionados como presuntos responsables.

Por parte del Ejército se menciona al capitán segundo de Infantería, Ricardo Medina Hernández; el teniente (no se menciona su nombre) Corona Castañeda; el coronel Jorge Arroyo Hurtado; el capitán José Miguel Pérez Reséndiz; el sargento Luis Herrera; el subteniente Francisco Pérez Ganet; el coronel Mario Casín; el capitán Carlos Cedillo Meyer, un capitán de apellido Álcaraz y cuatro más cuyo grado no se identifica: Ayac Segura, Héctor Vargas, Juan Vázquez y Macario Castro.

Asimismo, un mayor de apellido Durán, el sargento Alberto Arroyo, el teniente Efrén Martínez, el general Alberto Quintanar, el coronel Felipe Santander Bonilla, el mayor de apellido Cobos y el coronel Juan López Ortiz.

Cabe señalar que en esta lista no se menciona a ningún presidente ni a secretarios de Gobernación de la época.

El ?modus operandi?, en desapariciones forzadas

En su informe, dado a conocer mediante un disco compacto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) revela que según las evidencias obtenidas a través de testimonios e investigación documental y de campo, la "brigada especial" o Brigada Blanca tuvo a su cargo la responsabilidad de enfrentar, a partir de junio de 1976, a los miembros de los grupos guerrilleros; para ello, recurrió con frecuencia a prácticas como allanamientos de morada, cateos ilegales, detenciones arbitrarias, torturas, privaciones ilegales de la libertad y la desaparición forzada de al menos 275 personas.

La brigada estuvo conformada por miembros de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), de la Dirección General de Policía y Tránsito del DF, así como la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y del Ejército mexicano.

Todos ellos, según narra la CNDH, se dedicaban a investigar y localizar por todos los medios a los grupos subversivos, sobre todo, a los miembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre.

Después de detener a los presuntos guerrilleros, los sometían a interrogatorios y los recluían ilegalmente en el Campo Militar número 1; en el cuartel de Atoyac, en Guerrero; en las instalaciones militares de diversas zonas del país; en la Base Aérea de Pie de la Cuesta en Guerrero y en las instalaciones de la DFS, así como en cárceles clandestinas.