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La quinta parte del país está concesionada al sector minero. Hasta este año, la Secretaría de Economía (SE) había expedido más de 32 mil permisos para llevar a cabo actividades de exploración y explotación minera en un área de 36 millones de hectáreas, lo que equivale a 20% del territorio nacional.

Al establecerse una empresa minera en una localidad del país, es prioridad por encima de cualquier otro uso que se le pudiera dar a dichas tierras.

Así lo establece el artículo 6 de la Ley Minera que a la letra dice: “La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que se refiere esta ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno…”.

El control de las compañías mineras sobre las tierras es mayor en los estados del poniente y noroeste. En Colima, por ejemplo, éstas tienen la concesión de 255 mil hectáreas, es decir, de 44% de todo el estado.

Más de un tercio del territorio de Baja California, Jalisco y Zacatecas también está en poder de una minera. Lo mismo sucede con 32% de Sonora, 30% de Sinaloa, 27% de Durango y la cuarta parte de Coahuila y Nayarit.

En contraste, menos de 1% de Campeche, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán se destina a este tipo de actividades. No se tienen registros en Quintana Roo ni en el Distrito Federal.

Para estimar la superficie concesionada a cada titular se empleó la base de datos hecha por la empresa de análisis geoespacial Cartográfica, que extrajo la información de la Cartografía Minera que publica la Secretaría de Economía. La base se puede descargar en la sección de datos del sitio electrónico de EL UNIVERSAL. Cartográfica también colaboró con la visualización de las concesiones en México que se puede consultar de manera interactiva en el mismo portal.

El porcentaje del área concesionada [nacional y estatal] se calculó tomando como referencia la superficie total del país y de cada estado, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Seis grupos mineros concentran un área de 8.4 millones de hectáreas, esto es, un territorio similar al de Sonora y Jalisco juntos. A la cabeza de estas empresas se encuentra Altos Hornos de México, con 3.2 millones de hectáreas.

Le siguen en superficie Fresnillo Plc, con 1.9 millones de hectáreas e Industrias Peñoles, con 953 mil. Completan la lista Minera Frisco (889 mil), Grupo Cascabel (749 mil) y Grupo México (607 mil).

Minerales Monclova, perteneciente a Altos Hornos de México, es la empresa que tiene la mayor superficie concesionada: 2.4 millones de hectáreas, una extensión casi del tamaño de Tabasco.

El caso Blackfire

Llama la atención que en los registros de la SE aparecen dos personas físicas que tienen concesionadas grandes extensiones de tierra. Se trata de Jorge Jiménez Arana, quien cuenta con ocho permisos que le conceden una superficie de 580 mil hectáreas —área similar a la del estado de Colima— en los municipios chiapanecos de Acapetahua, Mazatán, Pijijiapan y Tapachula. Él, sin embargo, no es quien explota estas tierras.

Jiménez Arana es representante legal de la minera canadiense Blackfire Exploration México, una compañía que también cuenta con concesiones en el estado de Chiapas. En entrevista con EL UNIVERSAL reconoció que él sí aparece temporalmente como titular de las concesiones en tanto se traspasan a la compañía que representa.

“Sí aparezco yo como titular de las concesiones, eso es una situación que está así de manera temporal en tanto las concesiones se traspasan a una empresa de origen canadiense.

“…Blackfire tuvo un problema con el gobierno del estado de Chiapas en 2009, entonces en su momento no se juzgó conveniente que nuevas concesiones quedaran a nombre de la empresa… pero sí eventualmente [las concesiones] se van a trasladar.”

Un informe elaborado por United SteelWorkers, Common Frontiers y MiningWatch Canada detalla el problema que tuvo Blackfire. Según el documento, el gobierno mexicano clausuró su proyecto llamado Payback en Chiapas por infringir normas ambientales.

El reporte también señala que en ese contexto hubo otros dos escándalos. “1. Una semana antes de la clausura, Mariano Abarca, activista antiminero local, fue asesinado; 2. Días después, en los medios informativos canadienses se presentaron acusaciones en las que señalaban que la empresa había participado en la corrupción del presidente municipal de Chicomuselo.”

Más personas físicas

El caso de Jiménez Arana es uno de cientos que aparecen en los registros de la Secretaría de Economía. Otro ejemplo es el de Ivonne Alicia Boileve Romero, quien al menos en papel era dueña de 18 títulos que amparaban un área de 463 mil hectáreas en el municipio de Ensenada, Baja California. Sin embargo, debido a que el gobierno le canceló ocho permisos, la superficie se redujo a 321 mil hectáreas.

Ivonne Boileve tiene nexos con Navial Holdings, una división de The Kiliwa Mining Group, que a su vez es subsidiaria de la empresa estadounidense Cotton & Western Mining. En su sitio web, Navial Holdings asegura tener el control de “98% de los derechos mineros” en un área de más de 465 mil hectáreas de Baja California, aunque su nombre no aparece en los registros de la SE.

De acuerdo con el estudio El mineral o la vida: la legislación minera en México, se ha generado un mercado de concesiones en donde los titulares transmiten a terceros el derecho sobre ellas de todas las formas legales posibles, entre ellas la compra-venta.

“Es la más utilizada, aunque no se presente de esa manera. Se puede dar cuando una persona gestiona la concesión para sí y una vez que la obtiene la entrega a otra a nombre de quien se gestionó desde un principio, sin decirlo.

“En las concesiones otorgadas por la SE, por ejemplo, muchas personas físicas aparecen como beneficiarias, pero desaparecen en la etapa de explotación del mineral”, indica el estudio.

También se puede dar el caso de que una persona obtenga una concesión para explorar el tipo de minerales que existen en una determinada zona y luego la venda a una empresa interesada. En todo caso, estas acciones, concluye el reporte, “son completamente lícitas porque la ley las permite”.