La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) al ex comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP), Wilfrido Robledo, y al actual director de la Policía Judicial Federal (PJF), Genaro García Luna, como presuntos responsables de un daño al erario público por 151 millones de pesos, durante su gestión en la PFP. De acuerdo con la denuncia presentada por la Secodam el pasado 13 de julio, Robledo y García además de Pedro Huerta Robles, actual director adjunto de la PJF, y Vicente Pérez, José Alfredo del Valle y Antonio del Río, ex funcionarios de la PFP son responsables de las adquisiciones ilícitas de un avión, cinco helicópteros y 167 vehículos.

La Secodam auditó la gestión de Robledo al frente de la PFP y detectó que: Las adquisiciones fueron directas, es decir, sin licitación. Más de 70 por ciento de los 151 millones fueron comprobados para el ejercicio fiscal de 1999, cuando las compras fueron hechas en el año 2000. Los recursos fueron cargados a la partida 4310 "Acciones policiales especiales", donde para justificar los gastos se requiere de una "urgente necesidad", la cual no existió.

La Secretaría también detectó que en los contratos con los proveedores, todos firmados por Robledo, no se dieron garantías para las aeronaves y que los proveedores incumplieron los contratos. Además, aun cuando las naves fueron entregadas semanas después de lo pactado, los funcionarios de la PFP omitieron aplicar penalidades y no reclamaron 300 mil dólares, en perjuicio del erario.

Cabe mencionar que en varias ocasiones se trató de contactar al vicealmirante Robledo Madrid, hoy alto funcionario de la Secretaría de Marina, pero no fue posible contactarlo.

Denuncian a Robledo por compras ilícitas

El vicealmirante Wilfrido Robledo Madrid, ex comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP), y al menos cinco de sus subalternos, entre los que se encuentra el actual director de la Policía Judicial Federal, aparecen como presuntos responsables en la denuncia que presentó la Secodam ante la PGR por las adquisiciones ilícitas de un avión, de cinco helicópteros y de 167 vehículos. El monto del daño al erario: poco más de 151 millones de pesos.

La PGR investiga además a Genaro García Luna, actual director de la Policía Judicial Federal; a Pedro Huerta Robles, actual director adjunto de esa dependencia; a Vicente Pérez, José Alfredo del Valle y Antonio del Río, ex funcionarios de la PFP. A ellos se les responsabiliza de "haber hecho adquisiciones indebidas", aplicar recursos a otros fines de los destinados y "efectuar pagos en franca violación" a las disposiciones legales.

De acuerdo con la denuncia, recibida el pasado 13 de julio por la Subprocuraduría de Procedimientos Penales "C" y a la cual este diario tuvo acceso, la Secodam auditó la gestión de Robledo al frente de la PFP y detectó lo siguiente: 1. Las adquisiciones fueron directas, es decir, sin licitación, beneficiando a los proveedores.

2. Más de 70 por ciento de esos 151 millones de pesos fueron comprobados para el ejercicio fiscal de 1999, cuando las compras fueron hechas en el año 2000.

3. Los recursos fueron cargados a la partida 4310, "Acciones policiales especiales", en las que para justificar los gastos se requiere de una "urgente necesidad", la cual no existió. Los proveedores, entonces, fueron indebidamente financiados.

4. En los contratos con los proveedores, todos firmados por Robledo, no se dieron garantías para las aeronaves.

5. Los proveedores incumplieron los contratos. 6. Aun cuando algunas aeronaves fueron entregadas semanas después de lo pactado, los funcionarios de la PFP omitieron aplicar penalidades y no reclamaron 300 mil dólares, en perjuicio del erario.

7. Uno de los helicópteros fue comprado y pagado a pesar de que se recibió un aparato y un modelo no convenidos. Otras aeronaves ni siquiera fueron examinadas por personal de la PFP.

8. Los proveedores recibieron más dinero del acordado.

9. Fue desmedida la compra de vehículos y sus blindajes por casi 40 millones de pesos.

En dos denuncias anteriores ?del 19 de febrero y del 9 de marzo, en contra de funcionarios de la PFP por otras adquisiciones irregulares de 17 aeronaves?, Alejandro Gertz Manero, secretario de Seguridad Pública, aprovechó para exigirle a Rafael Macedo de la Concha, procurador general de la República, que se ejerciera acción penal en contra de Robledo y de sus ex subordinados. Pero nada. Esta vez, la Secodam la solicita formalmente.

En varias ocasiones se trató de contactar al vicealmirante Robledo, hoy alto funcionario de la Secretaría de Marina, pero no estuvo accesible al reportero.

La compra del avión Caza

El 20 de diciembre de 1999 Robledo arrastró su pluma para firmar un contrato de compra-venta redactado en inglés. Otro personaje también colocó su rúbrica: Walter Conlogue, presidente de la empresa californiana The Aviation Company Inc.

Daban cuenta de que la PFP adquiría un avión usado Caza C-CN-235, serie C11. La cantidad pactada: 4 millones 550 mil dólares.

El convenio, empero, no incluyó ninguna penalidad para el vendedor, tampoco garantías que salvaguardaran los anticipos y ni siquiera el consentimiento del Comité de Adquisiciones y Arrendamientos de la Secretaría de Gobernación (SG), la instancia indicada para aprobar la compra directa. Pero eso sí, se delinearon algunas cláusulas: la PFP daría un anticipo de 200 mil dólares a la firma del contrato y el resto se pagaría el 14 de enero de 2000, cuando la aeronave fuera entregada.

Las cosas no sucedieron así.

Once días después de la firma del contrato, el 31 de diciembre de 1999, el capitán Alfredo del Valle Caballero, entonces director general de Transportes Aéreos de la PFP (Robledo se lo llevó con él a Marina), solicitó dos cheques: uno por 200 mil dólares y otro por 4 millones 330 mil dólares. El visto bueno a la operación fue otorgado por el vicealmirante Robledo y Vicente Pérez Mendoza, quien fungía como coordinador de Administración y Servicios de la Federal Preventiva, y hoy sigue como subordinado de Robledo.

Hasta el 10 de enero de 2000, fecha para saldar la compra del avión y la entrega de éste, se dio el anticipo de 200 mil dólares ?a través de un cheque, en pesos, pero equivalente al tipo de cambio vigente ese día. Ahí está, en la denuncia, un oficio suscrito por Alfredo Trejo Villanueva, entonces director general de Recursos Financieros de la PFP, enviado a Mónica Ladrón, ejecutiva de Banco Internacional S.A:

"Solicito a usted se gire orden de pago por 200 mil dólares (casi un millón 900 mil pesos) a nuestro proveedor: "Beneficiario: The Aviation Company, Inc./ciudad: Wilmington, North California, USA/banco: First National Bank."

Ocho días más tarde, el 18 de enero, la PFP envió los otros 4 millones 330 mil dólares bajo el mismo procedimiento: en pesos y a través del Banco Internacional.

Pero el avión no llegaba. No hay documentos que señalen alguna medida de presión por parte del vicealmirante o sus subalternos hacia la compañía aérea. En cambio, de The Aviation Company sí existen registros de condiciones. Dice un oficio, con fecha del 29 de febrero de 2000 y enviado por Estanislao Eslava, de la empresa Servicios Aeronáuticos Integrales: "Le recuerdo (Vicente Pérez Mendoza) que el señor Walt (Conlogue) sigue en espera de la carta, informando que el pago de 20 mil dólares restantes referente al Casa 235 serán liquidados en el momento en que el avión llegue a México."

Ciertamente, esos 20 mil dólares eran el finiquito del total de los 4 millones 550 mil dólares. Sin embargo, la Secodam encontraría que la PFP acordó con Conlogue que la compra quedara en un precio de 4 millones 530 mil dólares. En otras palabras: ya estaba pagado el avión.

Conlogue, sin embargo, encontró la forma para cobrar esos 20 mil dólares: exigió a la PFP la diferencia de tipo de cambio de moneda. Robledo giró instrucciones para que se los pagaran el 10 de marzo, cuando, por fin, llegó el Casa 235 a México. Los auditores estiman que se perjudicó al erario con 115 mil dólares.

La Secodam no encontró registros de que ese avión haya sido probado por pilotos de la PFP ni que cumpla las normas de calidad.

Helicóptero: compra sin concurso

Robledo leyó el documento que Gabino Salazar Sáenz, gerente general de Servicios Aéreos Especializados Mexicanos S.A. de C.V. (SAEMSA), le envió la mañana del 28 de julio de 1999.

"De conformidad a las pláticas que hemos sostenido con usted, nos permitimos presentarle a su consideración la siguiente propuesta (?)."

De toda una larga lista de aeronaves a Robledo le interesó un helicóptero Puma 330-J, usado. Pero la PFP no tenía dinero. Habría que esperar un mejor momento: quizá a fin de año, cuando se dieran fondos al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Ese día llegó. Fue el 23 de diciembre de 1999, tres días después de que firmara el convenio con The Aviation Company. Representando a Gobernación, el vicealmirante signó un convenio para adquirir el Puma 330-J, número de serie 1614, matrícula XASRM. El precio: un millón 451 mil 300 dólares, con IVA incluido.

El dinero ya lo tenía. Desde el 17 de diciembre se había solicitado la transferencia de fondos. Por eso Wilfrido Robledo no dudó. Otra adjudicación directa. Otro cargo a la partida 4310.

Le empresa vendedora tenía que cumplir una condición en un plazo de 90 días naturales: obtener el consentimiento de Banco Paribas y de Pemex (accionista de la empresa vendedora) para enajenar el Puma 330-J. Fue la única garantía que pidió el vicealmirante; no tomó en cuenta el costo de mantenimiento, de refacciones, de soporte técnico ni lo que costaría capacitar a los pilotos para usar el helicóptero.

Sería el propio Robledo quien violara las reglas, quien contraviniera al artículo 44 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.

El 14 de febrero, aun sin tener asegurado el consentimiento de Banco Paribas y Pemex, giró instrucciones para que se pagara el total del helicóptero a la vendedora, en una cuenta de Banca Serfin. El 1 de marzo recibió del 2000 recibió la aeronave.

Los tratos con los rusos

El mismo 31 de diciembre de 1999 se pidió dinero para adquirir tres helicópteros rusos MI-8MTV-1, con un costo total de 4 millones 650 mil dólares. Total, lo incluirían en la partida 4310 y lo comprobarían para el ejercicio fiscal de 1999, a sabiendas que sería hasta el 2000 cuando hicieran los tratos.

La compra, efectivamente, se formalizó hasta el 20 de febrero de 2000, con Robledo como representante de Gobernación. Esta vez el proveedor fue la empresa rusa CSC Aviation Company Aviabaltica. Las garantías debidas (anticipos salvaguardados, por ejemplo) importaron poco a los funcionarios de la PFP. Sólo querían que esa compañía rusa les entregara los helicópteros en las fechas acordadas. Dos debían ser entregados el 24 de marzo y otro el 3 de mayo. De lo contrario, llegaron a plantear, se harían acreedores a penalidades.

Pero si los anteriores proveedores habían hecho de las suyas, los rusos no rompieron la tradición.

Sergej Slivko, representante de CSC Aviation Company Aviabaltica, les entregó los dos primeros helicópteros con 14 días de retraso. Y el tercero, con 57 días.

De ahí que en la denuncia la Secodam contemple casi 180 mil dólares que Robledo y subordinados omitieron cobrar a todos los proveedores mencionados por no respetar los acuerdos.

Otra vez, contratos sin garantías

Apenas había salido de unas compras, cuando Robledo ya estaba en otro negocio. Era el 27 de marzo de 2000. Esta vez sería un helicóptero, versión para pasajeros, MIL MI17, número de serie 95721.

Según el contrato, redactado en inglés y firmado por Robledo, el precio pactado fue de un millón 550 mil dólares. El proveedor: una compañía rusa, asentada en Kazan, llamada Helieuropa Services. Pedro Sáenz Maturana fue quien quedó como operador de la empresa aérea, pero con quien más trato tendría la PFP sería con otro ejecutivo, Estanislao Eslava, el mismo hombre que representó a The Aviation Company en la compra del Casa 235 usado.

La PFP, dice el convenio, daría un primer pago de 620 mil dólares (40 por ciento del importe total), "una vez que se reciba el aviso de embarque"; el segundo abono, de 775 mil dólares (50 por ciento ), luego de que fuera "firmada el (sic) protocolo de acta de entrega y probado el helicóptero en la base del comprador"; y un tercero, de 155 mil dólares (el restante 10 por ciento ), cuando "el vendedor presentara certificado de aceptación de los cursos y mantenimiento al personal del comprador". La entrega del helicóptero sería el 26 de abril. La PFP siguió el mismo camino que tuvo con el Casa 235: contrato sin garantías, cláusulas sin cumplir, dinero cargado a la partida 4310 (solicitado desde el 31 de diciembre de 1999; es decir, tres meses antes del contrato los funcionarios de la PFP ya sabían a quién le comprarían un helicóptero).

Sin embargo, los cálculos de Robledo volvieron a fallar, igual que el proveedor: Era 19 de abril y la PFP liquidó el helicóptero en un solo pago. De la aeronave se supo un día después, cuando Eslava le escribió a Pérez Mendoza, con copia para el vicealmirante: "(En) la fábrica, anticipándose a la orden de embarque final del helicóptero 95721 seleccionado inicialmente (?), se decidió por unanimidad cambiar el helicóptero (?) Eso se logró gracias al tesón del fabricante que considera a ustedes un cliente potencial?" La fábrica, pues, impuso sus condiciones. El nuevo helicóptero sería el 96077. Ambas partes ignoraron el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones ("cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito con sus respectivas penalizaciones").

El 22 de abril Pérez Mendoza le respondería escuetamente a Eslava: "Se acepta el cambio de equipo".

El helicóptero, con dos meses de retraso, llegaría el 27 de junio de 2000, aunque se trató de justificar, sin éxito, que fue entregado el 19 de abril.

Los 167 automóviles

A la PFP también le hacían falta automóviles. Entre septiembre de 1999 y enero de 2000 Robledo autorizó la compra de 167, incluyendo siete motocicletas. Se gastaron poco más de 37 millones de pesos.

Así se fueron dando las compras: El vicealmirante autorizó un gasto total de 6.76 millones de pesos, entre los que incluyeron un millón de marcos alemanes. Adquirió cinco Tsuru, 20 Chevy, un Stratus y otro más no especificado: 27 vehículos.

Genaro García Luna, ex coordinador de Inteligencia de la PFP (hoy director de la PJF de la PGR), ejerció 6.1 millones de pesos. Con ellos adquirió siete motocicletas, 10 Tsuru, 40 Chevy, 25 autos usados y equipo "educacional y recreativo".

Y Pedro Huerta Robles, ex director general de Instalaciones Estratégicas (ahora trabaja con García Luna), pidió a Robledo 25.5 millones de pesos, de los cuales 14.6 serían para adquirir 58 vehículos, 9.7 para blindaje de autos y el resto para ropa blindada y equipos de comunicación. El vicealmirante se los aprobó.

La Secodam encontró irregularidades: 1. La Secretaría de Hacienda sólo autorizó destinar 2.1 millones de pesos para la adquisición de vehículos en 1999.

2. Las adquisiciones fueron directas, sin licitación alguna.

3. "No se permite establecer que los bienes adquiridos estuviesen afectos a la realización de acción excepcional, por lo que no se justifica el empleo de los recursos asignados a la partida 4310".

4. Varios de los vehículos ni siquiera tenían los documentos en regla.

5. Los vehículos comprados en enero de 2000 se comprobaron en el ejercicio de 1999.

En la página 116, la última de la denuncia, la Secodam solicita a Macedo de la Concha ejercer acción penal. Desde entonces ya pasaron dos meses. Pero aún no hay nada.