La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, nuevo ordenamiento que introduce el principio de la reparación del daño, como pueden ser los casos de contaminación de aguas, el desecho clandestino de residuos peligrosos o la construcción ilegal de proyectos sobre manglares.

Aprobada la ley y reformas a un paquete de siete leyes y al Código Penal Federal, la nueva norma impacta con cambios a siete leyes: General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; General de Vida Silvestre; General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos; General de Desarrollo Forestal Sustentable; de Aguas Nacionales; de Navegación y Comercio Marítimos, y General de Bienes Nacionales. Incluye cambios al Código Pernal Federal.

El pleno dio 421 votos a favor, ninguno en contra o en abstención, y abrió una ronda de propuestas de cambios en detalles de la legislación.

El dictamen de la nueva Ley Federal de Responsabilidad Ambiental propone regular daños ocasionados al ambiente, para respetar la garantía de que la población disfrute de bienestar, por lo que se considera de utilidad pública la reparación del daño ocasionado y la compensación ambiental.

La ley establece que el procedimiento de responsabilidad ambiental es de orden público e interés social.

Con esta ley serán reclamados daños ocasionados por empresas y personas; establece mecanismos en que se privilegia la reparación del daño a la sanción económica.

El proyecto original de Arturo Escobar y Vega (PVEM), que lo presentó hace dos legislaturas cuando era senador, recibió comentarios aprobatorios de las bancadas que en un siguiente paso dieron su voto a favor de manera unánime.

Los problemas ambientales que dejan daños podrán ser atacados con esta ley, como son la contaminación de cuerpos de agua, suelo, subsuelo y acuíferos; descargas ilícitas de aguas residuales, desecho clandestino de residuos peligrosos.

Otros problemas que deben ser sancionados con la reparación del daño pueden ser el encallamiento de embarcaciones en bancos de coral en áreas naturales protegidas, así como la construcción ilegal de proyectos sobre manglares, en zonas que ocasionen deforestación y el cambio de uso de suelo de bosques y selvas.