Cancún.- La historia del Dragon Mart Cancún inició, públicamente, el 22 de marzo de 2011, cuando el entonces gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, y el presidente de Chinamex Middle East Investment and Trade Promotion Centre, Hao Feng, presentaron el proyecto en el Cancún-Messe ante empresarios, autoridades locales y miembros de la política.

En las imágenes se mostraba virtualmente un centro de negocios gigantesco planeado cerca del aeropuerto internacional de la ciudad, con la promesa de crear 5 mil empleos directos para mexicanos y ciudadanos de origen chino. Para la operación del centro se buscaba cerrar negocio con 2 mil 500 empresas chinas, diría entonces José Luis Salas Cacho, presidente de Logistic y vicepresidente del proyecto.

El “show room” se visualizaba como un punto de venta de productos de origen chino para consumidores de América Latina y Estados Unidos, y el presidente de la Asociación de Propietarios e Inversionistas de la Riviera Maya (APIR), Antonio Cervera, lo bautizó como “el Santo Grial del comercio exterior”.

González Canto firmó ahí un “Convenio de Estímulos a la Inversión”, que favorecía a los inversionistas, facilitándoles trámites y subsidios en pago de impuestos y derechos.

El paquete de apoyos consistía en subsidio para el pago del Impuesto sobre la Traslación de Dominio; disminución en trámites ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio; diferimento del Impuesto sobre Nóminas y descuento sobre pago de derechos para conexión del agua potable.

Abarcaba gestiones para que el gobierno municipal de Cancún redujera el monto a pagar por Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y el pago del predial, durante tres años lo comprometía a financiar la licencia de construcción y los trámites necesarios para aprobar el proyecto.

Mencionaron que tendrían que modificar el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) para permitir la construcción del centro de negocios y la zona habitacional. González Canto habló de la necesidad de construir a futuro un puerto o muelle comercial en Puerto Morelos; había ya dos proyectos para ello, pero no aportó más datos.

Los primeros acercamientos

En privado y previo a la presentación de 2011, hubo acercamientos, reuniones y promesas entre Chinamex, el Ministerio de Comercio Chino y autoridades de Quintana Roo.

Del 4 al 8 de octubre de 2010, Hao Feng encabezó una delegación que viajó a México para evaluar en dónde podrían el centro.

La tarde-noche del 5 de octubre, Feng e integrantes del Ministerio de Comercio de China se reunieron con González Canto y otros funcionarios, de acuerdo con información que Chinamex en su portal de internet.

Un mes después, el gobierno chino y empresarios notificaron a la administración de González Canto que Dragon Mart sería instalado en Cancún, como lo informó el gobierno estatal el 22 de marzo de 2011. A partir de entonces, se incrementó la visita a México por parte de funcionarios del Ministerio de Comercio y Desarrollo Comercial de China.

En Cancún se entrevistaron con Roberto Borge, quien había asumido ya el cargo como mandatario de Quintana Roo. Hubo encuentros con el entonces asesor para proyectos estratégicos del gobierno estatal, Omar Giacoman; el secretario de Desarrollo Económico, Javier Díaz Carvajal; Antonio Cervera, de la APIR, y Marisol Vanegas, presidenta del Consejo Ciudadano de Cancún. “Las autoridades mexicanas dieron la bienvenida a la delegación y expresaron su firme apoyo al proyecto Dragon Mart Cancún”, refiere Chinamex en su archivo virtual.

Se presentan denuncias

De aquellas reuniones se enteraron sólo los involucrados. Nada se hizo público. A nivel mediático iban y venían especulaciones sobre el proyecto, del que se sabía oficialmente que se invertirían 150 millones de dólares en una primera etapa, que generaría 5 mil empleos directos, que manejaría productos chinos y que colocaría a Cancún como “puerta de Asia en América Latina”.

Hasta el 11 de junio de 2012, el director y representante legal del megaproyecto, Juan Carlos López, habló de los avances y rechazó versiones sobre el inicio del desmonte de vegetación. Aún no había permisos, pero en la foto que apareció en la web de Chinamex se observaba a Hao Feng en el predio El Tucán; eso encendió la alerta ciudadana.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) denunció ante la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Quintana Roo el desmonte de vegetación forestal en un terreno que, se presumía, iba a ser destinado para el Dragon Mart Cancún.

El entonces delegado de la Procuraduría, Guy Piña, declaró que realizarían una visita de inspección, pero aclaró que de confirmarse el desmonte en el predio para ese megaproyecto, el tema no sería competencia de la federación, sino del gobierno estatal, pues se trataba de una sascabera previamente impactada.

El proyecto del sexenio

El 14 de junio de ese año, Roberto Borge, realizó una presentación de lo que llamó “el proyecto de mi sexenio”, ante representantes de 70 empresas chinas, quienes viajaron a Cancún para conocer el planteamiento.

El evento estuvo organizado por el Consejo Chino para el Fomento del Comercio Exterior (CCPIT). Ahí, el vicedirector de enlace del organismo, Han Meiqing, declaró que Dragon Mart Cancún constituiría una nueva plataforma de comercio con beneficios bilaterales para México y China, así como para Latinoamérica.

Autorización “fast track”

El 31 de julio de 2012, Real Estate Dragon Mart Cancún ingresó el megaproyecto a evaluación del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (Inira), órgano de la Secretaría de Medioambiente de Quintana Roo (Sema).

Pese a la solicitud del Cemda y del ofrecimiento de Castilla para publicar en la página de Sema, la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto y enterar a la comunidad de sus características, esto no ocurrió. Los interesados tenían que viajar a Chetumal, al sur de Quintana Roo, para enterarse de qué trataba aquel “Dragón Chino”, del que tanto se hablaba.

Pese a la magnitud y complejidad de la obra, Ortega Ceballos y González Castilla autorizaron en “fast track” el proyecto, el 6 de septiembre de ese mismo año.

El permiso fue condicionado al cumplimiento de varias condicionantes, entre ellas, a la obtención de autorizaciones federales para la instalación de una planta de tratamiento y una desalinizadora de agua.

González Castilla fue promovido, meses después, para ocupar la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que entonces encabezaba Gabriela Lima Laurents.

El Cemda había alertado desde julio que el proyecto requería de autorizaciones de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales, de competencia federal, pero fue ignorado permanentemente.

A esa petición se fueron sumando otras organizaciones civiles, académicas, ciudadanos y empresarios. Sin embargo, el gobierno estatal y federal no escucharon.

Ante la opacidad mostrada por la empresa y las autoridades estatales, se organizó —el 30 de noviembre de 2012—, en la Universidad del Caribe, el “Foro sobre los Impactos Económicos, Sociales y Ambientales del Dragon Mart Cancún”.

Urbanistas, economistas y especialistas en planeación concluyeron que había elementos para suponer que el proyecto forma parte de una “clara” y “evidente” estrategia del gobierno de China para apoderarse de tierras en Puerto Morelos y explotar sus recursos naturales y energéticos con fines económicos.

El periodista Heriberto Araujo —autor del libro La silenciosa conquista China— explicaría que Chinamex es una empresa del gobierno de aquel país. “El interlocutor del proyecto es el estado chino”, “con intervención de autoridades mexicanas al más alto nivel”, afirmaría el corresponsal español, quien ha documentado el modus operandi de China para expandir su poderío económico y comercial a nivel internacional, y quien conoce a profundidad la historia y operación del Dragon Mart Dubai.

Con la información que se tenía del proyecto en ese momento, Araujo identificó al menos a tres entidades estatales chinas involucradas: Por ejemplo, Chinamex, cuyo presidente, Hago Feng, “es elegido a dedo por el Partido Comunista Chino” y depende del Ministerio de Comercio Chino, comentó el periodista.

Como participante, el doctor en Filosofía con especialidad en Economía por la Yale University, David Barkin, advirtió en su momento que la magnitud de los impactos del proyecto era tal, que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estaba dispuesto a intervenir en el análisis de las posibles violaciones al artículo 27 de la Constitución.

Licencia, proyecto que violenta la legislación

Meses después, luego de protestas, marchas, foros en el Senado, clausuras ciudadanas al predio, expresiones de rechazo, local y nacional y la intervención de un comité ciudadano de análisis, el gobierno municipal de Cancún, encabezado por el entonces alcalde, Julián Ricalde, negó, el 23 de abril de 2013, la licencia de construcción a “Real Estate Dragon Mart Cancún”. El proyecto no cumplía con el marco legal urbano-ambiental y era diferente al que había sido aprobado por el gobierno estatal, argumentó el edil.

La empresa se había amparado ya, y el 27 de agosto la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo consideró que el gobierno de Ricalde Magaña tardó más tiempo del debido para dar una respuesta a la empresa y “condenó” al ayuntamiento a expedir la licencia de construcción, negada en abril.

Emprenden inspecciones

El 9 de septiembre, semanas antes de concluir su encargo como presidente municipal, Julián Ricalde informó que el permiso había sido entregado. Dos días antes, el gobernador Borge se había comprometido públicamente ante integrantes del Comité que analizó el proyecto a dejar sin efecto el convenio de facilidades fiscales y administrativas. No se supo si lo hizo.

Con la licencia de construcción y los permisos estatales, Dragon Mart Cancun comenzó con el movimiento de tierra en el predio El Tucán, en noviembre de ese año.

Sin embargo, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Daniel Ávila, junto con el Cemda, promovieron un amparo a principios del año 2014, ante la inacción de la delegación de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el estado, para dar seguimiento y respuesta a las diversas denuncias hechas.

El legislador por Yucatán ganó el amparo y el tribunal obligó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a responder a las diversas denuncias presentadas en contra del proyecto. La dependencia estaba ya encabezada por el procurador, Guillermo Haro, en sustitución de Francisco Moreno Merino.

El nuevo procurador ordenó a inspectores regresar al predio El Tucán para llevar a cabo a fondo inspecciones en materia de impacto ambiental y forestal, a principios del año 2014, encontrando anomalías.

Durante los meses de agosto y septiembre del año pasado, la Procuraduría sancionó a la empresa con el pago de alrededor de 22 millones de pesos en multas, luego de concluir que se dañó un promedio de más de 200 hectáreas de vegetación forestal.

La empresa promovió la nulidad de las resoluciones. El lunes 26 de enero el propio procurador informó que por el incumplimiento a dichas resoluciones, el daño ambiental y la violación al Ordenamiento Ecológico, el proyecto quedaba clausurado. Sin embargo, la empresa ha advertido que esa no es la última palabra.

Se consideró la necesidad de construir a futuro un puerto o muelle comercial en Puerto Morelos para que el comercio pudiera impulsarse en la zona (ESPECIAL)