El asesinato del general Javier Orlando Guzmán Monforte, jefe operativo de la Policía Judicial Federal (PJF) en Oaxaca, ejecutado ayer en esa entidad, podría estar relacionado con dos investigaciones que el militar realizaba en la entidad: la actividad del cártel de la familia Díaz Parada y la venta de plazas.

Oficialmente, la Procuraduría General de la República (PGR) no descarta que el móvil del atentado contra el militar esté relacionado con las aprehensiones de Javier Monroy, Martínez, ex subdelegado de la PJF en Oaxaca; de ocho agentes de la misma corporación y tres civiles relacionados con cárteles de la droga, señaló el subprocurador de Procedimientos Penales ?B?, Alfonso Navarrete Prida.

El subprocurador indicó que por tratarse de un funcionario federal en ejercicio de sus funciones, por disposición expresa de la ley la PGR ha iniciado las investigaciones correspondientes. En tanto, en Oaxaca fuentes de la Policía Judicial llamaron la atención sobre el hecho de que la ejecución del segundo comandante de la PJF en Oaxaca se registró a unos días de la detención del presunto narco, Fortino Ríos Altamirano, por un delito del fuero común.

En este contexto, los informantes señalaron también a EL UNIVERSAL que la pieza faltante en el rompecabezas que la PGR trata de armar está en la venta de plazas de la PJF en ese estado.

Recordaron el caso de Virgilio Ojeda Osorio, persona enviada especialmente a Oaxaca por Alfonso Navarrete Prida para indagar las irregularidades del comandante Monroy.

Dos meses después de su llegada a la entidad, Ojeda Osorio ya estaba también involucrado en la venta de plazas de agentes judiciales.

Actualmente, Virgilio Ojeda es prófugo de la justicia por su presumible protección brindada a traficantes de drogas de la región Costa, ligados con el cártel de Juárez.

Según una averiguación previa iniciada por la FEADS, Ojeda Osorio presuntamente recibía 200 mil dólares mensuales del narco Roberto Iglesias Meza, alias ?Don Robert?, para facilitar el traslado de cocaína por el estado. Iglesias Meza entregaba el dinero a Ojeda Osorio a través de una persona identificada como ?El Cubano?, propietario de una agencia de viajes, traficantes de indocumentados y tratante de blancas.

En la indagatoria también aparecen implicados dos oficiales de la Policía Federal de Caminos (PFC), Héctor de los Santos y el comandante Neri.

Ojeda Osorio, conocido con el sobrenombre de ?El Cachalote?, estaría también ligado igualmente a otros dos traficantes conocidos como ?El Pacholín? y ?El Mireles?.

En entrevista radiofónica, Alfonso Navarrete explicó los detalles del atentado que le costó la vida al general Monforte.

Dijo que ?alrededor de las 11 de la noche tuvimos conocimiento que el comandante Javier Orlando Guzmán Monforte, al salir de las oficinas de la Procuraduría General de la República en Oaxaca, había sufrido un atentado en el cual perdió la vida?.

De inmediato, agregó, en coordinación con las autoridades de la Procuraduría de Justicia del estado de Oaxaca tuvimos oportunidad de emprender una investigación que permitiera esclarecer estos hechos?.

Hasta el momento, apuntó, lo que tenemos es lo siguiente: ?Sabemos que este comandante Orlando Guzmán Monforte salió de las oficinas alrededor de las 10 de la noche, solicitó que alguien pudiera trasladarlo a su domicilio, esta persona que lo traslada de nombre Jesús Ramírez González, al ir conduciendo el vehículo en las calles céntricas de la ciudad de Oaxaca se detiene a que el comandante haga una llamada telefónica y en ese momento algunas personas con rifles de alto poder proyectan alrededor de 25 impactos de bala, al parecer son ?cuernos de chivo??.

Navarrete explicó que el general fue asesinado con rifles de asalto AK-47 por un comando de al menos seis personas.

Señaló además que Jesús Ramírez es custodiado desde ayer por la PJF en calidad de ?testigo protegido?.

En cuanto a los automóviles que participaron en el atentado, el subprocurador ?B? dijo que la PGR ya tiene asegurado el Ford Grand Marquis, con placas del Distrito Federal, en el que viajaban algunos de los agresores del militar.

Navarrete habló también de las investigaciones encomendadas al general Monforte. En este contexto, mencionó posibles implicaciones de policías judiciales ?e inclusive ministerios públicos,? en la relación de hechos que culminaron ayer con la ejecución del jefe operativo de la PJF en Oaxaca.

A la pregunta de si los judiciales estarían involucrados con el narcotráfico, el subprocurador contestó afirmativamente. Por el tipo de ejecución, por las armas utilizadas, dijo, el móvil, que se perfila como prioritario en las líneas de investigación, se considera que podría ser una ejecución relacionada con delitos contra la salud.

Reacomodos del narco

El recrudecimiento de la violencia ligada al narcotráfico en Oaxaca comenzó a repuntar a finales de 1999.

En septiembre de ese año, EL UNIVERSAL publicó información exclusiva sobre una investigación de la PGR que involucraba a mandos de la Policía Judicial Federal y del estado en asuntos de narcotráfico.

En octubre de ese año, el entonces comandante Javier Monroy Martínez, ex subdelegado de la PJF en la entidad, se vio involucrado en un problema de aseguramiento de cocaína.

Su nombre surgió a la luz pública como consecuencia de un operativo militar, en el que una de las camionetas Suburban que estaba a su cargo fue detenida en el puesto de control de Las Tejas para ser revisada.

Ahí, los efectivos del Ejército encontraron poco más de 45 kilos de cocaína que era transportada en la unidad por los agentes de la PJF, Paloma Xiomara Ávila González y Agustín Moncada Mendoza. Por esos hechos se integró la averiguación previa número SC/176/99 en contra de ambos agentes por delitos contra la salud, en las modalidades de transportación y posesión de cocaína, y por el diverso de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. El siguiente episodio surgió durante la investigación de los hechos, ya que Paloma Xiomara apareció ligada sentimentalmente al comandante Monroy Pérez.

El 4 de octubre se hace oficial la captura de la agente Xiomara González (adscrita a la Dirección de Operación y Planeación de la PGR), a quien se le ofrecen los beneficios de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para presentarla en el caso como ?testigo protegido?.

Un mes después, el comandante Monroy es detenido por elementos de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO).

Antes, el 6 de octubre, el propio Alfonso Navarrete Prida envía a la plaza de Oaxaca a Virgilio Ojeda Osorio, con la misión de investigar a los agentes del Ministerio Público Federal Hugo Garza Zapata, titular de la agencia en Matías Romero, así como al subdelegado de Averiguaciones Previas, Abraham Rubio y al agente Ricardo Lozano Garza.

Este último, ?aspirante a ocupar el cargo de Ojeda Osorio? (EL UNIVERSAL, 9 de noviembre de 1999).

El 8 de diciembre de 1999, la PGR ejerció acción penal contra el comandante Monroy y 13 personas (entre ellas 10 agentes de la PJF) involucrados en los hechos de octubre.

Entre los detenidos figuraban también tres civiles, quienes fungían como ?madrinas?. La acusación de la PGR se centraba en delitos contra salud cometidos por el grupo y en otro ilícito más, el de secuestro, cometido en contra de Fortino Ríos Altamirano, por quien los judiciales pedían 500 mil pesos.

Entre los consignados estaban el comandante en jefe y subdelegado de la Policía Judicial Federal en el estado de Oaxaca, Javier Monroy Martínez; el subjefe de la Policía Judicial Federal en ese estado, Vicente Acosta Silva; el encargado de la subsede en Matías Romero, Enrique Ismael Ortega Sánchez y siete agentes más de la Policía Judicial Federal. En Oaxaca, las fuentes judiciales destacaron que el crimen estaría relacionado con una venganza o revancha del narcotráfico, principalmente del cártel de Tijuana, al cual había estado ligado Guzmán Monforte.