El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, con el aval de la Secretaría de Gobernación, suscribió con dirigentes de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), la Comisión para la Paz y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Guerrero (CPDPIG), que coincidieron en reactivarla en unidad para que no sea un “elefante blanco” y no persiga “maquillar las cosas y si sea un nuevo amanecer de oportunidades de justicia, de inclusión y participación de los pueblos indígenas y afromexicanos”.

El acto de firma de la CPDPIG se realizó en Casa Guerrero, donde el gobernante guerrerense deseó que sea un instrumento que permita que las cosas cambien para los pueblos amuzgos, mixtecos, nahuas, tlapanecos y afromexicanos de esta entidad, que no solo sirva para detectar conductas antisociales, que mucho dañan a la población, “sino para avanzar en la justicia social que tanto se ha regateado a los pueblos indígenas de Guerrero”, dijo.

Ante alcaldes de los municipios de la Costa Chica, diputados locales y federales, y el enviado de Gobernación, Jaime Martínez Veloz, dijo que la CPDPIG, contará con el apoyo de los tres niveles de gobierno, porque en la misma estarán representados alcaldes y un representante del gobierno federal, “para trabajar juntos en restaurar la paz pública y la tranquilidad pública, en hacer historia juntos para generar nuevas oportunidades de las que nadie quede marginado del desarrollo y alcance su derecho a vivir en paz, con respeto y dignidad”.

Y aseguró que como uno más de los guerrerenses, “yo no veo a mis paisanos, hombres y mujeres, que pretendan romper la ley, sino el deseo de trabajar junto con el gobierno para restaurar la paz pública, que por mi parte no habrá de permanecer indiferente ante los reclamos de seguridad pública, porque mi gobierno no estará nunca de acuerdo con la violencia irracional, provenga de donde provenga”.

Por su parte, los dirigentes de la UOPEG y de la CRAC, coincidieron en señalar que su movimiento de autodefensa no es contra el gobierno, sino que es una respuesta ante la incapacidad de los cuerpos policiacos para combatir a la llamada delincuencia organizada, por la falta de procuración de justicia por parte de los tres niveles de gobierno.

En entrevista con Bruno Plácido Valerio, dirigente de la UPOEG, de entrada sostuvo que con la firma de la CPDPIG, no significa que ya se erradicó la delincuencia, “apenas es una etapa de reorganización para seguir combatiéndola, porque no es como una gripa, por eso no podemos garantizar que ya se van a levantar los retenes”.

Agregó que este martes en Ayutla, se realizará la primera reunión de trabajo en la que “vamos a discutir cómo es que los pueblos indígenas queremos que funcione la CPDPIG, porque se tiene que trabajar en la creación de todo un sistema de seguridad, para lo que ya se pidió a las familias que se reúnan a discutir cómo es que vamos a disminuir el delito, con menos muertes de gente, porque se pretende su disminución acelerada y ganar la batalla con menos muertos”.

Dio a conocer que el tema de la entrega de los 54 detenidos se está discutiendo al interior de la Asamblea Popular y de los pueblos indígenas, que el martes, en esa primera reunión de trabajo que dijo iniciará a las 12:00 horas en Ayutla, se dará a conocer si “se entregan o no a las autoridades o se mantiene la posición de sancionarlos de acuerdo a nuestros usos y costumbres”.

Respecto a lo ocurrido el domingo en el puesto de revisión ubicado en Las Mesas, del municipio de San Marcos, donde dos turistas del Distrito Federal, fueron heridos de bala, luego que no se pararon para ser revisados, indicó que “ya estamos tomando precauciones para que esto no vuelva a ocurrir, pero también le pedimos a la ciudadanía que nos visita que comprendan en la situación que estamos y permitan ser revisados, pues solo se les pide que se identifiquen”.

En torno a la recomendación de la CNDH, enviada al gobierno de Guerrero, para que otorgue medidas cautelares a las 54 personas detenidas dijo que también le piden a ese organismo, “que no solo pida medidas cautelares para esos delincuentes, también se las estamos pidiendo para las familias que son víctimas de todo tipo de delincuencia”.

Agregó que la CNDH tiene que cambiar su actitud ante una nueva situación que se está dando en los municipios de la Costa Chica, Montaña de Tlapa, y en otras municipalidades, y debe priorizar su política en procurar “también las medidas cautelares para todos aquellos que hemos sido atropellados en nuestra seguridad, en nuestras vidas y patrimonio por parte de la delincuencia organizada”.

Mientras la Procuraduría de Justicia de Guerrero (PJG), dio a conocer la integración de la averiguación previa ALLE/SC/02/0041/2013, por el delito de daños y lesiones en contra de la policía comunitaria y contra quien resulte responsable de haber causado heridas de bala a los turistas del Distrito Federal, en el retén ciudadano de Las Mesas, en el municipio de San Marcos.

Por otro lado, en esta capital, fueron presentados los tres antorchistas que fueron liberados en Ocotepec, por parte de la Policía Comunitaria, luego de mantenerlos privados de su libertad desde hacía 24 días y mantenerlos realizando trabajo comunitario para su reeducación.

Los antorchistas, que responden a los nombres de Maximino Rodríguez y sus hijos Luis y Jaime Rodríguez García, fueron presentados en el plantón que desde el 14 de enero mantenía Antorcha Campesina frente al palacio de gobierno.

jlr