ENSENADA, BC. Un grupo integrado por 400 policías, 200 de la Federal Preventiva y otros 200 de la Policía Ministerial del estado, desalojó este lunes a campesinos y a residentes extranjeros, quienes habitaban en la ?lengüeta? arenosa de Punta Banda.

Algunos se oponían a ser desalojados, pero aceptaron retirarse tras ser advertidos de que de no hacerlo serían arrestados. Sólo se les dio una hora para empacar sus cosas.

Los agentes llegaron con 20 funcionarios del gobierno estatal y 20 del gobierno de Ensenada.

Además llevaban consigo tres unidades de ambulancia, tres de bomberos, un traxcavo y centenares de vehículos particulares.

De esta forma, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) pudo cumplir con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de restituir 18 hectáreas de terreno a la empresa Purúa Punta Estero, SA?, cuyos accionistas se habían amparado desde 1973, fecha en que por decreto presidencial el ejido ?Esteban Cantú? fue dotado con esta extensión de tierras.

Los residentes estadounidenses, quienes en algunos casos se opusieron a salir de sus hogares y en otros los abandonaron durante las últimas horas, habrán de presentar una denuncia penal contra la SRA, por considerarla responsable de haber perdido sus patrimonios, según dijo el abogado Dennis Payton.

El cónsul de Estados Unidos en Tijuana, Richard González, y funcionarios de la embajada de Estados Unidos en México, siguieron con preocupación estos hechos.

El desalojo

Luego de que en forma imperativa el general Francisco Arellano Noblesía, coordinador operativo de Fuerzas Federales de la PFP, les advirtió a ejidatarios y estadounidenses que tendrían que permitir el ?acceso pacífico? a los terrenos señalados por la SCJN, el delegado estatal de la Reforma Agraria, Víctor Manuel Parra Pérez, pidió al agente del Ministerio Público Federal que los acompañaba que girara instrucciones para que se abriera el paso con la fuerza pública.

Los ejidatarios encabezados por el comisariado del ?Esteban Cantú?, Ramiro Moreno Quintero, decidieron resistir pacíficamente, pues no fueron escuchados en su demanda de que se les mostrara el documento de la SCJN, que amparaba este hecho. Antes habían exigido la presencia del titular de la SRA, Eduardo Robledo Rincón, quien no estuvo en el lugar.

El delegado estatal de la SRA no se identificó oficialmente ante los ejidatarios ni residentes, sólo mencionó la representatividad que llevaba; tampoco mostró el documento de la Suprema Corte que amparaba el desalojo. El único que informó de su personalidad fue el general Arellano Noblesía.

Los ejidatarios ya esperaban a los policías desde la madrugada, bajo una fuerte lluvia y bajas temperaturas. Pocos hicieron guardia en el retén, pero al aproximarse la hora de la desocupación otros campesinos y residentes fueron convocados haciendo sonar el claxon de una pipa, con la que se bloqueaba el acceso.

Tras la orden, los campesinos, algunos estadounidenses y también menores de edad se tomaron de las manos y trataron de resistir, pero fueron embestidos por los centenares de policías preventivos que literalmente ?marcharon? sobre ellos.

Los labriegos fueron abandonados por los dirigentes de su central la CNC, cuyos representantes nacionales apenas el domingo les manifestaron su apoyo.

Por su parte, el comisionado nacional de la PFP, contraalmirante Wilfrido Robledo Madrid, siguió de cerca todas las acciones de ?restitución? de las 18 hectáreas de terreno a una fracción de la sociedad de accionistas de Purúa Punta Estero, SA, y frenó los excesos del general Arellano Noblesía, quien se enfrentó a reporteros. Robledo pidió disculpas, ofreciendo apoyo para el desempeño de los medios.

Les ofrezco a mi hijo... no se raja

Dentro de la tensión existente, la ejidataria Guadalupe Martínez, conocida como ?Doña Lupe?, colocó al frente del contingente de manifestantes a su hijo adoptivo, de nombre Sabino, de quien dijo que ?lo ofrecía? para lo que pudiera pasar, tras repudiar la acción de las autoridades.?Mi hijo no se raja... ¿verdad Sabino que no te rajas??, le dijo, en tanto que el menor, de unos 13 años, lloraba compulsivamente, por el miedo evidente que lo consumía, pero asintió y no se movió del lugar.

Uno de los funcionarios ?consignados?, en el desalojo

Gilberto Hershberger Reyes, director general de Asuntos Jurídicos de la SRA, participó en las acciones de ayer, no obstante que según la SCJN, en su reciente disposición, tendría que haber sido separado de su cargo y consignado a un juez de distrito.

El 23 de octubre pasado, en un comunicado de la Suprema Corte, se informó que el titular de la SRA, Eduardo Robledo Rincón, tenía 10 días ?naturales? para cumplir con una sentencia de amparo y le ordenaba proceder penalmente contra tres de sus funcionarios.

Uno de éstos sería el arriba mencionado, sobre el que se ordenó que se presentara una denuncia de hechos ?que podrían ser constitutivos de delito en contra de Gilberto Herhberger Reyes, director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria?.

Al respecto se dijo que ?el citado funcionario, a pesar de no haber sido señalado como autoridad responsable en el juicio de amparo, tuvo intervención en el procedimiento de ejecución de sentencia, pero no para lograr que se llevara al cabo, sino para diferirlo y hasta el momento, impedirlo?. Hershberger Reyes, según el comunicado que emitió ayer la propia SRA en relación con los hechos en Punta Banda, señala que éste y otros funcionarios ?realizaron la diligencia mediante la cual fueron entregados la superficie y los bienes ubicados sobre ella, a los representantes legales de la empresa mencionada?.

Las 18 hectáreas a Jorge Henríquez Guzmán

A pesar de todas las maniobras del ingeniero Alfonso Ríos y Valles Alcázar, para que la SRA le reconociera la mayoría de las acciones en Purúa Punta Estero, SA, esta secretaría no lo aceptó como el representante de la empresa y dio posesión a Jorge Henríquez Guzmán, descendiente de uno de los originales propietarios de esta empresa.

Lo anterior motivó el disgusto de la otra ?facción?, expresada por el abogado ensenadense Xicoténcatl Palafox, quien acusó de corrupción e irregularidades a la Reforma Agraria, por restituir una propiedad a alquien que según dijo tiene 15 por ciento de las acciones totales.

Dramáticos desalojos

Inmediatamente después del retiro de los ejidatarios, funcionarios de la Reforma Agraria procedieron a ?restituir? en su propiedad a Purúa, del hotel Baja Beach & Tennis Club, de 100 habitaciones, que incluye además 18 lujosas cabañas y 23 casas en poder de extranjeros, en su mayoría estadounidenses.

Y no obstante que la resolución que ampara a Purúa establece el uso de la fuerza pública y la restitución de todo lo que se encuentre asentado en esos predios, la SRA aprovechó la confusión para desalojar de la misma forma a los residentes de las otras 52 hectáreas que también están bajo disputa y fueron otorgadas a particulares por resoluciones de la Suprema Corte.

De esta manera, los efectivos de la PFP se movilizaron por las amplias calles de este complejo turístico y los campos que se encuentran cercanos, lo que provocó el temor de los extranjeros, en su mayoría de avanzada edad y enfermos.

Leigh Zaremba, vicepresidente de Baja Beach Homeowners, dijo que lo que estaban viviendo lo tenía ?enojado, triste, asustado y decepcionado?, por esta actitud del Poder Judicial mexicano y ?por la falta de apoyo que hemos resentido por parte del gobierno mexicano, que primero nos invitó a venir a invertir y luego nos desaloja de esta manera?.

Una gran cantidad de hogares fueron abandonados durante la noche de domingo pasado y la madrugada de ayer por los extranjeros, en tanto que otros afirmaron que resistirían a pesar de las consecuencias, como Juan Limón mexicano, procedente de Coatzacoalcos, o como la también connacional Bertha Contreras Sánchez y su esposo el puertorriqueño, Nicolás Colón. Rose Ericsson, estadounidense, dijo que ella y su familia estaban decididos a mantenerse en su hogar, pese a la amenaza de ser arrestados, por no estar de acuerdo con entregar su hogar.

Alberto Murillo, hasta ayer administrador de Baja Beach Homeowners, dijo que la mayor parte de sus asociados están en contra de volver a pagar por sus residencias y lotes, ya que los nuevos propietarios les están demandando el pago de 150 mil dólares para poder negociar.

Leigh Zaremba dijo que otra de las propuestas ha sido que paguen 500 dólares por metro cuadrado; en tanto, los extranjeros ofrecen sólo 300 dólares por metro cuadrado en la primera sección, cercana al mar; 250 dólares en la segunda sección y 200 dólares en la tercera sección.