La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó anoche que un batallón completo integrado por unos 600 elementos castrenses entre altos mandos, oficiales y personal de tropa será desarticulado, luego de que se descubriera que algunos elementos mantenían vínculos con el narcotráfico.

El titular de la dependencia, general Gerardo Clemente Ricardo Vega García, aseguró que 48 integrantes del 65 Batallón de Infantería con sede en Guamúchil, Sinaloa, están implicados en delitos contra la salud.

Agregó que hace unos días, luego de que la dependencia tuviera reportes de las presuntas actividades ilícitas, se decidió concentrar a todo el batallón para iniciar una investigación. "Preferimos dar la cara, ventilar el asunto y actuar con transparencia", dijo. En las pesquisas explicó en entrevista al Noticiero de Joaquín López Dóriga se descubrió que algunos soldados que habitualmente subían a la sierra a destruir plantaciones tenían droga y dinero cuyo origen no podían aclarar. Agregó que entre los inculpados se encuentran un teniente que se encuentra prófugo, un subteniente y que otros 40 de los acusados dieron positivo al consumo de sustancias prohibidas.

La Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa y familiares de las víctimas denunciaron tortura y aislamiento de los soldados. Vega negó que los 600 elementos se encontraran detenidos y dijo que hay ya hay soldados que salieron francos y otros que recibieron la visita de su familia.

Interviene la CNDH; envía dos visitadores

Elementos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos llegaron ayer al municipio de Guamúchil para investigar la denuncia presentada por familiares de militares y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a través de su presidente, Jaime Cinco Soto, quien dijo que con este arraigo se está violentando el artículo 16 constitucional en su séptimo párrafo, ya que se les está privando de la libertad y permanecen arraigados ilegalmente.

La labor de los visitadores, a quien acompaña un perito médico, adscritos a la segunda visitaduría general de la CNDH, es recabar testimonios e información y verificar la situación jurídica de los militares retenidos; llevarán a cabo las diligencias necesarias tendientes a conocer los hechos y asegurar que se respeten los derechos y garantías de los soldados.

Según la CNDH, su intervención se dio ayer al mediodía, cuando Cinco Soto, presidente de la CEDH presentó la denuncia respectiva.

La versión de un abogado

La detención de los 600 militares del batallón 65 de infantería con base en Guamúchil deriva de una investigación por delitos contra la salud; y al menos a 100 de ellos se les acusa de haber recibido dinero para evitar la destrucción de plantíos de mariguana en la zona serrana de Sinaloa y Chihuahua, según información del abogado de uno de los soldados inculpados.

El batallón 65 de infantería pertenece a la tercera región militar, a cuyo mando se encuentra desde julio pasado el general Juan Heriberto Salinas Altes.

Anoche trascendió que fueron liberadas decenas de militares de ese batallón, al reconocerse su inocencia en el hecho. El jefe de la base, Norberto Cortés Rodríguez, se negó a confirmar esta información, sólo comentó que seguirán el proceso contra el centenar de militares.

El abogado entrevistado en este puerto, quien representa a dos de los 10 militares trasladados a la tercera región militar, quien pidió el anonimato por cuestiones de seguridad, expresó que según la versión de uno de los involucrados éstos se encontraron una bolsa con dinero en la sierra y la transportaron hasta la base del 65 batallón donde al llegar (3 de octubre) fueron revisados por militares y elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), detectándoseles además droga.

Ante este hecho, los altos mandos del Ejército en la región a cargo del general Salinas Altes determinaron arraigarlos desde hace 12 días, a fin de hacer las averiguaciones correspondientes, consistentes en fuertes interrogatorios y hasta tortura para hacerlos firmar declaraciones, aseguran sus familiares.

El litigante, quien fuera entrevistado a las afueras de la tercera región militar, señaló que del total de soldados acuartelados e incomunicados, 100 son investigados por el delito antes mencionado y de éstos 10 ya fueron trasladados a la prisión militar de este puerto la noche del pasado domingo.

La misma fuente agrega que ayer otro grupo de 45, entre tropa y oficiales debió llegar a dicha cárcel, que se ubica en las instalaciones de la tercera región militar, que comprende la jurisdicción de Sinaloa y Durango, con una capacidad para mil 200 internos.

Nadie se puede acercar al portón de la base de esta región militar pero fuentes del Ejército revelaron que un grupo de abogados adscritos al juzgado penal militar se trasladó hace días a Guamúchil para iniciar las indagatorias contra 100 de los 600 integrantes del 65 batallón de infantería. El comandante de la tercera región militar, general Juan Heriberto Salinas Altes, no se encuentra en la ciudad, por lo que el mayor Jaime Cruz, su secretario particular, dijo que cuando llegue el comandante habrá información.

Los primeros 10, del total de acusados, que están en el penal de Mazatlán, ya rindieron su declaración preparatoria y hoy se les podría dictar auto de formal prisión.