Tijuana, BC. Más de 2 mil 500 elementos policiacos y militares ingresaron ayer al Centro de Readaptación Social La Mesa, donde desmantelaron un "pueblo" que los reos habían fundado, y en el cual vivían familias completas y jugosos negocios se habían creado. El penal, conocido como El Pueblito , albergaba a unas 300 familias, que ya habían instalado cerca de 150 comercios, entre tiendas de abarrotes, restaurantes, tortillerías, panaderías, un bar y casa de apuestas.

El operativo encabezado por Francisco Arellano Noblecía, comandante de las Fuerzas Federales de Apoyo (FFA) de la Policía Federal Preventiva (PFP), y Alejandro Gertz Manero, secretario de Seguridad Pública federal tuvo como objetivo erradicar la corrupción y la sobrepoblación de 6 mil 700 reos, que derivó en una fuerte organización delictiva que incluso controlaba secuestros, asesinatos y distribución de enervantes en el mismo penal y en toda Baja California.

En el lugar, las familias y los niños convivían con heroinómanos, prostitutas, narcotraficantes, violadores, homicidas, polleros y hasta secuestradores. Según Víctor Clark Alfaro, presidente del Comité Binacional de Derechos Humanos en Tijuana, esta prisión generaba cerca de 5 millones de dólares anuales, producto de los negocios instalados en ella y que eran tolerados por las autoridades.

Reubican a 2 mil 200 reos en Baja California

Considerado el fin de la "gema negra" de las cárceles del país, ayer 2 mil 500 efectivos policiacos y militares trasladaron a más de 2 mil 200 reos del Centro de Readaptación Social La Mesa, conocido como El Pueblito , ubicado en esta ciudad, hacia el penal de mediana seguridad El Hongo , en el municipio de Tecate.

Otros 44 reclusos fueron llevados a cárceles de alta seguridad: a Matamoros, Tamaulipas, 15; a Puente Grande, Jalisco, 15 más, y a La Palma, en Almoloya de Juárez, estado de México, 14.

Por la tarde inició la destrucción de las viviendas construidas en su interior ("carracas"), algunas de lujo de hasta tres pisos.

El Pueblito , fundado desde 1956 como penitenciaría, además de recluir a 6 mil 700 personas hasta ayer, daba cobijo a más de 300 familiares, quienes ya habían instalado cerca de 150 comercios, entre tiendas de abarrotes, restaurantes, tortillerías, panaderías, un bar y casa de apuestas.

El operativo "Tornado", encabezado por Francisco Arellano Noblecía, comandante de las Fuerzas Federales de Apoyo (FFA) de la Policía Federal Preventiva (PFP), y Alejandro Gertz Manero, secretario de Seguridad Pública federal, tuvo como objetivo erradicar la corrupción y la sobrepoblación (de más de 5 mil reos) que derivó en una fuerte organización delictiva que incluso controlaba secuestros, asesinatos y distribución de enervantes en el mismo penal, en Tijuana y en toda Baja California.

Esta entidad, con cerca de 2.5 millones de habitantes, es la segunda con el mayor número de presos en el país, 12 mil 770, después del Distrito Federal, con 8.5 millones de habitantes y 22 mil 819 reos.

El gobernador Eugenio Elorduy Walther declaró que las actividades ilícitas en El Pueblito reportaban ganancias diarias de un millón de dólares; una versión extraoficial indica que los tres cabecillas, responsables de la venta de droga, aún se encuentran aquí, pues dos de ellos se ampararon y el otro está bajo proceso.

Admitió que lo anterior fue permitido por las propias autoridades carcelarias, sobre quienes ya pesa una investigación al consentir todo tipo de privilegios para estos "poderosos".

Elorduy Walther reveló que el operativo, conocido por unos cuantos y que llevó seis meses prepararlo, originó en principio la renuncia y "desaparición" del ex director del penal, Carlos Lugo Félix, a quien no se ha visto desde el pasado lunes.

Los reos "dueños de los negocios", quienes establecieron una especie de autogobierno en el penal, fueron enviados a cárceles de alta seguridad de Tamaulipas, Jalisco y estado de México.

El traslado

Al filo de las 02:00 horas de ayer inició el operativo con mil 500 elementos de la PFP y de la estatal preventiva, más otros mil de la Procuraduría General de la República, Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Defensa Nacional.

Después llegaron 11 tráileres de la empresa Julián de Obregón, que llevaron a los reos sentados en el piso de las cajas de carga y asegurados con esposas de plástico. Cada vehículo llevó entre 130 y 150, custodiados por elementos de la PFP.

La Procuraduría de los Derechos Humanos documentó tres quejas de familiares de reos sobre el robo de sus pertenencias, abandonadas contra su voluntad en el desalojo.