La actual crisis del sistema penitenciario fomenta privilegios para aquellos que tienen recursos económicos y abusos para las personas que carecen de éstos para enfrentar un proceso penal, advierte el especialista en Derecho Penal, Salvador Hellmer Miranda. Señala que los grupos más vulnerables son los indígenas, mujeres y reos con carencias económicas, cuyas familias sufren humillaciones y vejaciones. "Demuestra que la ley es una mercancía que se compra y se vende".

Hellmer Miranda dice que uno de los problemas principales en la elaboración de leyes en materia penal es que éstas no se adaptan a la realidad y momento histórico del país.

En su proyecto Reforma Integral del Sistema Penitenciario Mexicano, que fue presentado al presidente Vicente Fox, indica que las mujeres procesadas sufren el abandono de sus familiares y la carencia de una defensa legal eficiente, "debido a que los abogados no tienen que rendir cuentas a personas que se preocupen por ellas".

En el caso de los indígenas advierte que en la mayoría de sus casos aparece la pobreza, marginación e ignorancia, que los lleva a enfrentar juicios en una lengua diferente a la de su etnia.

?La ley, una mercancía que se compra y se vende?

Ocurrió hace varios años. Un día, el abogado Salvador Hellmer Miranda acudió al penal de Santa Martha Acatitla a deshoras: eran más de las 11 de la noche. Lo acompañaba un actuario. Iban a notificar a las autoridades del reclusorio sobre la liberación de un preso.

Abogado y actuario ingresaron al penal. Atravesaron el área administrativa, patios, módulos. Los guardias cedieron paso, abrieron candados y rejas. La cárcel estaba silenciosa, oscura. Caminaron por varios pasillos para llegar a la celda del cautivo. Un detalle tenía cada vez más extrañado al litigante: ?¿Por qué todas las celdas están tapadas con sábanas? ?preguntó al actuario.

Él simplemente encogió los hombros en señal de desconocimiento. El custodio que los acompañaba sonrió con benevolencia y terció en el incipiente diálogo: ?No están tapadas. Lo que ocurre es que así duermen algunos presos.

?¿Cómo? ?preguntaron, casi al unísono, extrañados, abogado y actuario.

?Sí ?explicó el custodio. Lo que pasa es que hay exceso de gente y no caben en las celdas. No hay lugar. Las literas y el piso están ocupados. Los que no tienen conexiones ni lana para pagar y no se han ganado a golpes un espacio, ponen su sábana en la reja y luego algún compañero los amarra a ella. Así duermen. Habían llegado ya a la celda del reo que sería liberado. También la reja estaba cubierta por una sábana, sobre la cual, amarrado, dormía un individuo: era el mismo que esa noche dejaría la prisión.

Este hecho marcó la vida profesional de Salvador Hellmer Miranda. Tenía poco tiempo de haber regresado al litigio, después de ocupar durante dos décadas varios cargos de nivel medio en distintas dependencias, entre ellas la Secretaría de Gobernación, donde fue subdirector de Migración y de Sorteos a finales de los 80. Al terminar la licenciatura en Derecho en la UNAM, realizó una maestría y se especializó en Derecho Penitenciario, pero durante largo tiempo no pudo poner en práctica sus estudios y conocimientos en esta materia, hasta que ocupó una dirección en la Defensoría de Oficio del Distrito Federal. Al concluir el ciclo de funcionario y abrir de nuevo su despacho, encontró que la realidad era mucho peor de lo que imaginaba. Pronto conoció de hacinamiento, corrupción, violación a los derechos humanos. En suma, los presos en su condición de animales, sin ninguna posibilidad de reinsertarse en la sociedad. Supo de casos concretos, algunos de los cuales él llevó como abogado. Sólo destaca un dato: más de mil individuos están sujetos a proceso, y recluidos en diversas cárceles del país, por robos de menos de 100 pesos.

Expone el abogado Hellmer: "En ámbitos leguleyos se dice que el Código Penal es para los pobres y el Código Civil para los ricos. Esta frase, aunque burda, encierra mucho de verdad, pues si analizamos la composición sólo de los sentenciados, un 75 por ciento de ellos son de origen popular".

Así, añade, ni siquiera se puede hablar de violación de algunos derechos, sino en todo caso de carencia de ellos, pues "no se puede violar algo que no se tiene".

Plantea que uno de los problemas sustantivos en la elaboración de leyes, y particularmente en materia penal, es que son éstas las que se deben ir adaptando a la realidad o al momento histórico que está viviendo el país; de otra forma continuará ocurriendo lo que muchas veces ha sucedido: que leyes obsoletas son aplicadas a situaciones concretas.

"Corresponde al Legislativo ?propone? un análisis exhaustivo de la realidad que vive el país, y como resultado del mismo, la elaboración de leyes que sean capaces de reflejar una correspondencia fiel entre teoría y práctica. Si no, seguirá ocurriendo lo que sucedió en la Francia del siglo XIX, cuando fue necesario que Víctor Hugo escribiera `Los Miserables` para que el Código Napoleónico fuera modificado, y los Jean Val Jean dejasen de ir 19 años a la cárcel por robar un pan para comer."

De victimario a víctima

El especialista en derecho penitenciario explica: "Es común que al delincuente se le considere victimario ya que para cometer el delito debe de alguna forma someter a sus víctimas, pero, cuando su proceso es mal integrado e injustamente encarcelado, el sistema judicial y penitenciario se convierte en el victimario y el presunto delincuente y su familia inmediata en las víctimas."

Debido a las deficiencias del sistema penitenciario, dice que más de 140 mil familias sufren humillaciones y vejaciones y cada vez más gastos para la manutención de sus internos en los reclusorios. Y es que, desde el momento de la detención y consignación, hasta la sentencia y el cumplimiento de la pena, "generalmente los procesos se encuentran plagados de irregularidades, de omisiones, de elementos contradictorios o simplemente de falta de voluntad para llevar a cabo un juicio justo y adecuado".

La experiencia del litigante le indica que la capacidad económica del enjuiciado es la que muchas veces determina el curso de su juicio: "Desgraciadamente, esto nos demuestra que hoy la ley es una mercancía que se compra y se vende".

En muchos casos, observa, criminales que merecían penas máximas y el duro rigor de la ley pueden, merced a "dádivas económicas", alterar procesos y sentencias a su favor, mientras que a otros reclusos se les aplica las más duras penas debido su falta de recursos económicos.

Mención aparte merece el cumplimiento de una condena: "La vida al interior de un penal depende también de la capacidad financiera del recluso. La compra de espacios, de alimentos, de ropa y hasta de protección, están todas a la orden del día dentro de los penales. El tráfico de drogas, alcohol, armas y aparatos eléctricos entre otros, convierten a los penales en verdaderos mercados del hampa, bajo la anuencia, participación o soslayo de las autoridades que deberían ser las encargadas de vigilar el cumplimiento de leyes, reglamentos y manuales de procedimiento y su estricta aplicación".

Aún más: "En la mayoría de los reclusorios se vende hasta la visita íntima: todo tiene un precio y generalmente muy caro. Existen internos que tienen hasta cinco celdas para sí y disfrutan de servicio doméstico; en contraste, 15 personas o más comparten una sola celda, evidentemente los más pobres. La sobrepoblación y el hacinamiento de los reclusorios es alarmante: donde hay cupo para dos internos, duermen ocho".

Y continúa: "Ni qué decir de las recurrentes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Esta es una constante que día con día deben padecer no sólo reclusos sino hasta familiares y visitas que concurren a las cárceles. Sobre el particular existen múltiples y documentados casos".

Además, lamenta "la falta de personal capacitado, de recursos materiales y financieros y una excesiva burocracia improductiva", porque esa combinación de factores "hacen más difícil la ya de por sí ardua tarea de dirigir los reclusorios".

Mujeres e indígenas presos

Salvador Hellmer destaca dos aspectos más del sistema penitenciario que deben ser atendidos con "urgencia": Las mujeres y los indígenas presos.

En el primer caso las define como "presas al cuadrado" y explica por qué: "Las instalaciones para visitas conyugales no son suficientes en las cárceles de hombres; en cambio, sólo el 13 por ciento de las presas son frecuentadas por sus parejas y únicamente 40 por ciento son buscadas por sus familiares. En contraste con los varones, la pérdida de la libertad y la dignidad para las mujeres, cuando van a prisión, se agrava con el angustioso abandono de los suyos. Cuando ellos van a la cárcel, ellas continúan la relación; cuando las mujeres son detenidas, ellos las dejan y, si son casados, piden de inmediato el divorcio".

Expone: "El retiro de afectos y sus penosas consecuencias, es el más severo de los castigos que padecen las mujeres privadas de libertad. Cuando se da, ellas son abandonadas por su familia y por su hombre. Al ser encarceladas, la poca estima que reciben las mujeres, por el sólo hecho de serlo en una sociedad machista como la nuestra, les es automáticamente retirada. "Por si fuera poco, esta carencia repercute en defensas legales deficientes, debido en gran parte a que los abogados no tienen que rendir cuentas a personas que se preocupen por ellas, y por esto mismo el descuido jurídico desemboca en delitos mayores como la falsificación de documentos, o el entorpecimiento del papeleo para que los hijos menores de seis años puedan ingresar al penal. "Al hombre detenido se le manifiesta el apoyo familiar desde el inicio del proceso de enjuiciamiento hasta que se le dicta la sentencia, mientras que en el caso de las reclusas la situación es a la inversa, ya que conforme avanza el proceso se les va dejando solas. Cuando las detenidas son indígenas, el desamparo se intensifica."

El abogado informa que existen actualmente más de 8 mil 700 mujeres presas en distintos reclusorios del país y destaca que, si bien existen criminales mujeres de alta peligrosidad, es un hecho que la gran mayoría cae en la cárcel luego de delinquir por primera ocasión; además, son más fácilmente "readaptables" a la sociedad que los varones, por lo cual considera "urgente" un replanteamiento del esquema de privación de la libertad a las mujeres.

El otro aspecto, el de indígenas presos, también resulta relevante: "El México de abajo ?subraya? está formado por una gran diversidad de pueblos, comunidades y sectores sociales; lo que los une y distingue del resto de la sociedad nacional es que son grupos portadores de diferentes maneras de entender el mundo y organizar su vida, concebida a lo largo de un proceso histórico complejo".

Actualmente, más de 7 mil 400 indígenas se encuentran en calidad de procesados y sentenciados en las 447 penitenciarías del país. Y el número de presos de este sector de ciudadanos mexicanos va en aumento año con año. Así, en 1990, en pleno apogeo de la reforma al artículo cuarto constitucional y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ambos a favor de los derechos de las etnias, el registro oficial era de 3 mil 500, lo cual significa que poco más de 10 años después, el número se duplicó. El 50 por ciento de los presos indígenas se concentra en los estados de Oaxaca, Veracruz, Puebla y Chiapas.

Las principales causales son: delitos contra la salud (producción o transporte de droga), portación de armas no autorizadas (incluye escopetas para cazar y posesión de pólvora utilizada para los juegos pirotécnicos de uso festivo), daños patrimoniales (casi siempre relacionados a problemas agrarios) y lesiones y homicidios (riñas), en ese orden.

Hellmer advierte que en el proceso y sentencia de la mayoría de los presos indígenas inciden tres factores: pobreza, marginación e ignorancia. De hecho, es común que miembros de diversas etnias desconozcan la lengua oficial del país, "lo que coloca a cualquiera en una situación de vulnerabilidad al no poder defenderse o siquiera conocer en su idioma el delito por el que es acusado".

Sostiene que durante más de 500 años se ha tratado a los pueblos indios como "ciudadanos de segunda". Debe "corregirse" esta situación de manera "urgente", dice, y además de la creación o modificación de leyes y reglamentos, se requiere revisar "caso por caso" el encarcelamiento de cada indígena, para poder dar respuesta y liberar a los que realmente lo merezcan.

Readaptación, a contracorriente

Todos estos elementos fueron los estímulos y las razones para que el abogado decidiera regresar a su país algo de lo que había recibido a lo largo de toda su instrucción en escuelas públicas. Invitó a varios litigantes más y se dividieron el trabajo. Fueron un par de años de investigación de campo, en bibliotecas y en consultas personales con expertos. Más de 500 cuartillas dieron forma al proyecto de "Reforma integral del sistema penitenciario mexicano". Participaron, además de Hellmer, los abogados Fredie Vázquez, María Luisa Velasco y Silvina Elgarte.

Un primer documento le fue entregado a Vicente Fox durante su campaña. Después, el material ampliado fue incluido en el proyecto que elaboró el área de seguridad y justicia del equipo de transición. El trabajo fue avalado, en esa misma época, por la Asociación México Unido contra la Delincuencia, dirigida por Guillermo Velazco Arzat, cuyas propuestas presentadas públicamente en septiembre del 2000 fueron prácticamente el proyecto coordinado por Hellmer Miranda. También hubo comentarios positivos de otros especialistas como Mauricio Tornero y Miguel Sarre, a quienes el abogado les solicitó orientación.

El camino no ha sido fácil, asegura. Y alerta: "Si bien existen sujetos psicóticos que cometen crímenes aberrantes y delincuentes enganchados con las redes del crimen organizado, es sabido que la mayor parte de los reclusos se encuentran en prisión por delitos menores e, incluso, existen numerosos inocentes que purgan condenas por la ineficiencia de ministerios públicos y de otros funcionarios judiciales".

Sin embargo, reconoce que la demanda de penas más graves ?incluida la de muerte?, de una mayor dureza policial, de mayor severidad jurisdiccional, de más cárcel, son las rudas muestras de esa "cultura punitiva" que cada vez invade más todos los rincones de la sociedad. En esta situación, plantear la importancia de rehabilitar a los reclusos se hace "cuesta arriba" porque no hay aprobación en la sociedad; la reinserción de ex convictos en el entorno social "parece contraponerse a la lucha contra la impunidad y la inseguridad"; visto así, "esta última debe ganar la partida". Sólo con una "comunicación inteligente" desde el gobierno, afirma, será posible convencer a la sociedad de los beneficios de adoptar una metodología readaptativa para aquellos reclusos que tengan deseos de superación.

Actualmente, apunta, los legajos de los internos en los reclusorios están incompletos: sólo contienen acciones legales según su causa, aportaciones del Ministerio Público, sentencia del juez y documentos relativos a su estancia en el reclusorio. Una buena evaluación incluiría varios elementos adicionales que serían muy útiles para una valoración más precisa del recluso, tanto para una posible apelación como para una preliberación. Por ejemplo: ¿de dónde vino?, ¿cómo es su familia?, ¿cómo quedaron los familiares cuando fue detenido?, ¿qué relación tiene con ella?, entre otras cuestiones. "Son datos importantes ?recrimina el abogado? que deben tomarse en cuenta para reconocer la posibilidad de reincidencia o rehabilitación de un interno".

Según su criterio, el proceso que debe seguir un detenido en reclusorios es un estudio criminológico que se aplicaría al ser declarada su prisión preventiva, y de acuerdo con el mismo los especialistas realizarían un diagnóstico, según el cual, se recomendaría una rehabilitación o proceso de integración a la sociedad, con un trabajo entendido como terapia de revalorización ocupacional, junto con psicoterapia grupal e individual.

"El seguimiento de los casos, su clasificación, el trabajo remunerado, la educación y capacitación y la psicoterapia, son una certera garantía de readaptación e integración del inculpado a la sociedad", asevera, convencido.

Un estudio criminológico integral, asimismo, identificaría el peso de los liderazgos más dañinos al interior de los penales. A partir de ahí, el especialista estima que se podrían desarticular las redes delictivas y situar a sus cabecillas en centros de alta seguridad, toda vez que ningún recluso debe desempeñar funciones de autoridad, administración, vigilancia o custodia, como ocurre. De hecho, "los jefes de mafias internas se convierten en autoridad alterna, con influencia en todo el penal".