A nueve años de la masacre de Acteal, Chiapas, en la que fueron asesinadas 45 personas, en su mayoría mujeres y niños, Antonio Vázquez Secum, el autor intelectual confeso, sigue libre y jamás fue llamado a declarar en el proceso, todavía abierto, en el que se acusó inicialmente a 124 personas.

Cinco de los procesados confesaron ser los autores materiales de la masacre, junto con otros cuatro que aún están libres, pero sus confesiones fueron desechadas, consolidándose en estos años la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) de que un grupo paramilitar de más de 100 personas perpetró la matanza.

Ante el cúmulo de irregularidades registradas en el proceso, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y un grupo de juristas, entre ellos Ricardo Raphael, decidieron tomar la defensa de los procesados y pedir la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La vía para solicitar que el máximo tribunal atraiga el caso será un amparo, que se presentará ante un tribunal colegiado de Chiapas, al que se pedirá dar vista a la Corte para que ésta defina los estándares que debe cumplir un juicio justo, y que estuvieron ausentes en Acteal.

"Queremos que la Corte se pronuncie y revise la calidad de las sentencias penales, garantizando los derechos fundamentales del debido proceso, al que no tuvo acceso ninguno de los procesados", explica Alejandro Posadas, coordinador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y promotor de la iniciativa.

El CIDE, a través de su Programa de Litigio de Interés Público, llevará la defensa de los 75 acusados por la matanza, en colaboración con la Agrupación Nacional Alternativa Ciudadana 21, explica.

Asegura que el proceso judicial de Acteal es un caso paradigmático de la forma como funciona el sistema de justicia penal mexicano, que no garantiza estándares mínimos del derecho constitucional a un juicio justo, y evidencia la debilidad de los jueces para limitar el poder discrecional de la PGR.

Detenciones ilegales, sin orden de aprehensión ni en flagrancia, elaboración de listas de responsables, identificación de los presuntos culpables mediante fotografía, participantes en la masacre que fungieron como testigos de la PGR, son sólo algunas de las irregularidades que el equipo ha encontrado en el proceso, detalla.

El objetivo del amparo, explica Alejandro Posadas, es que se reconozca la inocencia de nuestros defendidos y que se castigue a los responsables, que están identificados, pero también que se establezcan los criterios de un juicio justo para que esto no se repita.

Una versión insostenible

"Somos seis que venimos de la comunidad de Los Chorros, de nombres Roberto Méndez, Agustín Sánchez Gómez, José Musio Vázquez Luna, Antonio López Hernández, y aparte los que salieron de Acteal, quienes son Felipe Luna Pérez, Alfredo Hernández Ruiz y Mariano Luna Ruiz".

"Que estas nueve personas que mencioné fuimos los que participamos, que los que vienen a acusar son los zapatistas y dicen que todos los que estamos detenidos, más de 80, yo recalco que únicamente somos nueve los que participamos y los que están detenidos no tienen nada que ver", declaró de uno de los Vengadores días después de la masacre.

El motivo, según su testimonio y el del propio autor intelectual, Antonio Vázquez Secum, fue tomar venganza por el asesinato del hijo de este último, Agustín Vázquez Secum o Santiz, muerto en una emboscada el 17 de diciembre.

Declaraciones de sobrevivientes e inculpados coinciden en que había un clima de violencia previo, con agresiones de ambas partes, y que el detonador de la masacre fue el asesinato de Agustín Vázquez.

El padre de Agustín, Antonio Vázquez Secum, según su propia confesión ante un juez local, obtuvo información de que los asesinos de su hijo eran de la población de Acteal y el 21 de diciembre organizó una reunión en la casa de otro de sus hijos para planear la venganza.

Algunos de los asistentes se dirigieron a Acteal a advertir a los integrantes de Las Abejas, pero la matanza estaba en marcha y se consumó horas después.

La Procuraduría de Justicia Estatal fue la primera autoridad que tomó conocimiento de los hechos, incurriendo en las primeras violaciones procesales, pues no preservó la escena del crimen y destruyó evidencia.

La PGR llegó 48 horas después y atrajo el caso.

De los 124 acusados inicialmente por la masacre, sólo 83 indígenas fueron juzgados penalmente, seis han sido exonerados, uno más murió en prisión y uno está confeso, de los 75 restantes 24 fueron condenados a 36 años tres meses de prisión y el resto están en espera de sus sentencias. Todos acusados de homicidio, lesiones y portación de armas sin licencia o de uso exclusivo del Ejército.

Sin embargo, la versión que los mantiene en prisión es insostenible, afirma Javier Angulo Nobara, profesor del CIDE y uno de los estrategas de la demanda de amparo que se presentará en tres o cuatro meses.

La PGR ha sostenido todo este tiempo que más de 100 personas, integrantes de un grupo paramilitar, entraron a Acteal y mataron a 45 integrantes de la organización social Las Abejas en la iglesia de la comunidad, perteneciente al municipio de Chenalhó, el marco de un conflicto político y religioso.

La PGR asegura además que la balacera, con armas de alto poder, duró tres horas, pero esta afirmación no se sostiene al analizar la evidencia que consta en el propio expediente, asegura.

Para empezar, en la iglesia no se encontraron impactos de bala, las autoridades aseguraron sólo 9 armas y los casquillos recuperados no son más de 50, lo que no es consistente con una balacera de tres horas.

En la opinión pública se consolidó la versión de que la masacre fue el punto culminante de una larga confrontación entre militantes priístas, constituidos en grupo paramilitar, y simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (Las Abejas).

Las declaraciones del autor intelectual constan el libro blanco que elaboró la PGR sobre Acteal, pero nunca fueron retomadas ni por la dependencia ni por los jueces federales responsables del proceso, dividido en tres causas penales. Ahora deberán ser revisadas.