Los generales brigadier, Arturo Acosta Chaparro, y de división, Francisco Humberto Quiroz Hermosillo, fueron detenidos por la justicia militar acusados de narcotráfico y de vínculos con el cartel de Juárez.

Sus nexos con el cártel fueron retomados por la Procuraduría General de Justicia Militar a raíz de las investigaciones sobre el caso de las ?narcofosas? de Chihuahua iniciadas por la PGR en noviembre de 1999.

Un año antes, ambos militares habían sido vinculados con el cártel de Juárez, pero la justicia castrense no halló elementos para detenerlos.

El procurador de Justicia Militar, Rafael Macedo de la Concha, dijo que la indagatoria iniciada por la PGR para esclarecer los homicidios de ocho personas dio la pauta para relacionarlos de nuevo con el cártel.

Las declaraciones de siete testigos protegidos en México y Estados Unidos, aportaron elementos suficientes para proceder en contra de Acosta Chaparro y Quiroz Hermosillo, agregó Macedo.

Macedo explicó que los testimonios que permitieron la captura de los generales Acosta y Quiroz fueron los de Carlos Colín Padilla, del ex director de la Policía Judicial Federal, Adrián Carrera Fuentes, Rubén Gardea Vara, Juan Aguilar Romero, Víctor Manuel Villalobos Gutiérrez, Miguel Domínguez y Miguel Nagel León.

Del maxiproceso a las narcofosas

Acompañado por el director de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) de la PGR, José Trinidad Larrieta, el general Macedo explicó que en 1998, en el marco del llamado ?maxiproceso? con el que se desmanteló la célula del cártel de Juárez en Quintana Roo, la PGR entregó a la Procuraduría Militar la averiguación previa PGR/056/98, en la que constan las declaraciones del joyero de Amado Carrillo, José Tomás Colsa McGregor, de José Jaime Olvera Olvera y del ex director de la PJF, Adrián Carrera Fuentes.

Los dos primeros aportaron testimonios que vinculaban a los generales con el narcotráfico, sin embargo fueron asesinados luego de abandonar el programa de protección a testigos de la PGR.

Cabe recordar que el maxiproceso inició en 1998, como parte de las investigaciones para desmantelar a la célula del cártel de Juárez en Quintana Roo.

En esa investigación, los generales Acosta Chaparro y Quiroz Hermosillo aparecieron como protectores del cártel, cuyas operaciones de tráfico de cocaína protegían de manera ?oficial?.

Dicha indagatoria consta en la averiguación previa PGR/056/98.

El procurador militar indicó que no obstante los datos aportados por la PGR, la SDN no encontró elementos suficientes para vincular, en una primera instancia, a ambos generales con los delitos señalados.

Fue hasta el 28 de julio de 1999, en el marco de la investigación de las narcofosas en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando los nombres de los generales Acosta Chaparro y Quiroz Hermosillo volvieron a ser mencionados por cinco detenidos a raíz de las investigaciones.

?La Procuraduría General de Justicia Militar practicó diversas diligencias que fortalecieron aun más las declaraciones, pruebas e indicios existentes, recabándose las testimoniales de las siguientes personas: Carlos Colín Padilla, Adrián Carrera Fuentes, Rubén Gardea Vara, Juan Aguilar Romero, Víctor Manuel Villalobos Gutiérrez, Miguel Domínguez Nagel y Miguel Nagel León?, explicó el general Macedo.

El procurador castrense indicó que también hubo testimonios vitales para lograr la detención de los generales.

Estos fueron vertidos por los testigos protegidos ?Alfredo?, en una declaración recabada en Estados Unidos, ?Fernando? y Michael Roger Batista Beebe, en una declaración tomada en la PGR, así como por el testigo Rubén Gardea, cuyo nombre aparece en el maxiproceso y en la indagatoria de las narcofosas.

Los pasos de Rebollo

La captura de los generales Acosta Chaparro y Quiroz se suma al escándalo desatado por la detención, el 18 de febrero de 1997, del general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien dirigía el Instituto Nacional de Combate a las Drogas (INCD).

Al arresto del militar le siguió la captura del general Alfredo Navarro Lara, quien fue detenido por ofrecer un millón de dólares mensuales al general Luis Cárdenas, a condición de ignorar el aterrizaje de aviones cargados con droga en Baja California.

El titular de la UEDO aclaró que hasta el momento la PGR no ha girado órdenes de aprehensión en contra de los militares detenidos, ya que apenas se está realizando el desglose del expediente enviado ayer por la SDN.

Larrieta indicó que una vez hecho el desglose, la PGR reiniciará sus investigaciones para ubicar a civiles relacionados con los hechos.

Reiteró que fue una de las líneas de investigación en el caso de las narcofosas la que llevó de nueva cuenta a indagar la participación de los generales en delitos de narcotráfico.

El procurador militar informó que tanto la PGR como la SDN mantienen abiertas las líneas de investigación para llegar al fondo del asunto, que podría involucrar a más militares.

Cuestionado sobre las acusaciones que por los mismos hechos pesan sobre Javier García Morales, hijo del ex procurador Javier García Paniagua, Macedo señaló que por el momento no podía dar más datos sobre la investigación.

Tampoco quiso abundar en las acusaciones que vinculan a Acosta Chaparro con delitos de secuestro.