La Procuraduría Fiscal de la Federación solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) girar órdenes de aprehensión contra funcionarios del Consorcio Azucarero Escorpión (Caze), entre los que figuran Julio Scherer Ibarra, David Gómez Arnau y Héctor Sabas Islas, presuntos responsables de realizar ilícitamente el cobro de subsidios destinados a la industria del dulce.

A la presunta apropiación de recursos públicos se suman denuncias de la Procuraduría Fiscal de la Federación por defraudación contra los miembros del Consejo de Administración de Caze, entre los que también está Scherer Ibarra, además de Enrique Molina Sobrino, quienes habrían dejado de pagar cientos de millones de pesos por concepto de de impuestos que retuvieron por sus operaciones a terceros y que no enteraron al fisco.

Dada la gravedad de los delitos, de consignarse el caso a las autoridades judiciales los presuntos responsables del aprovechamiento particular de subsidios y fraude al fisco no podrían obtener libertad bajo fianza, según expusieron autoridades cercanas a las investigaciones.

Las mismas fuentes señalaron que en fechas próximas podrían presentarse otras tantas denuncias en contra de las personas involucradas en estos hechos.

De acuerdo con los informantes, algunos funcionarios encargados de investigar y denunciar la evasión fiscal y la desviación de subsidios públicos han recibido amenazas e intimidaciones.

Según la documentación entregada a la Procuraduría General de la República, en los años de 1997 y 1998 el consorcio azucarero, a través de engaños y maquinaciones, consistentes en la aportación de datos falsos y en confabulación con servidores públicos de diversas dependencias, realizó ilícitamente el cobro de recursos públicos destinados al sector azucarero, sin cumplir con la normatividad que para tales efectos se estableció.

El monto obtenido por el pago de dicho subsidio asciende a más de 15 millones de dólares.

En el año de 1999, funcionarios de Caze y de las empresas que lo conforman simularon exportaciones por más de 130 mil toneladas de azúcar, con la finalidad de obtener nuevamente en forma ilícita recursos por varios millones de dólares, según expusieron las mismas fuentes.

Para esta operación pretendieron hacer creer a las autoridades, mediante engaños, que había salido dicha cantidad de azúcar del territorio nacional, recordaron las fuentes.

Sin embargo, autoridades hacendarias de comercio exterior comprobaron que no se llevó a cabo esta operación, ya que el producto jamás fue transportado en los vagones que, según los funcionarios del consorcio, habrían sido empleados en estas acciones, ni fue manejado en la forma en que lo habían señalado en los propios pedimentos de importación.

A pesar de que fue descubierto el engaño, los funcionarios de Caze intentaron confundir a las autoridades manifestando que la mercancía había sido manejada por otros barcos, lo cual puso en evidencia su maquinación con el fin de hacer pensar que sí se realizaron las exportaciones, añadieron.

Lo anterior se confirmó luego de que la capitanía del puerto señaló que los nuevos nombres de los barcos aportados no coincidían con la realidad.

Después de que las autoridades correspondientes demostraron que no había sido exportada el azúcar, los funcionarios del consorcio presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal argumentando que las supuestas toneladas de azúcar que se iban a exportar habían sido robadas.

Posteriormente los representantes de Caze manifestaron ante el Ministerio Público investigador que ya había aparecido la mercancía en las diferentes bodegas en las que tiene almacenadas su producción, pero de acuerdo con las fuentes resulta increíble que más de 130 mil toneladas de azúcar se hubieran extraviado y después aparecido.

Este hecho dejó al descubierto claras conductas dolosas por parte de funcionarios de Caze, con el fin de tratar de obtener el pago de un subsidio que no les correspondía, dijeron.

Entre los servidores públicos que habrían participado en la confabulación contra el patrimonio público figuran José Luis Perdigón Labrador, ex director general de Abasto de la actual Secretaría de Economía, y Andrés Puente Ávila, director de Administración de Financiera Nacional Azucarera.