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En medio de un intenso cabildeo por parte del gobierno federal y organizaciones civiles, en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia se perfila una posible propuesta alterna al proyecto del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea sobre el caso de Florence Cassez, que plantearía la reposición del procedimiento y que se dictara una nueva sentencia.

El proyecto de Zaldívar establece que las violaciones al debido proceso son de tal magnitud que no pueden repararse mediante una nueva sentencia. Sin embargo, al menos dos de sus cuatro colegas de la Primera Sala no comparten esta visión y podrían inclinarse por una propuesta que sancione las irregularidades y vicios del proceso, sin invalidar todo el juicio y sus resultados.

Las fuentes señalaron también que entre los cinco integrantes de la Primera Sala hay la intención de que el amparo directo en revisión 517/2011 se resuelva en esa instancia y no en el Pleno, como plantean algunos de los actores involucrados.

Para ello han escuchado a todas las partes involucradas, entre ellas a la defensa de Cassez y al asesor jurídico de la Presidencia de la República, Miguel Alessio Robles, así como a diversas ONG, algunas en favor del proyecto y otras en contra.

Otra de las personas que ha acudido a la Suprema Corte es Lizeth Parra, titular de la unidad de Información y Análisis de la Secretaría de Seguridad Pública federal, quien se ha entrevistado con algunos de los ministros para defender la detención de Cassez y pedir que no sea considerado el montaje de su detención como elemento clave de la sentencia.

Miguel Alessio Robles, aseguran las fuentes, ha establecido contacto con varios de los ministros, entre ellos el presidente de la Corte, Juan Silva Meza.

Uno de los desacuerdos entre algunos de los ministros con el proyecto de Zaldívar es, precisamente, la afirmación de que el montaje mediático vició todo el proceso y las pruebas en contra de la francesa Florence Cassez.

En el análisis del expediente, indican las fuentes, se han encontrado detalles que podrían sustentar los testimonios de las víctimas, y que fueron valorados en las sentencias de primera y segunda instancia, como un depósito por 50 mil pesos en favor de Florence Cassez y recibos a su nombre, correspondientes al rancho Las Chinitas.

Javier Angulo, especialista en Derecho Constitucional del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), explicó que en el derecho comparado internacional existen antecedentes en los que las violaciones al derecho de notificación y asistencia consular se sancionaron con la reposición del procedimiento.

Entre éstos citó el caso Avena, litigado por México ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), por mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos a los que no se les respetó el derecho a recibir asistencia consular.

También, a solicitud de México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la Opinión Consultiva OC 16/99 estableció que el derecho a recibir asistencia consular es uno de los componentes del debido proceso, pero en los casos concretos que ha resuelto ha ordenado la reparación del daño y no ha planteado la liberación del procesado o sentenciado.

El especialista destacó que el derecho a la asistencia consular sí está incorporado al sistema jurídico mexicano, pero que no existe una sanción específica asignada en el caso de violación a esta garantía.

“El problema en este caso es que a la falta de asistencia consular se sumaron la dilación en la puesta a disposición ante el Ministerio Público y el montaje televisivo, y no hay en el derecho mexicano una sanción asignada a estas violaciones en conjunto”, precisó el experto.

La propuesta del ministro Zaldívar es que la sanción sea la nulidad del proceso, pero cada uno de los ministros de la Suprema Corte puede tener una opinión diferente y proponer otra distinta.

Sube el debate

Las organizaciones de derechos humanos también han hecho notar su presencia en el debate.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la presidenta de la organización Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, demandaron a la Suprema Corte tomar en cuenta los derechos de las víctimas en este caso. La CNDH ha señalado también que se debe castigar a las autoridades que violaron el debido proceso de los inculpados.

Miranda de Wallace, actual candidata del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno de la Ciudad de México, afirmó que debe haber una sanción para los responsables de organizar un montaje mediático en la detención de Florence Cassez, y pidió que no sean las víctimas “las que paguen los platos rotos”.

Entrevistada en la Suprema Corte, a donde acudió para cabildear contra la liberación de Florence Cassez, dijo no saber si la sanción debe ser para Genaro García Luna, entonces director de la Agencia Federal de Investigación y actual secretario de Seguridad Pública federal.

En lo que dijo no estar de acuerdo, afirmó, es que las víctimas deban pagar las consecuencias de las ineptitudes o las culpas de las autoridades.

Miranda de Wallace, quien estuvo acompañada por víctimas que señalan a Florence Cassez como parte de la banda de secuestradores Los Zodiaco, se entrevistó en reuniones privadas y por separado con los cinco ministros que integran la Primera Sala de la Corte, a quienes pidió llevar el asunto al pleno, por su relevancia y su impacto en el sistema jurídico.

En el otro extremo se encuentran la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vittoria, que han manifestado su respaldo al proyecto, criticando las violaciones al debido proceso.