Documentos en poder del IFE comprueban que durante el 2000 el sindicato petrolero entregó 500 millones de pesos a líderes priístas de seis estados en los que había fuerte presencia opositora. Los recursos eran parte del cheque por 640 millones de pesos que Pemex entregó al gremio como préstamo, y que es investigado por la PGR como parte del escándalo del desvío de fondos en la última campaña presidencial.

La Comisión de Fiscalización del IFE se encargará de determinar si el Revolucionario Institucional supo de la entrega de dichos recursos. Se prevé que en los próximos días una comisión de consejeros acuda a la Secretaría de Finanzas del partido para revisar sus libros contables del 2000.

Los documentos en poder del Instituto muestran que el tesorero del sindicato, el senador Ricardo Aldana, autorizó que seis personas relacionadas con la campaña de Francisco Labastida retiraran los 640 millones de pesos. Sin embargo, de acuerdo con los registros bancarios, sólo obtuvieron 500 millones de pesos. El dinero fue entregado en Tlaxcala, Zacatecas, Yucatán, Chiapas, Jalisco y Aguascalientes. La PGR, que lleva la investigación judicial, investiga quiénes recibieron el dinero y qué pasó con los 140 millones restantes.

Dieron petroleros 500 mdp a estados opositores al PRI

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) canalizó 500 millones de pesos, provenientes de Pemex, a estados gobernados por partidos opositores al PRI, durante el 2000.

El dinero, cuyo origen es investigado por la Procuraduría General de la República (PGR), fue entregado a seis personas relacionadas con la campaña presidencial priísta y previamente autorizadas por el tesorero de dicho sindicato, senador Ricardo Aldana Prieto.

La información ya está en archivos del Instituto Federal Electoral (IFE), para que la Comisión de Fiscalización la integre en la indagatoria que sigue sobre el caso Pemexgate y con ello determine si el Revolucionario Institucional conoció del traslado de dichos recursos monetarios o si tiene responsabilidad en esa situación.

Esa documentación fue consultada de manera directa por personal del IFE, en los archivos de la averiguación previa que resguarda la PGR en 70 tomos con más de 80 mil páginas. Los datos obtenidos por el IFE describen, por ejemplo, la bitácoras que siguió una aeronave al servicio del PRI, en la que supuestamente fueron enviados desde el Distrito Federal esos recursos a estados como Tlaxcala, Zacatecas, Yucatán, Chiapas, Jalisco y Aguascalientes. Para el IFE son importantes los informes consultados, de tal forma que el origen lícito o no de los 500 millones de pesos sería un agravante más, en caso de que la autoridad fiscalizadora determine que el PRI no reportó todos los ingresos a su campaña presidencial de hace dos años, lo cual implica una falta y la correspondiente sanción. Los integrantes de la Comisión de Fiscalización se reunieron el pasado 16 de julio, y ahí se planteó la posibilidad de revisar la averiguación previa que al respecto tiene la PGR, pero también aprovechar la disponibilidad de la dirigencia nacional del PRI para consultar sus libros contables del año 2000. El paso a seguir es que los consejeros electorales fiscalizadores conformen un grupo técnico que visite las oficinas de la Secretaría de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, en la sede de Insurgentes Norte, en la capital del país. Los 500 millones provienen originalmente de un cheque (número 8648 de la cuenta 1021355752 de Inverlat) que la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) expidió por 640 millones de pesos en favor del tesorero del STPRM, y el 8 de junio de 2000 fueron recibidos y depositados en una sucursal de Banorte. El tesorero del sindicato petrolero, Aldana Prieto, aparentemente autorizó la firma de seis personas relacionadas con el PRI, y la campaña presidencial para el retiro de los 640 millones de pesos, pero esos seis sujetos sólo obtuvieron 500 millones de la misma moneda. Esas personas son Antonio Melitón Cázares, Alonso Veraza López, Andrés Heredia Jiménez, Elpidio López López, Gerardo Trejo Mejía y Joel Ordiales Pacheco. Tres de los autorizados para el retiro de ese dinero son testigos protegidos de la PGR: Alonso Veraza, Melitón Cázares y Andrés Heredia.

De los 140 millones restantes, la autoridad también investiga el destino que dio el tesorero del STPRM, toda vez que no existe documentación que acredite que sea dinero entró a la campaña priísta, a través de alguna persona. Los reportes de la PGR indican que los 500 millones de pesos en efectivo fueron trasladados en una camioneta al servicio del PRI y la campaña presidencial. La unidad estuvo siempre escoltada por personal armado. En diversos viajes, el dinero finalmente llegó a oficinas propiedad del PRI o alquiladas para la campaña proselitista.

Se detallan en la indagatoria 14 retiros de la cuenta 5590206999 de Banorte: entre el día 9 y el día 20 de junio de 2000, se expiden cheques con números consecutivos del 051 al 064.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió, el 11 de diciembre de 2001, un dictamen técnico en el que precisa que los cuatro últimos retiros los hizo el tesorero del sindicato, senador Aldana, y fueron 140 millones de pesos. La ubicación de las personas o grupos que recibieron los 500 millones en los estados del país es el último eslabón de la investigación, pero con la información que tiene el IFE puede completar el grueso de la indagatoria que inició a partir de la queja que presentó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) sobre un supuesto financiamiento irregular en la campaña presidencial del PRI.