El Congreso estatal aprobó por unanimidad la Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas así como para la Protección y Asistencia a Víctimas.

Entre las principales acciones de esta ley de nueva creación en el estado, está la adecuación de la pena carcelaria con la normatividad federal e inspeccionar comercios vulnerables al delito.

Asimismo, se plantea la creación de una Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradicación de la Trata, misma que será permanente, dependerá del Ejecutivo e involucrará a 13 dependencias y Secretarías estatales, pero tendrá a la Comisión de Derechos Humanos únicamente como "invitada".

La iniciativa enviada por el gobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas incluye 54 artículos concentrados en ocho capítulos que van desde la definición general hasta las acciones de prevención, sanción, reparación de daño a víctimas y participación social en el combate a estos ilícitos.

En el primer capítulo, la ley engloba aspectos generales como la obligatoriedad de los gobiernos estatal y municipales de "dar publicidad" a esta ley, así como generar programas preventivos para erradicar la trata.

Dentro de la iniciativa, en el marco preventivo, se faculta a las autoridades municipales y estatales para ejecutar inspecciones regulares en comercios donde se pueda generar este delito tales como agencias de modelaje, salas de masajes, bares, hoteles, cines, baños públicos así como cibercafés.

Se creará un programa estatal de prevención que incluirá un diagnóstico de la problemática y la implementación de jornadas especializadas de información.

El capítulo referente a la atención de víctimas incluye protección, atención médica, psicológica, jurídica e, incluso, psiquiátrica durante el tiempo que amerite el caso, además de tratamientos terapéuticos y alojamiento en centros especializados.

Se establece además que los servidores públicos que trabajen en el rescate y procesos judiciales relacionados con trata, deberán proteger la identidad de las víctimas.

Para la reparación del daño a víctimas se creará un Fondo, administrado por la Procuraduría General de Justicia del estado, que incluirá las aportaciones federales, estatales y municipales, así como el dinero de posibles decomisos de inmuebles donde se practique la trata.

También los ayuntamientos están obligados a compartir información con la federación para prevenir y sancionar la trata.

La Ley contra Trata de Puebla también faculta al Ministerio Público para seguir e investigar hasta por un mes a una persona sospechosa, solicitar información a compañías de telefonía así como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de facilitar las diligencias y descubrir a posibles tratantes.

En tribuna, el diputado priísta Gerardo Mejía consideró que se debe incluir dentro de esta ley la protección de datos personales de víctimas de trata, durante su proceso de rescate, asesoría y apoyo en centros especialización, aunque estos aspectos ya vienen previstos en el documento original enviado por el Ejecutivo.

Por su parte, el panista Juan Carlos Espina recordó que Puebla está dentro de los cinco corredores de tráfico de personas más importantes del país. Lamentó que después del tráfico de armas y droga, el tercer delito más rentable sea el de la privación y explotación de personas, en su mayoría menores de edad.

spb