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WASHINGTON.— A pesar de los logros del gobierno de México en la decapitación de los cárteles de la droga, las autoridades mexicanas siguen enfrentando “retos significativos” para reducir la violencia, para contener la diversificación del crimen organizado hacia otras actividades como la extorsión, el tráfico de personas y el secuestro o combatir la corrupción, el lavado de dinero y el aumento del consumo interno.

El diagnóstico, contenido en el reporte anual sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos del Departamento de Estado, destaca además los problemas que confronta México en el frente de la reforma judicial, una asignatura pendiente en 20 de 31 estados de la república.

El informe enfatiza que, aunque el imperio de la ley mejora a nivel federal, las autoridades estatales y municipales “son aún vulnerables a la corrupción” y están implicadas en movimientos y contrabando de drogas e impiden operaciones federales y militares.

Gira la delincuencia

En la narrativa que ofrece el Departamento de Estado en su informe, se establece que el éxito de las autoridades mexicanas no ha estado exento de consecuencias. Como la diversificación de estas organizaciones criminales que, ante el embate de las fuerzas armadas y policiales y ante la pérdida de sus ingresos por la comercialización de la droga, han comenzado a dar un giro hacia otros ámbitos delincuenciales:

“Están reconduciendo sus actividades hacia otras actividades criminales como el secuestro, la extorsión, el tráfico de personas y la venta al menudeo de drogas”.

Además, señala, “los esfuerzos del gobierno de México por capturar o eliminar a los líderes criminales trasnacionales han traído la fractura de las organizaciones criminales que se disputan las rutas y buscan controlar a las comunidades asesinando o torturando a agentes policiales, periodistas y funcionarios del gobierno”, dice el reporte.