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El ambiente se percibe fúnebre, denso; caras, miradas y rictus de dolor. Es 2 de noviembre 1968: estudiantes, madres, hermanos, vecinos; todos, con cierto miedo, regresan a la plaza que un mes antes se había convertido en la piedra de sacrificio del México moderno.

Traen flores, veladoras, también terror e indignación. La cámara súper 8 recorre el escenario hasta encontrar las huellas de la salvaje embestida: sangre humana esparcida sobre el muro blanco de la iglesia contigua a la Plaza de las Tres Culturas; huellas innegables de la represión. La cámara cierra la toma, detalla los manchones para después abrirla ya en la penumbra de la noche y así registrar una V de la victoria empuñada por decenas de manos que parecen señalar al cielo en señal de esperanza o piedad.

Esas son las imágenes de una serie de videos inéditos que el Comité del 68, Pro Libertades Democráticas A.C, tiene como parte del material recopilado durante décadas y que da cuenta de la barbarie cometida por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz contra el movimiento estudiantil universitario; los ha puesto para su venta en sus oficinas de San Luis Potosí 98, colonia Roma.

Habla Raúl Álvarez Garín, líder de aquella revuelta, sobreviviente y activista en pleno que busca justicia contra los responsables, entre ellos Luis Echeverría Álvarez —secretario de Gobernación durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970)—, a quien Garín define como “genocida”.

Exposiciones en las rejas del Paseo de la Reforma; videos, carteles, arte contemporáneo, obras de teatro, libros, conforman las actividades que el Comité del 68 ha organizado para los 40 años conmemorativos del 2 de octubre; pero sobre todo un archivo jurídico que presentará ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, por la violencia ejercida por el Estado mexicano hacía sus gobernados, la cual no quiere reconocer.

“Se percibe en un sector del gobierno de abandonar este propósito de justicia que buscamos, por ello queremos subrayar que los procesos siguen abiertos”, acota.

Álvarez Garín subraya que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha reconocido 270 desaparecidos y 70 funcionarios involucrados; la extinta fiscalía especial para los desaparecidos anunció 52 averiguaciones previas en condiciones de consignación; Herlinda Velasco, magistrada, admitió la existencia de elementos para conformar el delito de genocidio, aunque resolvió en contra.

“No se puede exonerar a Luis Echeverría como se ha pretendido hacer, si a nivel interno no se resuelve lo llevaremos al ámbito internacional”, señala.

Garín señala que la decisión se tomó debido a lo expresado en tercera persona por el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juventino Castro y Castro, quien ha dejado ver de manera “objetivista” que las resoluciones de los procesos abiertos serán negativos.

“Lo que buscamos es una condena moral internacional que se transforme en una medida con efectos políticos y económicos para el gobierno mexicano, porque si se califica que no respeta a sus instituciones ni su Constitución será importante, ya que los convenios y tratados de comercio que se tienen actualmente se sostienen sobre la confianza en el Estado de Derecho. Si se demuestra que lo viola de manera tan descarada, irresponsable y burda, ya que las violaciones cometidas son de cuestiones de derecho internacional, aumentará la desconfianza de inversión internacional”, dice.

Garín también señala el peligro que de nuevo el Ejército se encuentre en las calles y el tema de la gobernabilidad sea latente.

Finalmente advierte: “En esos años se hablaba de disolución social, un delito impreciso porque era toda actividad lo que no le gustara al gobierno; ahora cuando se busca tener eficacia contra el terrorismo entra otra categoría tan difusa como la sospecha de terrorismo, ¿quiénes son sospechosos de serlo? Todo aquel que no le convenga al gobierno, esto se extiende a líderes sociales”.