Como presidente de la República, Carlos Salinas conoció de las ilegalidades que se cometían en Conasupo, cuyo daño patrimonial ?se consigna en el informe final de la auditoría practicada por diputados federales? asciende a un billón 631 mil 352 millones de viejos pesos, es decir mil 631 millones de pesos actuales.

En el informe están los elementos para proceder penalmente contra los responsables, así como contra quienes omitieron cumplir con su deber de consignar a los que actuaban al margen de la ley en transacciones que se hacían en la paraestatal.

Varios ex funcionarios podrían ser enjuiciados. Entre ellos, Guillermo Soberón, ex titular de la Secretaría de Salud; Jaime Serra Puche, entonces secretario de Comercio y Fomento Industrial, así como Pedro Aspe Armella, otrora titular de Hacienda.

Igualmente, el entonces procurador general de la República, Enrique Álvarez del Castillo; María Elena Vázquez Nava, titular de la Contraloría de la Federación; Jacques Rogozinski, Aarón Schwartzman e Ignacio Ovalle Fernández, director de Conasupo.

El diputado Miguel Alfonso Raya, presidente de la comisión investigadora del funcionamiento de Conasupo, asegura que el informe será presentado al pleno de la Cámara de Diputados el próximo martes y enviado, de inmediato, al Presidente de la República.

Por lo tanto, asevera, corresponderá al jefe del Ejecutivo federal ordenar se proceda contra los responsables del daño patrimonial. ?Hay los elementos suficientes no sólo para reabrir los casos que han prescrito, sino también fincarles nuevas responsabilidades a quienes fueron servidores públicos?.

El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) advierte: ?Si el presidente Ernesto Zedillo no ordena el fincamiento de las responsabilidades a los culpables, se convertirá en cómplice?.

Y precisa: ??Los diputados federales tenemos confianza en que haya voluntad política, por parte del titular del Poder Ejecutivo federal, para que no quede impune este saqueo que se hizo a la nación, con las transacciones que se realizaron en Conasupo?.

No hay elementos para proceder penalmente contra RSG: Pérez Gavilán

A su vez, la diputada del Partido Acción Nacional, Margarita Pérez Gavilán, afirma que en el informe de la auditoría no hay elementos para proceder penalmente contra de Raúl Salinas de Gortari, quien se desempeñó como director de planeación de Conasupo, en especial en la época en que se cometieron las más graves ilegalidades.

En el informe se explican los rubros de los daños que se causaron a la paraestatal en el periodo comprendido de 1982 a 1999, y que ascienden al billón 631 mil 352 millones de viejos pesos: ? Pago de comisiones por contratos exclusivos de distribución de harina de maíz, por 49 mil 115 millones 205 mil 643 pesos; pago de maquila a Miconsa Atlacomulco, por 54 mil 289 millones 475 mil pesos.

? Pago indebido del deterioro financiero a Maseca, por 15 mil 760 millones 979 mil pesos; diferencia en la venta de plantas y marcas de Liconsa, por 57 mil millones 150 mil pesos.

? Faltante de leche en polvo irlandesa de 1986, por 4 mil 477 millones 875 mil pesos; diferencia en la venta de Miconsa Atlacomulco, por 11 mil 279 millones 310 mil pesos; inversión no recuperada en la planta Miconsa Guerrero, por 15 mil 140 millones 53 mil pesos.

? Sobreprecio pagado en la construcción de la planta Miconsa Guerrero, por 9 mil 718 millones 686 mil pesos; mermas por mil 414 millones de millones, 456 millones 187 mil pesos.

Trato preferencial a empresas

En el informe se menciona que diversas empresas fueron creadas de manera irregular, pero también la auditoría permitió conocer que éstas no contaban con la solvencia ni la experiencia para garantizar el cumplimiento de los contratos.

Sin embargo, se les otorgó un trato preferencial y fueron incluso favorecidas con contratos de elevada cuantía.

A manera de ejemplo se cita el caso de la distribución de la harina de maíz. Las empresas que se constituyeron, como es el caso de Maseca, obtuvieron enormes beneficios, debido a las diversas modificaciones que se hicieron en los contratos.

Todas las irregularidades que detectó la comisión especial son de tal magnitud que se recomienda al jefe del Ejecutivo federal finque responsabilidades a las siguientes personas: Carlos Alamán Bueno, Mario Torres López, José Rodríguez Gaspar, Luis M. Arruti Pérez, Alejandro Gardea Sánchez, Angel Pérez Cantú, Jorge Segura Senday, Diego Valdiosera Reyes, Salvador Yáñez Campero, Alejandro Vélez Sáenz.

Asimismo, las empresas Servicios de Mercadería, Comercialización y Proveeduría de Básicos, Mayoristas de Básicos del Noroeste y Distribuidores de Harinas Industrializadas.

Se consigna también en el informe final de la comisión investigadora que diversas empresas, como fue el caso de la importación de leche, en especial la que estaba contaminada con radiactividad, quebraron y nunca fue posible recuperar los montos que se pagaron en dólares por la adquisición del lácteo.

Los diputados federales se abocaron, con el apoyo de diversas empresas privadas, a realizar el análisis de lo ocurrido en la paraestatal Conasupo en los últimos 17 años. Es decir, la investigación comprendió el periodo de 1982 a 1999.