De Tapachula a Mexicali, la Unidad de Investigación de EL UNIVERSAL documentó escenarios urbanos o rurales donde la explotación infantil se normalizó plenamente. Miles de niños migrantes, jornaleros, vendedores, pepenadores o mil usos, obligados a abandonar la escuela, padecen formas de esclavitud encubiertas con eufemismos como “canguritos”, “zorras”, “boleritos”, “canasteros”, o “cerillitos”. Atrapados en la mendicidad a lo largo del país, viven expuestos a violencia, abandono, enfermedad, accidentes, drogadicción y abuso de los adultos, entre los que algunas veces se cuentan sus mismos familiares. Los gobiernos están, en el mejor de los casos, ausentes.

Tapachula: 10 horas diarias y más

Varias decenas de niños y niñas, la mayoría indígenas guatemaltecos, invaden los cruceros viales de esta ciudad, a 30 kilómetros de la frontera sur. En jornadas de más de 10 horas la hacen de limpiaparabrisas, malabaristas, boleros, vendedores o mendigan. Muchos consumen solventes. No hay un censo, justifican representantes de la Casa de Atención a Menores y Adolescentes en Situación de y en la Calle (CAMASC) —organismo municipal—, porque en el caso de los guatemaltecos, son una población flotante.

Estos últimos están aquí, denuncia CAMASC, porque fueron enganchados en sus comunidades fronterizas con México por explotadores, entre los que se cuentan familiares. Esas redes están identificadas por las autoridades federales. En febrero pasado, el consulado general de Guatemala denunció ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, que 19 niños indígenas eran explotados por Calixto Celestino, quien además los insultaba y golpeaba.

Durante el cateo a una vivienda en el centro, agentes federales y municipales encontraron ocho menores guatemaltecos que eran obligados a vender cigarros y dulces —les llaman “canguritos”—, de lunes a domingo, de ocho de la mañana a 10 de la noche. Al terminar, les daban agua y galletas. Dormían hacinados en un cuarto, sobre una lona.

Voceros de CAMASC explicaron que los niños y adolescentes que trabajan en las calles no pueden ser trasladados por la fuerza a un albergue, pues se violarían sus derechos.

Guerrero: niños indígenas

Asediados por las pobreza extrema, miles de niños y niñas indígenas abandonan la escuela para vender chicles y frutas, limpiar parabrisas, ofrecerse de “canasteros” en los mercados, jornaleros agrícolas o boleritos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hoy unos 202 mil menores de Guerrero trabajan para contribuir al ingreso familiar y de ellos, 58 mil desertaron de la escuela.

Abel Barrera Hernández, del Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña, precisa que en lo que va de 2009, más de 5 mil niños y niñas indígenas guerrerenses abandonaron los estudios para irse a los campos de Sinaloa a cambio de 60 pesos por una jornada de 12 horas. Muchos otros son llevados a Acapulco, Iguala o Chilpancingo para vender dulces, frutas, paletas o fritangas. Se trata de nahuas, mixtecos, amuzgos y tlapanecos, cuyos padres no encuentran otra forma de sobrevivir. Las consecuencias de esta expulsión son devastadoras para la educación: en La Montaña, municipios como Cochoapa el Grande y Metlatónoc tienen índices de analfabetismo de 78%.

Francisco Rogelio Bello, de 14 años y con gesto triste, forma parte de esa multitud de menores explotados. Originario de Cacahuatla, municipio de José Joaquín Herrera y Ricardos, cursó hasta quinto de primaria y apenas sabe leer y escribir, “porque mi papá no tiene trabajo y somos pobres”. Bonifacio Rogelio, su padre, emigró con la familia a Chilpancingo, donde sigue desempleado.

Por la desnutrición, Francisco parece más joven de lo que es. Con la venta de granadillas obtiene 100 pesos diarios, dice, de los cuales, la mitad son utilidades, con las que “comemos tortilla con chile, frijoles, arroz”. En la temporada de lluvias planea volver a su pueblo para ayudar en la parcela familiar.

Sinaloa: mayores de ocho, ingreso extra

Desde hace cuatro décadas, anualmente, miles de niños mixtecos, zapotecos, tlapanecos, triques y purépechas son enganchados para ir con sus familias a trabajar en los fértiles valles sinaloenses. Tienen entre ocho a 14 años y se les contrata ilegalmente de “muleros” y “zorras” —realizan el desbrote, deshierbe y regado de surcos—, o como acarreadores de agua. Además, dice Óscar Loza Ochoa, ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por su agilidad sirven en la recolecta. En todo caso, admite, por tradición y por la precariedad, entre los jornaleros agrícolas es legítimo obtener del trabajo de sus hijos mayores de 8 años un ingreso extra.

La Ley Federal del Trabajo sólo permite, mediante autorización de los padres, contratar a mayores de 14, siempre que el trabajo no interfiera en su educación. Manuel Tarriba Urtusuástegui, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del estado, estima que de los 14 mil menores que eran incorporados a diversas tareas agrícolas en el pasado, 80% han sido desligados a través de programas gubernamentales, aunque no ha sido fácil convencer a sus padres —jornaleros de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco—. Sin embargo, añade, empresas agrícolas no afiliadas a su organización han sido sancionadas por las autoridades laborales, al seguir disponiendo de mano de obra infantil.

No es sencillo supervisar los 150 campos agrícolas situados en los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave, Elota y Navolato, donde se concentran 150 mil asalariados, explica Hilario Gastélum Galván, director del Trabajo y Previsión Social estatal. Así, agrega, aunque hace más de una década se implementaron programas federales para desincorporar la mano de obra infantil, el fenómeno persiste.

Tijuana: la “visa” de Salvador

En su marcha hacia Estados Unidos, los menores migrantes son los más vulnerables. A la vera de sus padres o de desconocidos, atraviesan desiertos y montañas. Sus edades fluctúan entre los días de nacidos y los 17 años. Los hay que se aventuran solos, afrontando hambre, sed y agotamiento que los pone al borde de morir.

Un caso es el de Salvador, de 11 años, quien se atrevió a cruzar a San Ysidro (California) con visa falsa. Iba a unirse con sus padres y sus tres hermanos en Santa Ana, donde éstos viven hace siete años. El miércoles pasado fue deportado por segunda ocasión en menos de 15 días. Este chico de Guerrero espera ahora la decisión de sus familiares para saber si reintenta o se regresa a su pueblo.

Félix, guerrerense de 17 años, estuvo a punto de morir de inanición en la montaña de Tecate, por donde intentó tres veces entrar en aquel país. Ahora dice que no insistirá en llegar adonde viven seis de sus hermanos. En una de las tres ocasiones caminó cuatro días sin beber ni comer, hasta que se dejó atrapar por la Patrulla Fronteriza.

María Guadalupe Ríos Fraijo, coordinadora de Protección a la Infancia de los Albergues Temporales del DIF estatal, refiere que 28 mil menores deportados “no acompañados” han sido atendidos desde 2004 y que no obstante los riesgos, sus padres siguen obligándolos a emigrar para reunirse con ellos. En lo que va de 2009, mil 250 niños de cero a 17 años fueron deportados por Estados Unidos. Es habitual que pretendan cruzar con visa falsa, ocultos en vehículos o andando por el desierto o las montañas, donde hay enorme riesgo de morir.

Mexicali: ronda la muerte

“La crisis económica incrementará la participación de menores en el campo laboral, porque serán obligados a apoyar económicamente a sus familias”, además de que su trabajo “es pagado a un costo menor que si fueran adultos”, alerta Gema López Limón, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California.

“Algunos alteran sus actas de nacimiento para ponerse 17 o 18 años”, añade la académica, y de esta forma “poder trabajar; es evidente que son falsas, pero a los empleadores eso no les impide darles trabajo”. Esta es una violación a los derechos de los niños y niñas que repercute no sólo en el destino de la niñez trabajadora, al disminuir o anular sus posibilidades de desarrollo, sino en el destino de México. “Su casi inexorable expulsión de la escuela, es la continua descalificación de la fuerza de trabajo de las nuevas generaciones”.

Hoy, multitudes de menores acuden con sus padres a trabajar en los dos depósitos de basura municipal, en labores no registradas ni supervisadas por gobierno alguno. Otros son empacadores de mandado, vendedores de periódicos y dulces, y limpiavidrios, informa Renato Sandoval Franco, secretario de Trabajo y Previsión Social en Baja California.

En el caso de los niños jornaleros, el procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana en Baja California, Francisco Javier Sánchez, afirma que la nula vigilancia o la complicidad de las autoridades ha permitido que los productores hagan uso de pesticidas y agroquímicos que provocan serias enfermedades de la piel y en vías respiratorias e, incluso, la muerte de los jornaleros. Asimismo, “la falta de controles higiénicos en el agua que consumen y utilizan en la preparación de alimentos provoca daños irreversibles en la salud”.

Por lo anterior, considera urgentes programas sociales que, a partir de diagnósticos, permitan mejorar la situación de los niños jornaleros y evitar toda circunstancia de riesgo, desprotección y vulnerabilidad. (María de Jesús Peters, Juan Cervantes, Javier Cabrera, Julieta Martínez y Rosa María Méndez)