Especialistas e investigadores independientes, además de arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH),  señalaron que en los estados se vive una situación grave de saqueo de piezas que son patrimonio de la humanidad, principalmente porque  autoridades encargadas de investigar los casos no están capacitadas para ello.

Ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni las Fuerzas Armadas saben del manejo de las piezas arqueológicas, de procesos de investigación o diferenciar entre una real o una simple artesanía, aseguraron.

Expertos en el área afirmaron que, a pesar de que a veces el INAH o los investigadores independientes  hacen denuncias por saqueos, la PGR en pocas ocasiones acude al lugar, en algunos casos por lo apartado de los sitios o a veces, por falta de interés.

Además, acusaron de la poca difusión de información en las comunidades para que los habitantes sepan cuándo denunciar y cuándo registrar piezas encontradas. “La lejanía de estas comunidades de las autoridades permite que con toda impunidad vayan acabando con el tesoro de los mexicanos”, afirmó Fernando Cortés, ex director del INAH en Quintana Roo.

EL UNIVERSAL reveló ayer que de los 42 mil 991 sitios arqueológicos registrados por el INAH hasta junio de este año se considera que 40% de ellos han sufrido saqueos, según afirman especialistas.

Para el arqueólogo del INAH en Nayarit, Mauricio Garduño, las autoridades competentes como la PGR y el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no aplican ningún programa de prevención, menos de persecución contra el saqueo de piezas prehispánicas.

En esa entidad existen 817 sitios arqueológicos registrados, sobre todo, con vestigios de tumbas de tiro, cerámica y metalurgia, así como otras piezas de las culturas de occidente. La mala noticia, comentó Garduño, es que el robo en esta región se ha elevado de una manera importante en los últimos años.

“El saqueo se incrementó en los últimos cinco años con el auge del turismo extranjero en la Riviera Nayarit y es que ahora, los ejidatarios venden las piezas directamente al turista entre 500 y cinco mil pesos”, dijo Garduño.

Helena Barba Meinecke, arqueóloga subacuática del INAH en Campeche, dijo que el problema no radica en lo que hace el instituto, sino en las autoridades aduanales, en la Marina y en la PGR que desconocen cómo seguir de cerca estos casos.

“Es falta de comunicación también; a veces muchas de las dependencias desconocen la legislación en torno a  la protección del patrimonio, piensan que son sólo piezas prehispánicas y se olvidan que hay patrimonio prehistórico, colonial y de la época industrial, de años y años, que está protegido”, comentó la especialista.

El mismo personal de la Marina de México, afirmó, debe proteger este patrimonio, pero desgraciadamente “desconoce acerca de esto”.

 Quintana Roo, “caso grave”

“No cabe la menor duda de que Quintana Roo es de los lugares donde el saqueo y la destrucción del patrimonio arqueológico están a la orden del día”, opinó el arqueólogo Fernando Cortés Brasdefer.

En el estado no sabemos cuántos sitios han sido afectados, pero lo cierto es que se vive una situación muy grave, sobre todo, porque son muchas las comunidades en las que están asentados estos sitios arqueológicos, dijo el ex director del INAH Quintana Roo.

El ejido de Nicolás Bravo, ubicado sobre la carretera Chetumal-Escarcega, detalló, es uno de los mejores ejemplos para demostrar la grave situación que viven las zonas arqueológicas. Aquí, tanto las autoridades ejidales y del municipio de Othón P. Blanco son los que han propiciado la destrucción de la riqueza cultural en gran parte de la mancha urbana.

“La devastación de dos mil 500 hectáreas de vegetación por parte de ejidatarios de la comunidad también acabó con parte de la riqueza maya que está asentada en esta región y que por limitaciones económicas no han sido rescatadas, mucho menos vigiladas”, afirmó.

En esa zona, además, se construye la carretera que unirá a Quintana Roo con Guatemala dentro del Plan Puebla-Panamá, la vía de Arroyo Negro y  durante los trabajos destruyeron vestigios arqueológicos, precisó.

“Son sitios donde se sigue destruyendo de manera alarmante y, a pesar de presentar denuncias ante la PGR, es ahí donde precisamente se pierde el proceso. No volvemos a saber en qué culminó la investigación”.

Habían pedido auxilio en Yucatán

Alfredo Barrera Rubio, investigador del INAH en Yucatán, opinó que es importante que se aplique la Ley de Monumentos y Patrimonio Arqueológico y cuidar las zonas mayas, que son patrimonio de la nación.

Por su parte, el abogado y representante de grupos indígenas y ambulantes de la zona maya de Chichén Itzá, Villevaldo Pech, aseguró que la PGR se preocupa por perseguir a la delincuencia organizada y el narcotráfico, pero  debería tener interés también por otro tipo de problemas,  como lo es el saqueo del patrimonio cultural y arqueológico del país y, en particular, los casos de Yucatán.

Recientemente, el ex alcalde Fausto Peréira Carmona, de Maxcanú, denunció el abandono y saqueo del que había sido objeto desde hace tres años la zona arqueológica de Oxkintoc, cercana a ese municipio. El entonces edil precisó que era necesaria la intervención de la PGR, del gobierno federal y del gobierno del estado de Yucatán para impedir todo ese robo.
Sin vigilancia en Guerrero

En Guerrero, las zonas arqueológicas no cuentan con vigilancia para protegerse y los saqueos siguen por parte de los pobladores que, por ignorancia y necesidad, venden las piezas a los extranjeros, dijo Blanca Estela Villalba, directora y promotora cultura del grupo Capulli Mogote.

El delegado de la Procuraduría General de la República en Hidalgo, David Magaña Muñoz, dio a conocer que no existe resguardo de las zonas arqueológicas en esta entidad y tampoco se ha reportado saqueo de estos centros. (Con información de Dinoraht Mota, Yazmín Rodríguez, Silvia Hernández, Juan José Arreola, Antonio Tello, Adriana Covarrubias y Óscar Gutiérrez, corresponsales).