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Más de 200 empresas han sido señaladas por el gobierno estadounidense como parte del engranaje que hace funcionar al crimen organizado en México. Los nombres de casi 400 personas también han salido a relucir en estas redes. Todos fueron vetados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su supuesta relación con criminales, pero en los comunicados que emite la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) falta resaltar un dato: desde hace seis años se han registrado 105 casos mexicanos que han logrado salir de esta famosa lista negra y deshacerse de la etiqueta que los puso junto a los capos más peligrosos del país.

En diciembre de 2009 un empresario del norte de México recibió una llamada que cambió su vida. Su esposa lloraba y él no lograba entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Cuando colgó sólo alcanzó a decir que le habían informado que estaba en una lista llamada OFAC y que lo relacionaban con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, uno de los grupos criminales más importantes en esa época. “De la noche a la mañana te registran como si fueras narcotraficante”, afirma este hombre que comenzó a buscar información sobre cómo defenderse ante la acusación de Estados Unidos.

Desde ese momento ningún banco en territorio mexicano aceptó su dinero. La pelea por salir de este listado apenas comenzaba.

Aunque el proceso es tortuoso y agotador, 64 personas y 41 empresas han logrado borrar su nombre de la OFAC. En promedio, pasaron hasta seis años juntando las pruebas para demostrar que no tenían relación con ningún narcotraficante.

El primer freno es encontrar quién te defienda. Un abogado estadounidense tiene que ser autorizado para llevar tu caso y ninguno quiere defenderte porque supuestamente tus recursos son ilegales, asegura el mexicano que fue acusado en 2009. El costo del proceso llega hasta los 50 mil dólares. 

La mayoría de los casos que han sido eliminados comenzaron su proceso desde 2005 y 2006, fechas en las que el gobierno federal mexicano inició una estrategia de combate directo contra grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas. Seis de cada 10 personas que pelearon por salir de la lista de la OFAC en esos años lograron su cometido apenas en 2013 y 2014.

Con más de 50 años de edad, el empresario norteño fue uno de los 17 casos que se eliminaron de la lista en 2012. Aunque han pasado casi tres años desde que recibió la llamada de su abogado, en El Paso, Texas, avisándole que pronto estaría fuera, en México su batalla aún no termina.

El gobierno mexicano inició una averiguación previa en su contra desde que lo designaron en la OFAC y, aunque entregó las mismas pruebas que en el país del norte, aún está en espera de la resolución de no ejercicio de acción penal en su contra.

Tanto en Estados Unidos como en México “nos hicieron garras”, repite de forma dolorosa este hombre que perdió desde dinero hasta amigos a causa de las acusaciones del gobierno estadounidense.

Negocios fuera

Para algunas compañías el hecho de ser señaladas por la Unión Americana como parte de las redes criminales de diversos grupos del narcotráfico se ha traducido en su muerte financiera. Ningún ciudadano o institución bancaria del país del norte puede hacer transacciones económicas con aquellas personas o empresas que son enlistadas.

Aunque se afirma que estas medidas sólo operan en territorio estadounidense, la realidad es diferente. Estas reglas sí traspasan la frontera con México. Empresas y personas pueden ser vetadas por bancos como Grupo Financiero Banamex, uno de los tres mayores bancos del país, y que fue comprado en agosto de 2001 por Grupo Financiero Citigroup, compañía estadounidense que es considerada como la mayor empresa de servicios financieros y que tiene que cumplir con las normas de la OFAC.

Además, diversas instituciones como American Express Bank, J.P. Morgan, Bank of America, entre otras, también tienen oficinas en territorio mexicano.

De 2002 a 2014 existieron 257 designaciones de empresas que, de acuerdo con los reportes de Estados Unidos, presuntamente estaban relacionadas con grupos del crimen organizado.

Pero los informes de la Drug Enforcement Administration (DEA, por sus siglas en inglés), el Federal Bureau of Investigation (FBI, por sus siglas en inglés) y el Departamento del Tesoro, entre otras agencias que participan en la creación de esta lista negra, no fueron tan contundentes en 41 casos. El 20% de las empresas que fueron designadas en un inicio actualmente están fuera.

La mayoría fueron acusadas de ser parte de redes de lavado de dinero e incluso de proporcionar precursores químicos para la producción de drogas sintéticas.

En enero de 2005, la OFAC presentó a 15 compañías y 24 individuos, todos mexicanos, como una célula de lavado de la organización de los Arellano Félix. De acuerdo con el boletín publicado en la página del gobierno de Estados Unidos, durante tres años este grupo “había lavado más de 120 millones de dólares procedentes de la venta de narcóticos”. De esta lista no queda nada. Todos los nombres fueron borrados desde hace tres años.

La otra cara de la moneda

Lo que para algunos representó la peor crisis financiera, pérdida de clientes, cierre de establecimientos y abandono de amigos y hasta familiares, para otros no significó nada.

De las 216 empresas mexicanas que aún se encuentran vigentes en la lista de la OFAC, hay 28 que tuvieron varias concesiones o contratos con el gobierno federal. Antes de ser señaladas como parte de una red de lavado de dinero, en su mayoría, muchas de éstas habían pasado inadvertidas para el gobierno mexicano.

Uno de estos casos fue Productos Farmacéuticos Collins, un año antes de ser señalada por el Departamento del Tesoro como proveedor de pseudoefedrina para el cártel de los Amezcua, aún celebraba contratos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que le dejaron ganancias de 10 millones de pesos en 2007. Esta empresa consiguió, hasta esa fecha, 69 concesiones y 52 contratos con el gobierno federal, de acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia del gobierno federal.

Distribuidora Médica Hospitalaria S.A. de C.V., fue acusada de proveer precursores químicos. Fue enlistada en 2012 y fue proveedora del IMSS de 2009 a 2011.

En esta lista se puede encontrar todo tipo de negocios que supuestamente están relacionados con narcotraficantes, y es que de acuerdo con Antonio Luigi Mazzitelli, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, “los grupos criminales tienen una gran capacidad para encontrar nuevas formas y metodologías para blanquear el dinero de procedencia ilícita”.

Incluso, existe un negocio dedicado a brindar servicios de seguridad privada que hace dos años fue señalado por su presunta relación con los Beltrán Leyva. Esta compañía tuvo entre sus clientes al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Sala Regional de Guadalajara, desde 2003 hasta 2006.

Sistemas Élite de Seguridad Privada S.A. de C.V. cobró más de 6 millones de pesos provenientes de recursos de la Federación en todo ese tiempo, de acuerdo con documentos oficiales.

OFAC a la mexicana

En abril del año pasado, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, anunció en Washington que México comenzaría una lista para bloquear la participación de individuos o entidades asociadas al narcotráfico en su sistema financiero.

Uno de los principales cambios, según el funcionario, sería que “toda persona o empresa que aparezca en la lista de la OFAC o en la lista de la ONU estará impedida a realizar operaciones con bancos, casas de bolsa o cualquier institución del sistema financiero regulado por la Secretaría de Hacienda”.

Después acotó que México determinaría qué nombres de esas listas se incluiría en la nacional.

Una de las diferencias más palpables entre la lista de personas bloqueadas de Hacienda y la de la OFAC es que una ataca los flujos de dinero de extranjeros y otra apunta únicamente a los mexicanos y sus negocios.

Además, en el caso de México, la lista generada será de acceso restringido, afirma Alberto Elías Beltrán, director de la Unidad de Implementación de la Ley Antilavado de la SHCP.

Elías Beltrán detalla que la creación de esta lista de personas bloqueadas ha ayudado a que la “unidad de inteligencia financiera presente denuncias más sólidas ante la Procuraduría General de la República (PGR)”. Además, son casi mil millones de pesos los que se han asegurado tan sólo el año pasado.

Esto podría ser considerado como un movimiento positivo en la estrategia para combatir el crimen organizado y coartar su expansión. “Sin dinero, ningún grupo criminal tiene acceso al poder, porque no tiene los medios para corromper”, asegura Mazzitelli.