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Ante los casos recientes y comunes de impunidad, corrupción, violación de derechos humanos  y falta de rendición de cuentas en el país, la sociedad civil respondió con 20 medidas "urgentes" que llevará al Ejecutivo para su diagnóstico.

La directora de la asociación civil Fundar, Haydée Pérez Garrido, respaldada por más de 20 organizaciones civiles, dio a conocer las propuestas que en su conjunto han trabajado en respuesta a las medidas adoptadas por el Gobierno Federal frente a los hechos recientes de impunidad y violación de derechos humanos, que califican de “tibias y limitadas”.

Una de las propuestas que giran en torno a la transparencia y a la rendición de cuentas es la creación de una Comisión de Investigación Bicameral que investigue el conflicto de interés derivado de la situación patrimonial del presidente de la República y del secretario de Hacienda y Crédito Público.

Se pretende que esta investigación se lleve a cabo mediante un trabajo sólido con etapas y plazos de trabajo definidos  y que la comisión se reúna con la sociedad civil para que informe periódicamente los avances que se tienen.

Las iniciativas prevén el trabajo conjunto del gobierno y la sociedad. “Debemos de apropiarnos de las instituciones; debemos usarlas y evitar un divorcio entre sociedad y el Estado”, dijo Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, durante el evento "La sociedad responde".

La sociedad civil propone hacer públicas y difundir las declaraciones patrimoniales, de interés y de impuestos, principalmente de los legisladores, líderes de bancada, candidatos a ocupar puestos de elección popular y funcionarios públicos de alto nivel.

También insta al gobierno mexicano a cumplir con los compromisos pendientes que asumió en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), plataforma internacional que presidirá México este año.

Como otra de las propuestas en esta materia se busca transparentar y regular los gastos en publicidad oficial en los tres ámbitos de gobierno de manera que se garantice y no se restrinja la pluralidad informativa.

En cuanto al tema de impunidad y derechos humanos, se plantea fortalecer a las instancias ministeriales que sean responsables de la investigación de delitos por violaciones a los derechos humanos con la creación de estructuras especializadas para ello en el tránsito de la Procuraduría General de la República a la Fiscalización  General.

Así como retirar las reservas que impuso a la Comisión Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas para que el Comité en esta materia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pueda conocer los casos individuales en México.

También se requiere que se garantice la correcta implementación del nuevo sistema de justicia penal al incluir contenidos de derechos humanos y homologar el registro de personas detenidas en los ámbitos jurídicos correspondientes, entre otras acciones.

En materia de desapariciones forzadas, el documento que exponen las organizaciones civiles propone legislar sobre este tema también en cuanto a un plan nacional de búsqueda y la depuración de registros.

Una vez entregadas estas propuestas al Ejecutivo, se prevé la creación de una plataforma donde se pueda informar de manera pública los avances que se han tenido al respecto, comentó en entrevista con EL UNIVERSAL , la titular de Fundar, Haydée Pérez Garrido.