El desahogo de un recurso de revisión de amparo promovido por la Secretaría de Marina y el contraalmirante Iván Sanders Acedo en el Décimo Tribunal Colegiado, trae nuevas luces sobre la participación de mandos de la Armada de México en el tráfico de cocaína. Entre los personajes de esta historia aparece el almirante Enrique Ramos Martínez, comandante de la importante tercera zona naval con sede en el puerto de Veracruz y uno de los más fuertes candidatos para suceder a José Ramón Lorenzo Franco.

El origen del pleito legal entre la Secretaría de Marina (SM) y Sanders Acedo la desaparición de casi media tonelada de droga que, al parecer, fue sustituida por otra sustancia se remonta a finales de 1992 y principios de 1993, e incluye todo un capítulo de pantomima en la incineración de cocaína.

A las 10 de la mañana del 10 de febrero de 1993, en instalaciones de la 11 zona naval de la Armada de México, en Chetumal (Quintana Roo), se congregaron el entonces gobernador quintanarroense Miguel Borge Marín y miembros de su gabinete; el comandante de esa zona naval, vicealmirante Enrique Ramos Martínez; Celia Pérez Gordillo, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado; Eduardo Ovando Martínez, presidente de la VI Legislatura local; Alejandro Rey Bosch, delegado de la PGR, y la presidenta municipal de Othón P. Blanco (conurbado a Chetumal), Rosario Ortiz Yeladaqui.

En una ceremonia oficial presenciaron lo que se suponía era la quema de 421 paquetes de cocaína pura.

Tales paquetes contenían, en total, 451.625 kilogramos de cocaína. Además se incineraron tres costales con unos 57.733 kilogramos de mariguana, los cuales habían sido incautados por agentes judiciales federales, durante varios operativos, en diciembre del año anterior (1992) y entregados en custodia a la SM.

Según refiere en entrevista con EL UNIVERSAL el contraalmirante Iván Sanders Acedo, la custodia de la droga le fue encomendada en su carácter de comandante del 11 grupo de infantería de Marina, adscrito a la 11 zona naval, y por ello presenció también la ceremonia de quema a la que se alude.

El ?Acta de destrucción por incineración de los estupefacientes y psicotrópicos?, fechada el 15 de febrero de ese año y firmada por los presentes, apunta que la quema se hizo ?previo dictamen químico pericial llevado a cabo por el perito al efecto designado por la Procuraduría General de Justicia del Estado, efectuado al azar sobre las sustancias a destruirse?.

Era una farsa.

Terminada la ceremonia, dice el contraalmirante Sanders Acedo, egresado de la Heroica Escuela Naval Militar, ?al mediodía el oficial de guardia Daniel Uicab Alonso me informó que el capitán de corbeta Víctor Manuel López Uscanga, no obstante que estaba de vacaciones, llegó al batallón en la madrugada con cuatro judiciales federales y se llevó parte de la droga?.

La sacaron ?para pesarla?

Según el expediente respectivo, Iván Sanders Acedo entregó ese mismo día (10 de febrero) un memorándum denunciando lo ocurrido, y al día siguiente presentó al vicealmirante Enrique Ramos Martínez, comandante de la 11 zona naval, un ?acta informativa? con las declaraciones de los tenientes de corbeta Ramón Caporal Espejo, Servando Landa y Landa y Daniel Uicab Alonso, el primer maestre José Luis Contreras Suárez, los cabos Alejandro Barragán Salinas y Daniel Pérez Juárez y el marinero de infantería Obdulio Efraín Araujo Medina, así como el propio capitán de corbeta Víctor Manuel López Uscanga.

Es el caso de acuerdo con tales testimonios que, aproximadamente a las cero horas con 10 minutos del 10 de febrero, llegó al cuartel del 11 grupo de infantería de Marina el capitán López Uscanga, ayudante general, acompañado por cuatro agentes de la PGR y ordenó abrir una celda donde estaba la droga que sería incinerada unas horas más tarde.

Cargaron 384 de los 421 paquetes de cocaína en dos camionetas con el argumento de que los pesarían en las instalaciones de la delegación de la PGR en Chetumal, los sacaron del cuartel y media hora después regresaron para devolverlos. ?Por lo visto, ya tenían preparados los paquetes con los que se supone sustituyeron el cargamento de cocaína. Por supuesto, como se hizo la quema no se pudo demostrar la sustracción de la droga?, advierte Sanders Acedo, quien cumple cuatro décadas de carrera militar.

En la hoja número ocho del ?acta informativa? se asienta la declaración del capitán López Uscanga, quien por cierto la madrugada en la que sacó la droga no sólo impidió que los cabos de guardia tomaran los datos personales de los agentes de la PGR que lo acompañaban, sino que les ordenó marcharse.

Su versión es de lo más cándida. Aquí, textual: ?Dijo que el día 10 del actual (febrero, 1993) siendo aproximadamente las cero horas con cinco minutos, se presentaron en su domicilio particular cuatro personas que se identificaron dos de ellas como agentes de la Policía Judicial Federal, recordando los nombres de Tomás Garrido y Alberto Esparza, que esas personas le pidieron que los acompañara al cuartel de infantería de Marina en caso de no existir inconveniente alguno para checar la droga y su peso (...) que les dijo que se encontraba de vacaciones, que no había ningún problema si querían que los acompañara (...) que no recuerda cuántos paquetes subieron?.

Es decir, no pudo precisar la identidad de los agentes ni la cantidad de droga sustraída y, según lo declarado, no le llevó más que cinco minutos tomar la decisión de acompañar en plena madrugada a los judiciales federales y llegar de su casa al cuartel.

Bruma sobre el almirantazgo

Según un amplio reportaje publicado por EL UNIVERSAL el 31 de septiembre y los días 1 y 2 de octubre de 1999, durante la gestión del almirante Luis Carlos Ruano Angulo como titular de la SM (1990-94), en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, la Armada de México vivió su época más sombría, particularmente por los nexos de sus altos mandos con las bandas del narcotráfico. Y fue justo en aquella administración cuando ocurrió el incidente en Chetumal.

El recurso de revisión de amparo que se dirime en el Décimo Tribunal Colegiado es, siete años y medio después, la última secuela de esta historia. Para el contralmirante Iván Sanders Acedo (quien como comandante del 11 grupo de infantería de Marina era responsable de la custodia de la droga) más que en investigar y dar con los responsables de este hurto de cocaína pura, el alto mando de la 11 zona militar (es decir, el vicealmirante Enrique Ramos Martínez, entonces comandante, y su Estado Mayor) y de la propia SM con Ruano Angulo a la cabeza se empeñaron en desaparecer cuanto indicio hubiera.

?Como consta en el expediente refiere Sanders Acedo, en cuanto me enteré de la sustracción de la droga, al terminar la ceremonia de incineración, de inmediato ordené al oficial del cuartel que rindiera un ?parte? y levantara una ?acta informativa?, y ese mismo día llevé el memorándum número 060/93 al vicealmirante Ramos Martínez (hoy comandante de la tercera zona naval, en el puerto de Veracruz), donde le daba cuenta de los hechos.

?En esa ocasión me recibió el jefe del Estado Mayor de la 11 zona naval, el contralmirante Manuel Anguas Mendoza, quien me informó que Ramos Martínez había salido a la ciudad de México. Yo lo enteré de la gravedad de los hechos y le pedí que se lo comunicara a Ramos Martínez. Entonces él envió por fax el memorándum que yo le llevaba, directamente al Estado Mayor Naval?.

Sanders Acedo añade que, ?en casos tan delicados, por procedimiento la zona naval debe informar al Estado Mayor Naval y éste al secretario de Marina. No había manera, pues, de que el almirante Luis Carlos Ruano Angulo titular de la SM no estuviera enterado?.

Al día siguiente (11 de febrero), explica, cuando volvió a Chetumal el vicealmirante Ramos Martínez, ?personalmente llevé a su presencia al capitán Víctor Manuel López Uscanga y él le dijo: ?Yo no soy nadie para juzgarte, tú sabes por qué lo hiciste?. Luego citaron al capitán a la ciudad de México y lo dieron de baja. Eso fue todo. En vez de procesarlo según las leyes militares y federales por la sustracción de la cocaína, sólo lo dieron de baja?.

Al poco tiempo, precisa Sanders Acedo, ?me enteré de que el comandante de la 11 zona naval, Ramos Martínez, le ordenó al asesor jurídico que levantara otro ?parte informativo? y luego le advirtió que ?todo iba a quedar en casa?. ¡Pero eso no podía quedar en casa! ¡Era casi media tonelada de cocaína pura! ¡Se cometieron delitos federales y castrenses, y por ello esto debió ser denunciado ante la PGR y la Procuraduría General de Justicia Militar, pero no se hizo!?.

Un año y medio después (a mediados de 1994) ?llegó de la ciudad de México un inspector naval enviado por el mando de la Secretaría de Marina y tras una investigación determinó que yo, al permitir que saliera la droga, encubrí a narcotraficantes. Pero era una acusación ridícula, porque no supe de los hechos sino horas después y en cuanto me enteré rendí ?parte? a las instancias correspondientes.

?Me trajeron a la ciudad de México en un avión de la Armada, para ponerme a disposición de la Inspección y Contraloría de Marina. Sin haberme relevado del cargo en Chetumal, me ordenaron que me quedara aquí y me reportara diariamente por teléfono. Al cabo de dos meses recibí un citatorio para presentarme ante la Junta de Almirantes, pues me acusaban de una serie de faltas?.

Sin permitirle ser procesado con sus propios abogados, la SM le designó como defensor al contralmirante Daniel Salastorrea Rangel: ?¿Cómo es posible? ¡Me pusieron como defensor a un ingeniero especialista en señalamiento marítimo! Pero, además, al llegar a la Secretaría de Marina, antes de que empezara el juicio me advirtieron que me darían de baja por encubrir a narcotraficantes. O sea, ya habían tomado la decisión?.

Aparte, ?el Reglamento de la Junta de Almirantes, Consejo de Honor Superior y Consejo de Honor Ordinario, establece que la Junta puede conocer de faltas, pero no de delitos; en este caso la competencia es de la Procuraduría General de Justicia Militar.

?Yo dije: ?Si cometí un delito, pues que me remitan a la autoridad correspondiente?. Pero lo único que hicieron fue darme de baja. Es obvio que estaban interesados en no dejar testigos. En este caso, no fui yo quien encubrió, sino la Dirección de Justicia Naval, el Estado Mayor Naval y el propio secretario Ruano Angulo. Resulta evidente que el almirante Ruano Angulo quería limpiar todo rastro de estos hechos antes de dejar el puesto? (lo que ocurrió meses después, con el cambio sexenal, el último día de noviembre de 1994).

El pleito

En 1994, el contralmirante Iván Sanders Acedo entabló un juicio contra la SM ante los tribunales federales y dos años después tuvo que ser reinstalado: ?Pero ese mismo día refiere me volvió a citar la Junta de Militares para acusarme por las mismas faltas y me dio de baja de nueva cuenta. Por último, en enero de 1998 gané un amparo (en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa) y en este momento se halla en proceso un recurso de revisión de amparo?.

La pregunta obvia es y así se le expone a Sanders Acedo qué interés podría tener el almirante José Ramón Lorenzo Franco, actual titular de la Secretaría de Marina, en mantener un pleito heredado de la administración de Ruano Angulo.

Responde: ?Lorenzo Franco llegó como agregado naval en Francia y lo designaron inspector-contralor de la Armada. Él tenía ese cargo cuando entablé el primer juicio y era uno de los interesados en que yo quedara fuera. Lorenzo Franco siempre le cuidó las espaldas a Ruano Angulo y éste, como premio, lo ascendió a almirante el 20 de noviembre de 1994, unos días antes de dejarle el puesto como secretario de Marina.

?Y al almirante Enrique Ramos Martínez lo premiaron enviándolo como agregado naval a Rusia y luego designándolo comandante de la tercera zona naval, que es la más importante del país?.