La mayoría de los 40 ciudadanos estadounidenses secuestrados en la frontera norte del país -denunciados en septiembre de 2006 por el embajador Antonio O. Garza- están vinculados al narcotráfico, señalaron fuentes diplomáticas mexicanas.

Las conclusiones se han alcanzado en las reuniones que cada mes celebra una fuerza de tarea binacional creada en el mes citado a raíz de la alerta del diplomático estadounidense.

La descripción de cada caso ha llevado al grupo de análisis, sobre todo a la parte nacional, a determinar que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses secuestrados estaban relacionados con el crimen organizado, explicaron a este diario las fuentes mexicanas.

Los estadounidenses reconocen que en casi la mitad de los plagios los captores no se han comunicado para solicitar dinero a cambio de la libertad de los secuestrados, con lo cual, señalan, "existe la presunción" de que tenían relación con el narcotráfico.

Un funcionario de la embajada de Estados Unidos confirmó que aún existen 21 expedientes sin resolver, todos de casos ocurridos en Nuevo Laredo.

Aseguró que los trabajos de investigación continúan, en el mejor entendimiento binacional.

El 14 de septiembre del año pasado el embajador de Estados Unidos en México, Antonio O. Garza, expresó su preocupación por la narcoviolencia en la frontera que había ocasionado, dijo, el secuestro de ciudadanos estadounidenses, específicamente en el área de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En una misiva, solicitó al entonces presidente Vicente Fox una reunión de alto nivel para resolver las desapariciones de los estadounidenses.

La embajada de Estados Unidos informó una semana después: "Hemos llegado a un acuerdo sobre la necesidad de una fuerza de tarea conjunta que trabaje en casos específicos de secuestro que involucren a ciudadanos estadounidenses".

En la fuerza de tarea binacional participan funcionarios estadounidenses de los departamentos de Justicia y de Estado, y mexicanos de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

A partir de que se acordó su creación, los funcionarios se dieron a la tarea de hacer un recuento de las desapariciones, pero no sólo de la zona de Nuevo Laredo, sino de todos los puntos fronterizos.