MONTERREY, NL.? Los intereses familiares del gobernador Fernando Canales Clariond se han sobrepuesto a los del estado, asegura aquí la oposición política y, por lo mismo, ve casi imposible que actúe en contra de su primo priísta Benjamín Clariond, ex gobernador sustituto, involucrado en el desvío de 173 millones de pesos durante su administración, por su tesorero Xavier Doria González.

Existen declaraciones ministeriales en las que se asegura que Clariond sabía de los desvíos, y hay versiones que empiezan a salir a la luz sobre la colecta que organizó entre la élite empresarial y política nuevoleonesa para sacar a su amigo y ex colaborador de la prisión. Doria es el único implicado que está tras las rejas.

?Benjamín pasó la charola personalmente para recabar fondos y tratar de cubrir el desvío de Doria. Ese es un dato que yo lo tengo confirmado a través de amistades que me han confiado esta información.

?Una persona cercana a Doria también lo ha confirmado, y ella misma comentó que el dinero recolectado lo retuvo Benjamín durante un tiempo para obligar a su ex tesorero a no involucrar a nadie más?, asegura Javier Livas Cantú, ex panista y analista político.

?¿Cuánto dinero se pidió?

?No se mencionan cantidades, sólo que Benjamín organizó esa recaudación para que Doria reparara el daño y ahí muriera el juicio.

Óscar Herrera, presidente del PRI durante los dos primeros meses del interinato de Clariond, es uno de los políticos a quienes éste le pasó la charola. Su testimonio es el siguiente: ?A mí me solicitó apoyo económico antes de que se supiera lo del PRI. No me fijó ninguna cantidad, pero si aporté algo. ?Después me dijo que invitara a amigos que colaboraron conmigo en mi equipo de trabajo para hacer una polla. No sé cuánto se juntó, pero participaron diez priístas.?

Herrera dice que él dio su colaboración cuando se supo después que parte del dinero desviado por Doria había ido a parar al PRI. También comenta que Clariond pasó la charola a otros amigos de Doria para poder sacar a éste de la cárcel.

Livas dice que la administración de Canales ha recibido el dinero recaudado (57 millones de pesos aproximadamente) sin que le importe de dónde viene éste. El secretario general de Gobierno, José Luis Coindreau García, ha dicho que no importa si el dinero viene de Marte, pero este hecho sí es importante, porque esos pagos podrían estar saliendo de quienes fueron cómplices u obtuvieron beneficios en la administración de Clariond.

El asunto, dice, es que no se está llegando a fondo. Por eso no quieren que Doria hable, porque mientras sólo exista un testigo que involucre a Clariond, será la palabra de aquél en contra de la de éste. Si Doria habla, hundirá al ex gobernador.

El testigo al que se refiere Livas es Horacio del Bosque, ex dirigente del PRI.

Él declaró ante el Ministerio Público el 28 de febrero que parte del dinero desviado por Doria (23 millones) fue a parar a las arcas de ese instituto político, con el conocimiento de Clariond. Éste ha rechazado la acusación. Y, a su vez, el procurador del estado, José Santos González Suárez, asegura que a la fecha no se han encontrado elementos de prueba que robustezcan esta afirmación.

?Estamos en una fase en la que no hemos exculpado a nadie. Si en el camino encontramos que esa afirmación tiene robustecimiento de prueba, vamos a actuar y a consignar a quien sea?, sostiene en su oficina.

González Suárez dice reconocer que puede existir alguna sospecha o suposición de que hubiera alguna protección del gobernador Fernando Canales en favor de su primo priísta, pero dice: ?Créame, lo negro no se puede convertir en blanco. Yo no me voy a exponer a una responsabilidad oficial. No creo que un gobernador de oposición, como Canales, quiera llevar esa responsabilidad a cuestas. Pero no vamos a acusar a nadie en falso.?

Priístas consultados aquí, y que han pedido mantener bajo reserva sus nombres, señalan que la colecta de Clariond la hizo para las investigaciones y el proceso abierto por el desvío de recursos públicos, porque sabía sobre el dinero entregado al partido y porque parte del mismo se habría usado para el pago de compensaciones a personas cercanas a él.

En esto coincide Livas: ?Yo he dicho públicamente que parte de ese dinero fue para pagar sobresueldos y eso amplía el abanico de complicidades?.

En esto no se ha ido a fondo, dice Livas, mientras que el procurador del estado afirma que las investigaciones buscan, de momento, la obtención de documentos oficiales que prueben que efectivamente los 23 millones de pesos fueron a parar al PRI cuando fueron presidentes de esta organización Juan Manuel Parás y Horacio del Bosque, en el interinato gubernamental de Clariond.

?Estamos en proceso de obtener un informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que corrobore que ese dinero sí fue depositado en cuentas del PRI?, dice.

La semana pasada, González Suárez sostenía que sí había elementos de prueba fidedignos sobre el destino de los 23 millones, y sus palabras fueron: ?Son tan fidedignas que por eso la Comisión Estatal Electoral le impuso una sanción de 46 millones de pesos al PRI?.

Sin embargo, el Tribunal Estatal Electoral rechazó el sábado la resolución de la Comisión Estatal Electoral, cuyo pleno multó al PRI por haber recibido presuntamente parte del dinero desviado por Doria, y regresó el expediente a la CEE para que las acusaciones se sustenten con pruebas concretas.

El PRI cantó de inmediato esta decisión como un triunfo y sus dirigentes acordaron exigir a la Cámara de Diputados la destitución de Ramón de la Peña Manrique como presidente de la CEE, por haber actuado con supuesta parcialidad al promover la sanción en contra del tricolor.

Con ese propósito, la dirigencia que encabeza Ricardo Canavati decidió reconciliarse con el coordinador de la bancada priísta, Óscar Adame, a quien pretendió remover del cargo al insinuar que estaría involucrado en el desvío de los 173 millones de pesos.

Adame fue contralor del estado con Benjamín Clariond y ha declarado que él nunca detectó las operaciones de Doria, lo cual ha sido cuestionado aquí.

Luis Farías Mackey, secretario adjunto a la dirigencia nacional del PRI fue quien dio lectura, en rueda de prensa, al documento que elaboraron dirigentes priístas el 13 de mayo (Ricardo Canavati, dirigente estatal; Humberto Lepe, delegado, y Manuel Bartlett, operador de Francisco Labastida, entre otros) y en el cual se pidió la remoción de Adame, señalándolo como ?socio de Doria en la empresa Carmen Cosmetics y consuegro de Canales Clariond?.

En el texto también se exigía que tanto Adame como el ex gobernador Clariond fueran llamados a declarar. Este lo hizo a los días siguientes y después salió del país para emprender un viaje que concluiría esta semana.

Óscar Adame demandó a Farías por calumnias, difamación y pandillerismo, y hubo manifestaciones de inconformidad por parte de priístas, debido a la presencia de Bartlett y su pretendida intención de actuar como juez entre ellos.

Lo anterior provocó una fuerte crisis al interior del partido, porque Adame se reveló y no pudo ser removido. Farías fue obligado a renunciar a su cargo, después de que la presidenta nacional del Revolucionario Institucional, Dulce María Sauri, vino a Monterrey para hablar con algunos de los involucrados en el conflicto, entre ellos, el ex tesorero de Clariond.

Adame, por su parte, retiró la demanda en contra de Farías. Éste vino el sábado pasado a Monterrey para apoyar la campaña de Jaime Rodríguez, candidato del PRI a la alcaldía de Guadalupe, y de paso a tratar de reconciliarse con el líder de los diputados del tricolor.

A su vez, las coordinadoras de los diputados del PRD y del PT, Lucilda Pérez Salazar y Guadalupe Rodríguez, han demandado que se lleve hasta sus últimas consecuencias la investigación en torno del dinero desviado al PRI y afirman que ese instituto político es culpable, por lo que se le debe retirar el registro.

Por otro lado, legisladores como Jorge Padilla Olvera, del PCD, opinan que en todo este escándalo no se ve clara la posición del gobernador Fernando Canales en relación con la presunta participación de su primo Benjamín en el desvío de recursos públicos.

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